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Abril bajo sitio: dictadura desborda represión policial

Desde el 17 de abril, la Policía ha desplegado un contingente en los puntos donde se realizaron protestas en 2018. El régimen Ortega-Murillo no permite manifestarse a la disidencia. EFE

Minutos antes de iniciar el rezo para conmemorar la memoria de Franco Valdivia Machado, estudiante asesinado hace tres años durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su familia fue golpeada y detenida con violencia por oficiales de la Policía Nacional, en la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua. Un acto represivo que ha sido la norma contra familiares de las víctimas, activistas, periodistas y opositores en los tres últimos días (18, 19 y 20 de abril), en los que se conmemora el tercer aniversario del inicio de la rebelión de 2018.

Con un disparo certero a la cabeza, Franco Valdivia Machado fue asesinado a los 23 años de edad, en el parque de Estelí, el 20 de abril de 2018, cuando el país vivía una de sus jornadas más violentas de las protestas. De las más de 300 víctimas, su caso es uno de los más documentados, porque evidenció el manejo entrenado de armas de fuego contra los manifestantes. La recopilación de esas evidencias ha sido gracias a la tenacidad de la familia de Franco, y especialmente de su hermana, Francys Valdivia Machado, quien es presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), una organización que aglutina a madres y familiares de los ciudadanos asesinados en la represión.

En la tarde de este martes, Francys, Marco Silva, Ana Rivera y Stephanie Martínez fueron golpeados y capturados durante más de una hora por oficiales de policía, frente a la casa de Francisca Machado, madre de Franco y Francys, quien también fue violentada, donde se iba a conmemorar a Franco. “Aún estamos rodeados en la casa por policías y paramilitares”, dijo Francys a DIVERGENTES a las 9:39 de la noche.

Los familiares iban a participar en una misa en la iglesia de esa ciudad por el tercer aniversario de la muerte de Franco. Al llegar, las puertas del templo estaban cerradas, por esta razón regresaron a la casa de Francisca Machado para realizar un rezo. Fue entonces que una camioneta de la Policía con seis antimotines armados los capturaron. Una hora después fueron liberados, aunque el hostigamiento se mantuvo durante la noche. 

“Denunciamos el hostigamiento y agresión física a todos los presentes, pero es especial a Francisca Machado, madre de Francys y Franco, y la violencia generalizada y sistemática del régimen Ortega Murillo en contra de todas las familias que desean recordar la vida de las víctimas asesinadas”, dijo AMA en un comunicado.

La detención se enmarca en el tercer aniversario de las protestas de abril que el gobierno pretende silenciar a través del estado policial. Desde el 17 de abril, la Policía desplegó un contingente en los puntos donde se realizaron protestas. Centenares de uniformados de todas las ramas policiales tomaron las ciudades para evitar homenajes a las víctimas de la masacre. La jornada ha estado marcada por 350 actos violentos, que incluye hostigamientos, agresiones, detenciones, allanamientos, entre otros.

En una reciente entrevista con DIVERGENTES, Francys Valdivia aseguró que ninguno de los familiares de las víctimas han llevado procesos de luto en tranquilidad. “¿Cómo se vive el duelo en un país que no te permite tener actos conmemorativos, que no hay posibilidad de salir a las calles ni tener misas?”, cuestionó. 

Mientras tanto, el régimen llevó a cabo una campaña a través de redes sociales, con la etiqueta #LaPazEsElCaminoDaniel2021. El mensaje contrasta con las cifras de agresiones que ha realizado el Monitoreo Azul y Blanco (MAB), grupo conformado por la sociedad civil. 

El MAB documentó 248 actos de hostigamientos, 27 agresiones, 42 irregularidades, 25 detenciones, 26 controles de calle, 17 amenazas, nueve allanamientos, siete retenciones y ocho campañas de odio.

“Ningún gobierno puede prohibir mantener viva la memoria”

La violencia de estos días ha sido denunciada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recalcó que el Estado está “incumpliendo con sus obligaciones, y solicita el fin de la escalada represiva”. Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, aseguró a DIVERGENTES que “ningún gobierno puede prohibir que los familiares de las víctimas realicen homenajes para “mantener viva su memoria”. 

“Más allá de los derechos humanos y diferencias políticas, es un mínimo de humanidad dejar a los familiares de las víctimas homenajear a sus muertos”, manifestó Urrejola.  

AMA denunció el 19 de abril que un grupo de policías robó a unas madres que se encontraban esperando en la parada de buses luego de salir de la presentación de un libro conmemorativo en la Universidad Centroamericana (UCA) . 

Hasta la publicación de este artículo, se registran diez personas detenidas entre el 15 y el 20 de abril: Mauro Ortiz, de Jinotega; Edgar Navarro, de Carazo; Osman Lovo Dávila, de Carazo; Janny Estrada, de Managua; José Cortez Useda, de Masaya; Ismael Álvarez García, de Diriamba; Julio Godoy, de Bluefields; Emilio Manuel Rodríguez Mairena, de Somoto; Jairo Miranda, de Madriz; Reynaldo Escorcia Flores, excarcelado político de León.

