Bluefields, Nicaragua-. A mediados del mes de mayo, cuando el edificio hospitalario para personas con discapacidad conocido como “Chavelito” fue acondicionado para atender a pacientes sospechosos de COVID-19, a los pobladores de Bluefields no les quedó más duda de que la pandemia infectó el Caribe Sur de Nicaragua.
En Bluefields, ciudad capital del caribe sureño, los rumores sobre el avance de la epidemia estuvieron en boca de todos. Pero era una conversación a medias, a veces clandestina, porque el discurso del gobernante Frente Sandinista impuso una “normalidad” que minimizó el impacto del virus. Que no era necesario el uso de mascarilla ni la cuarentena, por ejemplo… pero los rumores de contagios en Bluefields se tornaron realidad con el desbordamiento del Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco.
El área de medicina interna del hospital se trasladó a la casa cural de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. La atiborrada Emergencia se convirtió en el “área de críticos” de la COVID-19, y la clínica médica provisional filial de Bluefields se trasladó al edificio “Chavelito”, llamado formalmente Centro de Atención Psicosocial (CAPS), donde los doctores atienden a los pacientes con síntomas intermedios del virus. No fue posible ocultar más la escalada del brote.
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Lo que vino luego fue una avalancha arrolladora que ha sepultado a, al menos, 69 ciudadanos con síntomas de Coronavirus, entre ellos personas conocidas en Bluefields, desde operadores políticos sandinistas hasta el periodista Sergio León, el director de Radio La Costeñisima quien denunció la negligencia oficial en el Caribe Sur.
Aunque el Observatorio Ciudadano de COVID-19 calcula 236 contagios en esta zona hasta agosto de 2020, la certeza de un subregistro tiene mucha fuerza, porque en las alejadas comunidades indígenas se habla de decenas contagios, que no son contabilizados por ningún registro, sea el oficial o uno independiente. A medida que pasan los días, y la guardia ante la epidemia baja en Nicaragua, en el Caribe Sur el paso de esa avalancha vírica es palpable en sus pobladores. Hay miedo, desconcierto, temor de más contagios, pero sobre todo dudas sobre la capacitación del personal médico en el Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco. Nadie quiere que lo intuben. Para los de Bluefields, es una muerte segura.
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Junio no se olvidará en Bluefields, dicen los pobladores. Fue el mes de los ataúdes. Un desfile de entre 7 y 8 féretros diarios que salía de las funerarias, pasaba por el hospital, y concluía en el cementerio.
Debora Gaitán fue una de las personas obligadas a comprar un ataúd para enterrar a su hija en tiempo récord, tal como establece el protocolo para el manejo de defunciones por COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa). Arlen, la hija de Debora, tenía 34 años y se contagió en un viaje que realizó a Santo Tomás, Chontales. Tres días después de que regresó a Bluefields, los síntomas de COVID-19 iniciaron. También los padecieron otros dos miembros de la familia.
“Arlen presentaba un cansancio. Ella me decía que se sentía muy cansadita. Yo le decía por teléfono anda al hospital, pero ella me decía no. Decidió quedarse en casa bebiendo té”, narra Debora. Cuando los síntomas de la mujer empeoraron, la trasladaron al edificio “Chavelito”. Los médicos no pudieron estabilizarla. Tuvieron que intubarla.
Debora cree que el fallecimiento de Arlen no solo estuvo relacionado a la COVID-19, sino a la falta de pericia médica. En el edificio “Chavelito” los doctores en su mayoría son estudiantes, doctores en su periodo de servicio social y médicos residentes. Los especialistas están reservados para la emergencia del hospital Ernesto Sequeira Blanco, donde se atienden a los pacientes más graves de COVID-19. Otra dificultad es que muchos de los médicos del sistema sanitario regional se han contagiado de Coronavirus, según fuentes hospitalarias.
“Arlen no responde. A Arlen le baja y sube el oxígeno. Eso era lo único que me decían los médicos, después solo pasaban chateando en sus celulares. Ella murió a las cinco de la mañana del 06 de junio”, dice la madre.
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Shandy Hulse Clair fue un eslabón de una cadena de contagio de COVID-19 que inició en Monkey Point, un pueblo costero ubicado al sur de Bluefields. La joven de 29 años fue el eslabón más débil porque el virus la venció mortalmente. A ella la contagiaron sus hermanos, dos jóvenes que trabajan como maestros en Monkey Point, y quienes llevaron el virus a la casa familiar en Bluefields.
Rupert Clair Duncan, abatido por la muerte de su sobrina Shandy, sostiene que el Coronavirus fue llevado a Monkey Point por funcionarios del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). veinte días antes del fallecimiento de Shandy (ocurrido el 6 de julio), los técnicos del MEFCCA realizaron una visita en Monkey Point. Se reunieron con comunitarios, pese a que el Gobierno Territorial Rama y Creole (GTRK) había decretado auto cuarentena a todas sus comunidades, incluida Monkey Point.
