La segunda semana de agosto de 2026, la fiscalía salvadoreña llevó a un tribunal una acusación delirante contra varias personas, casi todos adultos mayores, a los que ha tenido presos sin juicio durante 26 meses y a quienes acusa de planificar atentados dinamiteros para sabotear la juramentación de Bukele el 1 de junio de 2024, fecha en que el presidente salvadoreño tomó posesión por segunda vez tras reelegirse a pesar de que la constitución de su país lo prohíbe. Este es el relato del caso inventado contra los adultos mayores, varios de ellos veteranos de la guerra civil salvadoreña de los 80.

Toda la investigación empezó a las 2:30 p.m. del 30 de mayo de 2024 con el acta elaborada por dos policías, los investigadores Edgar Elenilson Maldonado Cruz y José Napoleón Anaya Ávalos de la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) de la policía salvadoreña, quienes consignaron, a esa hora, dos docenas de líneas en las que cabe todo el caso que terminaron de armar menos de seis horas después.

La historia incluye a un jefe pandillero de la MS13 que, según documentación judicial en Estados Unidos, es parte del liderazgo que pactó gobernabilidad con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a 14 personas, casi todos adultos mayores y veteranos de guerra, un bar de narcos en algún lugar de México y un billar en la periferia norte de San Salvador. Quienes cuentan la historia son personas no identificadas cuyos testimonios la fiscalía, controlada por Bukele, ha ofrecido como únicas pruebas en un caso abierto por posibles acciones terroristas planificadas para el 1 de junio de 2024, el día en que el presidente asumió su segundo mandato, que está prohibido por la Constitución salvadoreña.

Durante las horas que duró la investigación de los supuestos atentados, un puñado de policías de la DECO pusieron por escrito en cuatro actas conocidas como “pesquisas de información” lo dicho por testigos a los que solo nombran como “fuente humana” o “persona del sexo hombre mayor de edad”. Basados en esas actas, el mismo día que las escribieron, los policías, bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, iniciaron operativos para capturar a las 14 personas nombradas.

En la primera acta, de las 2:30 p.m., Los policías dijeron que una “fuente humana”, a la que nunca identifican y de cuyo testimonio formal no dejan constancia en la acusación final, contó que había escuchado en un bar en México a unos pandilleros de la MS13 y varias personas con acento salvadoreño y sin “lenguaje pandillero…” hablar de un “atentado dinamitero para que el día del presidente”. Solo eso: así está escrito en la acusación referencia 32-UEPD-2024 presentada por el fiscal Josué Omar Aguilar Molina, el agente designado por el fiscal general Rodolfo Delgado para este caso, al juez 3 del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador el 30 de julio de 2026.

La “fuente humana” no identificada, según se desprende de lo escrito por los investigadores, entiende que pandilleros y civiles se referían a la toma de posesión de Bukele el 1 de junio de 2024. Los agentes Maldonado y Anaya escriben que quienes estaban en la reunión tenían listos artefactos explosivos que habían sido preparados por miembros del partido FMLN y que “utilizarían a miembros de ese partido que estaban cerca del mandatario salvadoreño”.

Ese es todo el relato. No hay fechas ni ubicación del bar, establecimiento, pueblo o ciudad en México en la que esta conversación se supone ocurrió. Nada.

Tampoco queda claro, por la forma en que los fiscales han redactado la acusación, quién dice qué: si los investigadores dicen que quienes estaban en la supuesta reunión tenían explosivos o si lo dice la “fuente humana”; tampoco aclaran quién, se supone, utilizaría a los supuestos miembros del FMLN cercanos a Bukele ni para qué los utilizarían.

Sobre la “fuente humana” los agentes dicen esto: “que por su actividad económica desde hace unos meses ha viajado a los estados de Jalisco, Sinaloa y Juárez en México -Juárez no es un estado, es un lugar fronterizo con Estados Unidos que se llama Ciudad Juárez y está en el estado de Chihuahua-, observando en dichos estados que han estado llegando muchos miembros de pandillas con armas de grueso calibre, los cuales han estado trabajando para los carteles Sinaloa y Juárez Nueva Generación -no existe ni en México ni en otra parte del mundo una organización nombrada Juárez Nueva Generación, sí existe el cartel Jalisco Nueva Generación.”

Resumiendo: A las 2:30 p.m. del 30 de mayo, los agentes Maldonado y Anaya dejan por escrito un supuesto testimonio en un relato sin demasiado sentido del que se desprende que alguien escucha a un grupo hablar, en un bar mexicano, de un supuesto atentado en El Salvador. No hay, en este relato, mención a nombres propios ni otra pista. Pero si hay dos alias de pandilleros que estaban ahí a los que en el relato se nombra como “Donki de Stoner” y “Greñas de Stoner”. No son alias menores, al menos uno de ellos no lo es. Volvemos a ellos luego.

