El Gobierno de Donald Trump dio un paso atrás en su política de deportaciones masivas, al ordenar la suspensión de redadas migratorias en sectores que dependen fuertemente de mano de obra inmigrante: la agricultura, la hostelería y los restaurantes.
La instrucción fue transmitida el pasado jueves 12 de junio por Tatum King, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante un correo electrónico dirigido a los jefes regionales de esa agencia. La orden —revelada por The New York Times— detalla que se excluyen las investigaciones criminales por delitos como trata de personas o contrabando, pero prohíbe expresamente la detención de personas sin antecedentes penales en estos espacios de trabajo.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respaldó públicamente la medida que frena las redadas y señaló que se mantendrá el foco en “los peores delincuentes extranjeros ilegales”.
El viraje llega en un contexto de creciente rechazo público. Durante más de una semana, activistas y trabajadores se movilizaron en ciudades como Los Ángeles para denunciar el impacto de las redadas, especialmente en zonas agrícolas donde la mayoría del personal es inmigrante.
El propio Trump reconoció, en un mensaje en redes sociales, que su estrategia migratoria estaba afectando a “trabajadores muy buenos y con mucha antigüedad” y que estos puestos son “casi imposibles de reemplazar”.
El freno también responde a presiones internas del Partido Republicano. Líderes de estados rurales habían advertido al presidente sobre el daño económico que provocan estas operaciones en sectores estratégicos. Además, funcionarios del ICE revelaron que la agencia está siendo presionada para realizar un mínimo de 3000 detenciones diarias, lo que disparó el ritmo de arrestos a más de 2000 por día en semanas recientes.
Aunque la suspensión se limita a tres industrias específicas, no descarta nuevas redadas en otros ámbitos laborales. Una reciente operación en una fábrica textil en Los Ángeles —no incluida en la moratoria— provocó protestas y subrayó la incertidumbre que persiste sobre el alcance real de esta nueva política.