Durante los últimos años he observado cómo las administraciones públicas de nuestra región y también fuera de ella han adoptado casi como un credo la idea de que toda decisión debe basarse en evidencia. A primera vista, la consigna parece impecable: ¿quién podría oponerse a que las políticas se fundamenten en datos y no en intuiciones improvisadas? Sin embargo, bajo esa promesa tecnocrática se oculta un riesgo silencioso: la tentación de reducir la complejidad de la vida social a un conjunto de indicadores que, por sofisticados que sean, jamás logran abrazar la textura completa del mundo real. Y lo más preocupante es que esta obsesión por la evidencia ha empezado a modelar la institucionalidad desde adentro, debilitando su vínculo con las personas a quienes debe servir. Lo que comienza como una apuesta por la eficiencia termina convertido en una barrera invisible que distancia a las instituciones de la vida cotidiana.

En la administración pública contemporánea pareciera que solo existe aquello que puede medirse. Lo que puede contarse se vuelve gobernable; lo que no, se desvanece. Pero la vida social está hecha de experiencias, afectos, miedos, memorias, intuiciones y formas de conocimiento transmitidas a lo largo de generaciones. Cuando las instituciones privilegian una versión estrecha de evidencia científica, terminan gobernando un país que solo existe dentro de sus hojas de cálculo, no en la complejidad concreta y emocional de la gente. En teoría, la evidencia busca mejorar las políticas; en la práctica, muchas veces se transforma en un filtro que decide qué voces cuentan y cuáles quedan fuera, relegando casi siempre los saberes cotidianos y la experiencia directa de las comunidades.

Paradójicamente, incluso quienes cuestionan esta tendencia suelen hacerlo desde el mismo terreno tecnocrático: comparan modelos, discuten metodologías, señalan sesgos. Es un debate necesario, pero insuficiente. Aunque critican la simplificación excesiva de la realidad o la arrogancia de los modelos predictivos, permanecen atrapados en la lógica que pretenden desafiar: discuten la calidad de la evidencia, sin plantear la necesidad de reconocer otras formas de saber. Así, se critica el método, pero no el silencio que produce; se cuestiona la forma, pero no la exclusión epistemológica que deja fuera conocimientos indispensables. Ese silencio termina marginando precisamente a quienes sostienen el funcionamiento real de nuestras sociedades: mujeres que cuidan, comunidades que sobreviven a múltiples violencias, pueblos cuya relación con el territorio tiene una profundidad que ninguna matriz puede capturar. Sus conocimientos no caben en una celda de Excel, pero sin ellos, la política se queda sin brújula.

El resultado es una institucionalidad más preocupada por cumplir con organismos internacionales que por responder a la ciudadanía. Una institucionalidad que teme más una mala evaluación técnica que el descontento legítimo de una comunidad. Con el tiempo, esa distancia se convierte en un abismo que erosiona la confianza pública. Cuando la evidencia se vuelve dogma, las instituciones dejan de escuchar, las políticas dejan de adaptarse y las personas dejan de confiar. La tecnocracia promete precisión, pero acaba produciendo una forma sutil de ceguera: una institucionalidad incapaz de sentir la realidad tal como se vive en los territorios, en los cuerpos, en las emociones de quienes experimentan el impacto de las decisiones públicas.

Es importante insistir en que el problema no es la evidencia en sí. No estoy en contra del enfoque basado en evidencia; sería absurdo pretender gobernar sin datos confiables. El problema aparece cuando se asume que solo la evidencia científica constituye conocimiento válido. La administración pública necesita datos, pero también necesita historias, intuiciones, presencias, silencios y memorias colectivas. La experiencia también es evidencia; el dolor es evidencia; la memoria comunitaria es evidencia. Cuando la institucionalidad desprecia estos saberes, no solo pierde información valiosa, sino que también pierde legitimidad, y sin legitimidad ninguna política puede sostenerse.

El desafío no es abandonar la ciencia ni romantizar el conocimiento popular, sino reconocer que la realidad es demasiado compleja para ser gobernada únicamente con modelos. Las políticas más sólidas surgen cuando la evidencia dialoga con la experiencia, cuando los datos se encuentran con la comunidad, cuando la tecnocracia se abre a otros lenguajes. Lo que necesitamos es un marco más amplio, un enfoque que permita que múltiples formas de saber convivan y se potencien. A ese horizonte lo llamo Decisiones basadas en evidencia ampliada, un enfoque que reconoce que los datos son fundamentales, pero insuficientes; que entiende que las políticas se vuelven sensibles y eficaces cuando incorporan la experiencia vivida; que no elimina la evidencia, sino que la libera de su propio dogma ampliando la conversación hacia todos los saberes que sostienen la realidad.

La administración pública debe recuperar la capacidad de escuchar, de dudar y de sentir. Gobernar no es solo calcular: es comprender. Y para comprender, necesitamos dejar entrar otras formas de conocimiento, no para sustituir a la evidencia, sino para completarla. Solo así podremos construir instituciones verdaderamente cercanas a las personas, capaces de responder a la complejidad del mundo que dicen gobernar.