La administración de Donald Trump ha otorgado facultades ampliadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a refugiados admitidos legalmente que no hayan formalizado su estatus de Residente Permanente Legal al cumplir doce meses en el país, de acuerdo a reportes del Washington Post. El nuevo lineamiento, firmado por Joseph B. Edlow (USCIS) y Todd M. Lyons (ICE), redefine la admisión de refugiados como un beneficio “condicional” y no permanente.
Esta política rescinde una directriz de 2010 que prohibía tratar la falta de ajuste de estatus como una base para la detención o remoción. Bajo la nueva orden, quienes no soliciten su tarjeta de residencia (Green Card) al año de su llegada serán devueltos a la custodia del gobierno para una segunda ronda de entrevistas y verificación de seguridad que podría ser indefinida.
El memorando justifica el endurecimiento de la política citando supuestas “brechas de seguridad” en el procesamiento previo. Según un análisis interno de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sobre 31 000 refugiados del hemisferio occidental, admitidos entre 2021 y 2024, la agencia afirma haber detectado indicios de membresía en pandillas o preocupaciones de seguridad pública en un 10% de los casos.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) sostiene que más del 42% de esa población no fue suficientemente investigada debido a dificultades para verificar sus identidades.
“Este requisito de detener e inspeccionar asegura que los refugiados sean re-verificados… y promueve la seguridad pública”, reza el documento. No obstante, organizaciones civiles como HIAS denuncian que se trata de un “esfuerzo transparente” para deportar a personas que el propio gobierno acogió tras años de escrutinio extremo.
Impacto en el éxodo centroamericano
La medida pone en una situación de vulnerabilidad extrema a los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica y Nicaragua, quienes registraron cifras récord de admisión bajo el estatus de refugiado en los últimos años.
De acuerdo con datos del Departamento de Estado revisados por DIVERGENTES, el año 2024 fue el periodo de mayor flujo legal para la región:
- Guatemala: 5017 refugiados admitidos.
- Nicaragua: 3299 refugiados admitidos.
- El Salvador: 1332 refugiados admitidos.
- Honduras: 905 refugiados admitidos.
En total, 10 553 centroamericanos entraron con este estatus en 2024. Para los miles que ingresaron en los primeros meses de ese año, el plazo de gracia ha expirado. Si no han presentado el formulario de ajuste, ICE tendría ahora la instrucción de “localizar, arrestar y poner bajo custodia” a estos individuos. La tendencia de admisión continuó en 2025 con 3273 centroamericanos más, quienes enfrentarán el mismo riesgo al cumplir su primer año en suelo estadounidense.
Una de las alarmas principales para los expertos legales es que la nueva política elimina el límite de detención de 48 horas que existía anteriormente para estos casos. Ahora, la estancia en centros de detención puede prolongarse por el “tiempo razonable que tome inspeccionar y examinar” al individuo para determinar su admisibilidad.
Abogados migratorios en Minnesota reportaron casos de refugiados, incluidos niños, que han sido arrestados y trasladados a centros de detención en Texas para ser sometidos a las mismas preguntas que ya respondieron durante sus entrevistas en el extranjero. “No se invita a la gente bajo un set de reglas para luego mover la portería después de que llegan”, criticó Shawn VanDiver, fundador de la organización AfghanEva, en declaraciones a The Washington Post.