Las instituciones multilaterales rara vez producen resultados inmediatos. Su eficacia se mide en algo menos visible: la capacidad de convertir principios compartidos en voluntad política y, eventualmente, en acción concreta de los Estados. Por eso, tras años de frustración con la respuesta internacional ante Nicaragua, vale reconocer cuando se abre una oportunidad que merece ser aprovechada.

Esta semana, en Washington, una delegación plural de la oposición democrática y la sociedad civil nicaragüense sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y su equipo. El resultado más significativo fue el establecimiento de un canal permanente de comunicación y seguimiento sobre Nicaragua.

No es la solución a nuestra crisis. Pero tampoco es un gesto menor: es el fruto de un esfuerzo sostenido y coordinado entre distintas expresiones democráticas que, incluso desde sus diferencias, han comprendido la importancia de mantener a Nicaragua en la agenda hemisférica.

Lo escuchado en esa reunión cobró mayor peso horas después, cuando Ramdin hizo pública, en The Washington Post, esencialmente la misma posición: la destrucción del derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes no puede tratarse como un asunto meramente interno; la salida formal de Nicaragua de la OEA no borra los derechos de sus ciudadanos dentro del sistema interamericano; y una represión que cruza fronteras adquiere, necesariamente, dimensión hemisférica.

Ese es un cambio de enfoque relevante. Nicaragua debe abordarse desde tres dimensiones simultáneas: derechos humanos, transición democrática y seguridad hemisférica. Incorporar esta última no significa promover el intervencionismo, sino reconocer que la persecución transnacional, los desplazamientos forzados, la destrucción del Estado de derecho y la consolidación de una autocracia cerrada tienen consecuencias que trascienden las fronteras nicaragüenses.

Dentro de esa conversación, un punto adquirió particular relevancia: el planteamiento explícito de que el propio régimen —no solo la crisis humanitaria que provoca— constituye un problema de seguridad hemisférica. No es un matiz menor. Mientras Nicaragua se enmarque únicamente como una tragedia de derechos humanos, la respuesta internacional seguirá siendo moralmente correcta pero políticamente insuficiente. Calificar al régimen como una amenaza a la seguridad regional —por su papel en rutas migratorias irregulares, sus alianzas extra-continentales y el uso del aparato estatal para proyectar represión más allá de sus fronteras— habilita instrumentos de política exterior mucho más contundentes que la condena diplomática.

Ahora corresponde transformar esa comprensión en una agenda concreta.

Un primer paso es fortalecer el Grupo de Amigos de Nicaragua —hoy voluntario— dotándolo de un mandato claro, mecanismos de trabajo y recursos asignados por la OEA. A la par, debemos seguir impulsando una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que eleve la discusión al nivel político correspondiente y obligue a los Estados a definir qué responsabilidades están dispuestos a asumir.

Porque los verdaderos dientes de la OEA están, en última instancia, en sus Estados miembros. La Secretaría General puede liderar, convocar y persuadir; pero son los gobiernos quienes disponen de los instrumentos políticos y diplomáticos decisivos. Por eso el cabildeo bilateral, país por país, es tan importante como la acción colectiva: cada Estado miembro conserva un amplio margen para adoptar medidas unilaterales —desde restricciones migratorias selectivas hasta sanciones dirigidas o declaraciones de no reconocimiento— que no dependen de un consenso hemisférico difícil de construir. Estados Unidos seguirá siendo un interlocutor indispensable, y debemos trabajar de cerca con Washington y con los países que han defendido consistentemente los derechos de los nicaragüenses. Pero sería un error limitar nuestra diplomacia a quienes ya están convencidos.

Necesitamos hablar también —quizá con mayor intensidad— con los gobiernos que mantienen reservas o interpretaciones distintas. Las mayorías diplomáticas no se presuponen: se construyen. Eso exige escuchar, persuadir y encontrar puntos de convergencia, en particular con países latinoamericanos y caribeños cuyo respaldo resulta indispensable para cualquier respuesta hemisférica efectiva. En esa tarea, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) debe ocupar un lugar central: es el marco natural para articular una posición regional coherente entre los vecinos de Nicaragua, con quienes comparte fronteras, rutas migratorias y desafíos de seguridad comunes.

Hay, además, una tarea institucional pendiente. Durante la reunión surgió la conveniencia de retomar el trabajo iniciado bajo Luis Almagro con la Comisión de Venecia sobre los límites a la reelección presidencial. Su conclusión mantiene plena vigencia: la reelección indefinida no es un derecho humano, y los límites de mandato son salvaguardas legítimas frente a la perpetuación en el poder.

A ese principio hay que sumar otro, igual de elemental: el poder democrático no se hereda. La legitimidad no puede transmitirse por parentesco, matrimonio o designación familiar. Ante cualquier intento de sucesión dinástica en Nicaragua, el sistema interamericano debe pronunciarse sin ambigüedades: la autoridad democrática solo puede emanar de la voluntad libremente expresada de los ciudadanos.

En ese mismo encuentro insistimos en un punto que consideramos central: la oposición democrática nicaragüense no llega a estos espacios únicamente a denunciar. Contamos con un plan de transición articulado —con etapas, prioridades institucionales y mecanismos concretos para la reconstrucción del Estado de derecho— que ofrece a la comunidad internacional algo más que una demanda de cambio: una hoja de ruta hacia la reconstrucción democrática.

Finalmente, el diálogo con la OEA debe ser amplio. La sociedad civil es indispensable, pero también lo son los partidos políticos democráticos, llamados a representar, construir alternativas, competir electoralmente y convertir una eventual apertura en instituciones duraderas.

He sido, durante años, un crítico respetuoso de la OEA. No porque la considere irrelevante, sino porque creo que su potencial ha sido subutilizado. Hoy existe una oportunidad para demostrar lo contrario.

La oposición democrática nicaragüense ha logrado abrir un espacio de interlocución. La Secretaría General ha expresado voluntad de pasar de las palabras a la acción. Ahora corresponde a todos —oposición, Secretaría General y, sobre todo, Estados miembros— convertir esa oportunidad en resultados concretos.

La diplomacia exige paciencia. Pero paciencia no debe confundirse con inmovilidad.