De un bar en México a un billar en Aguilares

A las tres de la tarde del 30 de mayo, media hora después de firmar su historia sobre México, los pandilleros, los narcos y los atentados, los agentes Maldonado y Anaya escriben una segunda acta con una nueva historia. Aquí, los policías vuelven a citar un testigo anónimo, uno diferente, quien se supone escuchó en un establecimiento solo nombrado El Billar, ubicado en el parque municipal de Guazapa, al norte de San Salvador, a veteranos de la guerra civil salvadoreña que planificaban atentados terroristas para el 1 de junio de 2024, el día de la segunda toma de posesión de Bukele. En esta nueva acta, los investigadores Maldonado y Ayala añaden que el objetivo de esos actos es “atentar contra la vida de personas y (causar) daños a la propiedad pública y privada”.

El testigo anónimo, según los policías, identifica a 10 personas, de quienes da nombres, apellidos, números telefónicos, afiliaciones políticas y a organizaciones civiles, los que se supone participarían en los atentados.

No hay, en este segundo relato, ninguna relación con el primero, aquel en que el otro testigo anónimo hablaba de una reunión en un bar en algún lugar de México en el que hombres sin nombre platicaban con dos pandilleros sobre supuestos atentados en El Salvador.

Luego, en una tercera acta policial, el agente Maldonado y el investigador Isaías Beltrán Nájera, también de la DECO, citan a un testigo -no está claro si es el mismo nombrado en la segunda acta- que habla sobre una reunión -tampoco se aclara si es la misma ya citada. Esta acta es de las 5:00 p.m. Finalmente, a las 8:00 p.m. del 30 de mayo, citando a un testigo no identificado -tampoco explican si es uno de los ya mencionados en los escritos anteriores-, producen otro documento en el que se menciona a cinco veteranos de guerra como participantes en la organización de los supuestos atentados.

Eso es lo que ha mostrado la fiscalía al tribunal, cinco actas elaboradas durante la tarde de un día en la que cuatro policías hablan de cosas que les han dicho testigos a los que no nombran y los que hablan sobre hechos inconexos. Todas esas actas tienen coincidencias, una de ellas es que en ninguna queda claro si lo que ahí esta escrito lo dicen los supuestos testigos o los agentes que las escriben. Cuando estas actas policiales asignan culpas no probadas y dicen que los veteranos nombrados han planificado “atentados” para “sembrar terror” no se sabe si ese viene de la boca de los supuestos testigos o de los lapiceros de los agentes de la DECO.

Las detenciones de las personas nombradas por los supuestos testigos iniciaron incluso antes de que los policías terminaran de redactar sus actas. Según la acusación de la fiscalía, uno de los nombrados fue detenido a las 5:50 p.m., podo más de dos horas antes de que los agentes de la DECO terminarán los escritos en los que está basado todo este caso. Sobre las otras detenciones la acusación solo deja constancia de horas, no de fechas exactas.

Y, de nuevo, en las actas sobre esas capturas las acusaciones se atribuyen de forma indistinta a supuestos testigos no nombrados y, en otras partes del texto, se leen como si fuesen dichas por los policías. En una de las órdenes de detención dice así: “(los sospechosos) pretenden sembrar terror y dar a conocer la fuerza nacional de la oposición salvadoreña que no está de acuerdo con la reelección del presidente y aprovechar los periodistas que vendrán de todas las partes del mundo y empañar la imagen del presidente y el plan de seguridad y combate frontal contra las Maras o Pandillas”. ¿Un testigo dijo eso? ¿O los policías? No está claro.

Las cuatro actas de investigación elaboradas el 30 de mayo de 2024 entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. y los informes sobre las capturas de 11 imputados presentes (de 14, tres de ellos ausentes) forman todo el paquete de pruebas que la fiscalía presenta en este caso. Eso y supuestos explosivos decomisados a algunos de ellos, los cuales ya no existen porque fueron destruidos. Durante el año y dos meses que ha durado la instrucción, la fiscalía de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el presidente Nayib Bukele y sus diputados, no ha añadido prueba nueva.

Actor invitado: el “Greñas de Stoner”

Se llama César López Larios y su alias es ese, “Greñas de Stoners”. A él los supuestos testigos del caso contra los veteranos y los policías que escribieron las actas de investigación lo hicieron protagonista en hojas de papel. De acuerdo con el testimonio de alguien a quien los agentes de la DECO solo identifican como “fuente humana”, “Greñas” estaba en una reunión en un bar de narcos en las que se hablaba de atentados terroristas en San Salvador. Los policías, y se entiende que el testigo, dejan entrever que se trata de los mismos atentados por los que luego capturaron a los veteranos aunque no hay nada en los testimonios que relacione al Greñas y al bar mexicano con los detenidos.

