Donald Trump no da tregua a los migrantes y ahora apunta directamente contra los solicitantes de asilo en Estados Unidos: personas que, hasta ahora, conservaban una especie de escudo frente a las políticas de expulsión de su administración. El magnate considera una normativa que impediría a la mayoría de ellos acceder a permisos de trabajo, una medida que, de concretarse, desmantelaría una política vigente desde hace décadas, según revelaron a CBS News dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo condición de anonimato.
En otras palabras, millones de migrantes serán obligados a sobrevivir sin empleo legal mientras se resuelven sus casos. El plan —impulsado desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)— busca imponer una pausa indefinida a la entrega de autorizaciones laborales para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes.
La propuesta añadiría una nueva capa al endurecimiento sistemático de la política migratoria impulsada por Trump, al atacar directamente el colapsado sistema de asilo, señalado por sus asesores como un “imán” para migrantes que, aseguran, sólo buscan trabajar en el país.
Pero defensores de derechos migratorios advierten que esta medida forzará a miles de personas a emplearse ilegalmente en la economía informal, dificultando aún más su supervivencia y la de sus familias. “Los solicitantes de asilo están cumpliendo roles críticos en muchos sectores: son médicos, personal de limpieza, trabajadores esenciales. Esta propuesta perjudica a nuestras comunidades y empleadores”, denunció Conchita Cruz, codirectora del Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP).
Desde los años noventa, las leyes estadounidenses permiten que un solicitante de asilo pueda optar a un permiso laboral 150 días después de presentar su caso, y recibirlo tras otros 30 días. Pero la normativa en estudio por el equipo de Trump retrasaría ese plazo a un año completo, y sólo si USCIS logra procesar las solicitudes en un promedio de 180 días, algo inviable con el actual atasco: más del 77% de los casos están pendientes por más de seis meses y casi el 40% sigue sin resolución después de dos años.
Más de 3.5 millones de solicitudes de asilo
Se estima que actualmente hay más de 3.5 millones de solicitudes de asilo en trámite: 1.5 millones en manos de USCIS y más de 2 millones en los tribunales migratorios del Departamento de Justicia.
El DHS no ha confirmado oficialmente la propuesta. En una escueta declaración enviada a CBS News, la agencia se limitó a decir que “no comenta sobre procesos deliberativos”, aunque acusó a la administración Biden de haber “desmantelado la integridad del sistema de asilo” y aseguró estar considerando “todas las opciones para proteger la seguridad nacional”.
La posible suspensión de permisos aplicaría tanto a quienes presentan solicitudes ante USCIS como a los migrantes que enfrentan procesos de deportación. La maniobra recuerda a una regla emitida en 2020 durante el primer mandato de Trump, que también pretendía alargar el tiempo de espera para obtener una autorización laboral y endurecer los requisitos.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha reactivado una estrategia de asfixia contra el sistema de asilo. Apenas tomó posesión, ordenó a los agentes fronterizos deportar sumariamente a la mayoría de migrantes, amparándose en una supuesta “invasión” al país. La medida ya enfrenta desafíos legales por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, que la acusan de violar la legislación estadounidense.