En la casa de Shandy se contagiaron casi todos de COVID-19, entre ellos cuatro menores de edad. La familia asegura que la hermana gemela de Shandy, llamada Shendy, fue quien le infectó. La joven asistió a su hermana en su lecho de enferma. Le sobaba el pecho para aliviar la respiración. Aunque Shandy usó guantes y mascarillas, el virus traspasó la protección y la atacó con mayor ferocidad que a su hermana.
En la casa de los Hulse Clair hay enojo. Todo pudo haberse evitado si el colegio donde laboran los hermanos de Shandy hubiera suspendido las clases presenciales, suponen. Pero el colegio de Monkey Point cumplió las órdenes del Ministerio de Educación (Mined) de no suspender el ciclo lectivo alegando “normalidad”.
“El Ministerio de Salud en Bluefields no informó que había casos de niños infectados con COVID-19 en el colegio de Monkey Point. Esos niños fueron infectados por el virus que dejaron los técnicos del MEFCCA”, asegura Rupert Clair Duncan. “Muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases, pero lo que el Mined hizo fue obligar a los maestros a ir a buscar a los niños casa a casa para que regresaran a clases presenciales. Así fue que el virus vino a nuestra casa a través de los hermanos de Shandy”, agrega el tío de la víctima.
Los Hulse Clair son creoles, una etnia mayoritaria en Bluefields. No hablan español y la falta de información sobre la prevención ante la pandemia en su lengua está incidiendo en los niveles de contagio. Es una barrera lingüística que se suma a la escasa información proporcionada por el Minsa en las comunidades creoles. Muchos de los comunitarios recurren a la medicina natural para atenderse los síntomas de Coronavirus.
La desinformación también es igual en el colapsado hospital de Bluefields. Los familiares de los pacientes no tienen partes fehacientes de sus familiares contagiados, y lo que muchas veces reciben son “esperanzas falsas”, sostienen.
“A nosotros nos decían que Shandy había mejorado, pero dos horas después informaron que falleció. A quienes le ponen el tubo en el hospital de Bluefields, no sobreviven. Porque lo ponen médicos que no están realmente capacitados para este tipo de procedimiento. Pero jamás van admitir la culpa, porque este sistema de gobierno oculta todo. No quieren que se sepa nada”, critica Ruperth Clair, madre de Shandy.
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“Tres personas de mi familia fallecieron por COVID-19. Fueron mi abuelo, mi mamá y un tío”, asegura Haydée Bautista, originaria de la comunidad de Ulwa en Karawala, en el municipio de la Desembocadura de Río Grande. “Aquí en la Costa Caribe se vendió la idea de que sería como una gripe o una fiebre pasajera, pero ya ven, estamos de luto”, agrega la mujer.
Karawala fue una de las primeras comunidades indígenas en Nicaragua en declararse en auto cuarentena, pero los recursos con los que cuenta el único centro de salud de la zona mermaron muy pronto. La falta de información relacionada a la epidemia también campea en las comunidades indígenas. Se sabe poco de prevención, uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social. Estos factores desataron el contagio y hasta la fecha se registraron ocho muertes en Karawala.
Una de esas muertes fue la madre de Bautista. La mujer también denuncia negligencia médica. “Cuando mi mamá estaba enferma no fue atendida efectivamente. Pasó once días en la comunidad y hasta que se complicó en el centro de salud de Karawala la trataron como COVID-19. La prueba salió positiva, pero era tarde. Murió”, dice la comunitaria.
Bautista cree que el contagio llegó a las comunidades indígenas por el irrespeto de las autoridades municipales y regionales sandinistas a la auto cuarentena ordenada por los gobiernos comunales.
A finales del mes de abril fue decretada la auto cuarentena, pero no se restringieron las pangas que llegaban de Bluefields a Karawala. Era imposible, porque la única vía que esta comunidad de 3.500 habitantes tiene es marítima.
“Eso hizo llegar la transmisión comunitaria y el contagio a nuestras comunidades”, lamenta Bautista. Según la mujer que perdió a tres familiares, la pobreza incide en que los comunitarios no tengan acceso a mascarillas, guantes o alcohol. Karawala sobrevive únicamente de la agricultura y la pesca.
“En mi comunidad hay familias que están enfermas hasta hoy todavía, y se automedican con medicinas tradicionales. Se están tratando en casa, porque los comunitarios tienen miedo de ir al centro de salud si presentan problemas respiratorios. No tienen confianza ni quieren que los trasladen a Bluefields”, narra Bautista. “Las personas hablan de comunitarios que viajaron y no regresaron… así que prefieren que la gente muera y se entierre aquí en la tierra natal”.