Varios de estos hechos han sido documentados a través de redes sociales, como la agresión al excarcelado político Lenín Salablanca, en Juigalpa, Chontales. El 19 de abril, un grupo de policías rodearon su casa desde la mañana. El hombre encaró a los policías y les espetó que no iban a callarlo. Minutos antes, su hermana había llevado una niña en brazos y una bandera de Nicaragua. Una oficial le arrebató la bandera y tuvo un breve forcejeo con la mujer.

Salablanca fue detenido el 18 de agosto de 2018, cuando dirigía una marcha opositora en Santo Tomás, Chontales. Fue acusado de terrorismo, tenencia ilegal de armas, secuestro y robo agravado. El 11 de junio de 2019 fue liberado bajo una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. A pesar de su excarcelación, ha denunciado que el asedio de policías y paramilitares nunca paró.

El comerciante dijo a DIVERGENTES que los hostigamientos se mantuvieron hasta ayer, 20 de abril. “Ha sido un acto cobarde donde al menos 20 policías me asediaron. Mi niño y mis sobrinos se tuvieron que ir por temor a que esto escale. No nos han dejado salir, no nos lo permiten”, aseguró. 

El asedio se extendió también a familiares de presos políticos, como la familia de Edward Lacayo y la madre del líder campesino Medardo Mairena. También lo fueron Kenia Gutiérrez, ex presa política, y los familiares de Jeisson Chavarría, asesinado el 21 de abril de 2018. Además, la periodista Kalúa Salazar denunció que fue golpeada por un antimotín en Bluefields, y que la mantienen en cautiverio en su vivienda. 

Iglesias y locales asediados

Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fueron retenidos el 19 de abril por la Policía. Los integrantes de este bloque opositor se reunieron en la sede de la Unidad Médica Nicaragüense para homenajear los tres años de protestas cívicas. Ante la imposibilidad de salir, el grupo realizó un piquete dentro del lugar. En el sitio, también fueron retenidos periodistas de Artículo 66, Canal 10, Radio Darío y Literal. 

De igual forma, se reportaron asedios en al menos tres iglesias. En San Miguel Arcangel, Masaya, un grupo de ciudadanos opositores lanzaron globos azul y blanco que posteriormente fueron reventados por policías. Los pobladores de Carazo realizaron un piquete exprés en la iglesia San Antonio, ubicada en Jinotepe. En Chinandega, un grupo de simpatizantes sandinistas interrumpieron la lectura de un tributo a las víctimas del régimen. “Me vas a disculpar, pero la iglesia no es política. ¡Viva Daniel!”, dijo una mujer en el video difundido por redes sociales.

El régimen está “aterrorizado”

Francys Valdivia con una foto de su hermano Franco, asesinado en abril de 2018 en la ciudad de Estelí. Franklin Villavicencio | Divergentes.

Para Gonzalo Carrión, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, el arresto de la familia de Franco Valdivia es una “nueva ofensa” del régimen Ortega Murillo “al dolor y a la memoria de los hijos de las madres y familiares de las víctimas de Abril”. 

Carrión aseguró que la acción cometida por la Policía Nacional fue “bastante grosera”, y estuvo motivada por “el terror que tiene la familia Ortega Murillo, al percatarse de la resistencia que los nicaragüenses mantienen a pesar de un estado de sitio policial impuesto desde septiembre de 2018”.

“Tienen temor. Que la gente saliera a las calles, que organizaran una misa en conmemoración de Franco Valdivia y los otros muchachos, fue lo que provocó este despliegue policial durante estos días. Están aterrorizados (el régimen) y el único método que tienen para frenar a la ciudadanía es exhibir violencia”, dijo Carrión. 

Si bien en abril del año pasado la pandemia enfrió un poco las acciones de protestas por el temor de la ciudadanía de adquirir el virus, este 2021 lo que ha ocurrido en Nicaragua es un relanzamiento de la lucha cívica que, a juicio de Carrión, se notó en el poder de convocatoria de piquetes exprés, pitazos, pequeños plantones en las iglesias y en el despliegue policial que ejecutó el régimen durante los últimos días.

“Se siente porque es real, aunque no es comparable con 2018. Pero la salida de las personas a la calle aterroriza a la familia que está en el poder porque sabe que se le escapa de las manos su proyecto de continuismo que solo ha sido sostenido por el terror de los fusiles”, insistió el defensor de derechos humanos, quien indicó que un gobierno que dice tener resuelto una problemática social, no prioriza la militarización del país.

“Aunque la detención haya sido sólo una hora, su propósito es provocar miedo. Sin embargo, arrestar con violencia a la familia de los asesinados en abril es una medida que operan contrario a lo que aspiran los dictadores, que es controlar la movilización y los reclamos”, finalizó Carrión.

*Artículo escrito por Julián Navarrete, Franklin Villavicencio, Diana Ulloa y Maynor Salazar. 

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