En 1990, año en que terminó oficialmente la revolución sandinista, algunas voces pidieron la abolición del Ejército Sandinista. La respuesta en los medios del FSLN fue furibunda. Heridos profundamente por la derrota electoral que no vieron llegar, percibían aquello como un esfuerzo por destruir una de las instituciones más queridas para los hermanos Ortega y sus seguidores. Algo de razón tenían. Los estertores de la guerra civil de los años 80 persistían.

Pasadas más de tres décadas después de finalizada la década revolucionaria, a la luz de la masacre de 2018, la comisión de delitos de lesa humanidad, y la aparente inacción del ahora llamado Ejército de Nicaragua, públicamente fiel a Daniel Ortega, vuelven a sonar voces que piden la abolición del ejército.

¿Es razonable pedir la abolición del ejército jefeado por el general Julio Avilés?

Los ejércitos se inventaron para cuidar las fronteras de los enemigos externos, pero en el caso de Nicaragua tenemos ejemplos de ejércitos alternos al oficial en estos 200 años: el ejército de los Contras, el de la inventada Guerra de Namasigüe, los filibusteros de Byron Cole y William Walker, los AMROC de los Somoza en los años finales de su dictadura, los paramilitares de 2018.

Hoy, el enemigo del estado nacional son el crimen organizado y la corrupción interna, que aparentemente se ramifica hacia la segunda. Desde los años 80 del siglo veinte fue cada vez más evidente tal simbiosis. Para este tipo de enemigos no sirven los tanques T72, que tanto parecen gustarle a Ortega y Avilés. Tampoco los soldados del ejército, pues su entrenamiento no es para enfrentar las marañas que tejen los criminales organizados.

Entonces, ¿es razonable pedir que el país se deshaga del ejército de Ortega y Murillo?

Hay razones para responder que sí. Desde motivaciones políticas hasta económicas y empresariales. Pero mientras Ortega esté en el poder eso no va a ocurrir, pues necesita de las armas y hombres dispuestos a dispararle a quienes se le opongan y le demanden salir del gobierno, como en 2018. Bien sabido está que el actual régimen se habría caído sin los señores de las “cañas huecas” (militares, policías y paramilitares), como los llamaba el poeta Pablo Antonio Cuadra.

También hay razones para responder que no. Desde las de índole política hasta las de seguridad interna: la posibilidad de que se cree un vacío que aprovecharía el crimen organizado para convertir a Nicaragua en una especie de Haití.

Pero eso sería válido si y sólo si ese ejército fuese realmente nacional, y no partidario y politizado como lo es el actual. Aunque lo digan en cada nota de prensa, esos armados no son “el pueblo mismo uniformado defendiendo sus derechos”. Son uniformados defendiendo las (sin)razones de Daniel Ortega y sus millonarios intereses personales. Nada más.

No sé si esto se planteó antes de 1990, pero cuando se revisan los 205 años de historia del país llamado Nicaragua uno se percata que cada caudillo ha tenido su ejército personal. Los liberales, los conservadores y los sandinistas se asemejan en esto. Cerda, Argüello, Fruto Chamorro, José Santos Zelaya, Emiliano Chamorro, Augusto C. Sandino, los Somoza y Ortega han tenido su ejército personal o han convertido al ejército del país en un ejército familiar.

Tal necesidad a lo largo de tantos cruentos años se ha debido a las ambiciones de poder de quienes se muestran como los elegidos de la divinidad para detentarlo y transferirlo a quienes deseen, cual si fuesen reyes. Además de las armas, estos dictadores y sus ejércitos dicen acatar la voz de Dios, la Constitución y del Pueblo.

Entonces, esta sería una primera razón válida. Los caudillos necesitan del ejército para sostenerse. ¿Sin ejército hay chance para una nueva dictadura en Nicaragua?

Una segunda razón es que los ejércitos se inventaron para cuidar las fronteras de las naciones. Nicaragua no tiene una amenaza evidente ni latente en sus fronteras. Los riesgos son el crimen organizado, la pesca ilegal, el tráfico de armas y de personas, el tráfico de sustancias prohibidas. Todo eso se puede resolver con una policía profesional robusta, diversificada y moderna que incluya Guardacostas.

La tercera es que los militares, más en nuestra región, son entidades opacas. No permiten, no toleran que se les investigue ni se les cuestione. El discurso del general Avilés durante el 44 aniversario del ejército en 2025 es un ejemplo fehaciente. Avilés está en correspondencia con Ortega, que jamás se expone al escrutinio público y tan intolerante es de los periodistas, que ha expulsado del país a por lo menos 310 desde el 2018.

La cuarta es que en Nicaragua hay al menos dos tipos de empresa privada. Los empresarios propiamente dichos y los militares. Los primeros pagan todas las cargas impositivas. Los militares no. ¿Es correcto que los militares sean empresarios? ¿Si su misión es cuidar las fronteras, y si tienen un presupuesto del estado, para qué necesitan empresas? ¿Pero ya que son empresarios, deberían o no pagar los mismos impuestos que paga cualquier otro empresario que interna y vende productos en el país?

Una quinta y última es que los militares juegan con los dados cargados. Tienen un Instituto Social de Previsión Militar, IPSM, y uno de los hospitales más grandes y modernos del país. Pero la soldadesca poco se beneficia de las mieles del IPSM. Esa entidad está sobre todo para la alta oficialía. ¿No debería ser el IPSM el que cubra todas las necesidades de seguridad social y bienestar de sus miembros?

Como este es un tema peliagudo, cuando se dé la próxima transición hacia la democracia en Nicaragua habría que preguntarle a la ciudadanía si estaría de acuerdo o no con abolir al ejército, algo que han logrado en Panamá y Costa Rica.