Como sea, Greñas está ahí, en la investigación policial en la que se basa todo el caso contra los veteranos. Se le menciona una vez como alguien que, se supone, participó de la planificación de esos supuestos atentados o al menos escuchó algo al respecto.

Donde Greñas no está es en la lista de testigos presentada por la fiscalía de Bukele. Ni él ni ninguna de las “fuentes humanas” en las que se basa el caso. Eso aunque a Greñas la fiscalía y Bukele lo tienen a la mano desde marzo de 2025, cuando Estados Unidos lo devolvió a El Salvador en virtud de un pacto político que permitió al gobierno de Donald Trump en Washington utilizar el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) como destino de 252 venezolanos a los que el gobierno estadounidense deportó y etiquetó como miembros de la pandilla Tren de Aragua. En uno de los aviones que llevaron a los sudamericanos también viajó el pandillero salvadoreño.

A Greñas lo detuvieron agentes federales estadounidenses en Houston en junio de 2024, luego de que sus pares mexicanos lo arrestaron en el sureño estado de Chiapas. El líder pandillero salvadoreño había sido condenado a 163 años de cárcel en El Salvador en 2019, pero fue liberado en 2020, ya cuando Nayib Bukele era presidente. López Larios huyó a México y, tras ser capturado y enviado a Estados Unidos, su nombre engrosó la lista de varios líderes de la MS13 procesados por terrorismo y otros crímenes que estaban entonces a la disposición de cortes neoyorquinas.

En el marco de esos procesos judiciales, las cortes estadounidenses han conocido prueba de que López Larios y los otros jefes pandilleros negociaron con el gobierno de Bukele beneficios carcelarios y penales a cambio de dinero, votos y gobernabilidad. Con esas y otras pruebas, la fiscalía salvadoreña -antes de ser controlada por Bukele- y su par estadounidense investigaron al presidente salvadoreño y a varios de sus colaboradores e incluso, según una nota de la agencia Reuters, tenían listas dos acusaciones formales contra Osiris Luna Meza, director de cárceles, y contra Carlos Marroquín, secretario presidencial, las cuales nunca llegaron a los tribunales por decisiones políticas de la administración de Joe Biden.

A pesar de varias peticiones de extradición infructuosas, alguna bloqueada por el fiscal general que impuso Bukele en 2021, y la fuga de un jefe pandillero facilitada por Marroquín, quien sacó de la cárcel a Élmer Canales Rivera, alias “Crook” y lo llevó hasta Guatemala, la fiscalía estadounidense presentó dos casos robustos por terrorismo contra la jefatura de la MS13, uno en 2020 y otro en 2022. En esos juicios hay documentos y testimonios que comprometen a Bukele y a su gobierno con el pacto.

En febrero de 2025, cuando ya Donald Trump había asumido como presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio visitó a Bukele para afianzar una alianza política que incluyó, entre otras cosas, el uso del CECOT para recibir a migrantes expulsados por Washington y la devolución a El Salvador de líderes pandilleros como Crook y Greñas. El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) intentó desestimar los casos judiciales de varios pandilleros, pero solo logró hacerlo con el de Greñas, lo cual permitió su regreso a El Salvador en uno de los aviones que llevaron a los venezolanos al CECOT.

Aunque los fiscales estadounidenses intentaron desechar otras acusaciones en Nueva York, una jueza les pidió explicaciones sobre esa intención y, con ello, detuvo las devoluciones de otros pandilleros, cuyos procesos siguen abiertos y con audiencias de presentación de pruebas programadas en algunos casos para octubre próximo.

Al final, Greñas sí regreso a El Salvador y está a las órdenes de la dirección carcelaria al mando de Osiris Luna Meza, uno de los funcionarios implicados por el FBI estadounidense en el pacto de Bukele con las pandillas.

El 30 de julio pasado, 26 meses después de meter presos a los veteranos de guerra a los que acusa de planificar atentados dinamiteros y 16 meses después del regreso de Greñas a una cárcel salvadoreña, la fiscalía controlada por Bukele presentó un dictamen de acusación en el que propone que el líder pandillero fue uno de los que supo sobre la planificación de esos atentados o, incluso, pudo haber participado en ellos. Pero, de nuevo, la mención del líder pandillero es solo eso, una mención en una acusación en la que no hay más pruebas que lo dicho por los policías captores y otros agentes del Estado. Es una forma de acusar que se ha convertido en marca de fábrica durante el gobierno de Bukele: capturas, prisión provisional indefinida, juicios en secreto y acusaciones basadas en testigos anónimos que cuentan historias como la de los adultos mayores que, se supone, hablaron con un jefe pandillero fugado de atentados dinamiteros de cuya planificación no hay prueba alguna.