El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perfeccionado un modelo autoritario basado en el miedo, la criminalización y la impunidad. Así lo concluye Amnistía Internacional en su informe 2025 sobre la situación global de los derechos humanos, que dedica un capítulo demoledor a Nicaragua. En él documenta una combinación de represión política, exilio forzado, despojo de nacionalidad, tortura y desapariciones, con efectos devastadores sobre periodistas, pueblos indígenas, estudiantes, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
En 2024, según Amnistía, al menos 151 personas fueron detenidas por motivos políticos. Cuarenta y cinco seguían presas al finalizar el año. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales por riesgo de tortura, hambre y falta de atención médica.
Amnistía denuncia que las cárceles siguen albergando condiciones inhumanas, con abusos físicos y psicológicos frecuentes por parte de las autoridades penitenciarias.
Además, la censura alcanzó nuevas dimensiones. Al menos 276 periodistas huyeron al exilio entre 2018 y 2024. Más de 50 medios de comunicación fueron despojados de sus bienes y cerrados. El régimen impone leyes de ciberdelitos para controlar el contenido en internet y obliga a empresas de telecomunicaciones a entregar datos de usuarios. Amnistía también denuncia la desaparición forzada de una periodista, Fabiola Tercero, cuyo paradero se desconoce tras denunciar el allanamiento de su vivienda.
En enero de 2024, 16 clérigos católicos —incluido el obispo Rolando Álvarez— fueron expulsados del país y desnacionalizados. En septiembre, otras 135 personas excarceladas por razones políticas fueron deportadas a Guatemala, muchas tras pasar más de dos años presas.
En total, más de 400 personas fueron expulsadas entre 2023 y 2024, perdiendo derechos y propiedades. La mayoría enfrenta grandes dificultades para integrarse en países de acogida, como Costa Rica y Estados Unidos, donde el gobierno de Trump ha entorpecido los procesos de asilo y programas de acogida, como la cancelación del parol humanitario.
Clausura del mundo universitario y despojo académico
La dictadura cerró 34 universidades, afectando a 37.000 estudiantes, quienes quedaron sin acceso a sus historiales académicos. Esta medida no solo destruye el derecho a la educación, apunta Amnistía, sino que refuerza el borrado sistemático del pensamiento crítico y la autonomía universitaria. El organismo mundial también documenta represión contra docentes, personal administrativo y activistas estudiantiles.
Desde 2018 se han cancelado más de 5.000 organizaciones sociales y religiosas, dejando a Nicaragua sin sociedad civil organizada. Amnistía alerta sobre un patrón de criminalización sistemática de la disidencia, particularmente contra comunidades rurales, líderes religiosos y activistas de base.
Pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo blanco de ataques armados, desplazamientos forzados y desapariciones, en especial en territorios como la Reserva de la Biosfera de Bosawás. La cancelación del partido indígena YATAMA impidió su participación en las elecciones regionales de la Costa Caribe. Sus líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, fueron encarcelados y acusados de traición. Rivera fue declarado preso de conciencia por Amnistía.
El sistema sanitario está altamente politizado: se niega atención médica a presos políticos y a personas identificadas como opositoras. Además, los servicios de salud materna y juvenil son insuficientes, y en zonas afectadas por huracanes persisten condiciones críticas de vivienda, sin que se cumplan las promesas de reconstrucción.
Impunidad estructural
Pese a los múltiples llamados de la comunidad internacional, el régimen no ha investigado ni sancionado ninguna de las violaciones documentadas. Cuatro informes del Grupo de Expertos de la ONU en 2024 señalaron patrones sistemáticos de represión contra sectores vulnerables. La impunidad, concluye Amnistía, sigue siendo la norma.
“Amnistía Internacional reitera su llamado a la comunidad internacional para que se activen mecanismos de justicia universal, se proteja a las víctimas y se impida que Nicaragua se convierta en un laboratorio del autoritarismo en el continente”, advierte el organismo.
“Efecto Trump”: embestida global contra los derechos humanos
Por otro lado, Amnistía asegura que el segundo mandato de Donald Trump ha acelerado una deriva autoritaria global que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos. La organización advierte sobre el surgimiento de una nueva era de “convulsión y crueldad”, marcada por el debilitamiento del derecho internacional, la represión de la disidencia y el desmantelamiento de salvaguardias universales.
La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, fue contundente: “Transcurridos 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump sólo ha mostrado un total desprecio hacia los derechos humanos universales”. Según Callamard, la embestida de Trump contra el multilateralismo, el asilo, la justicia racial y de género, la salud global y la acción climática está “agravando el considerable daño que ya han sufrido esos principios e instituciones”.
Pero el fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. La organización documentó un retroceso generalizado en 150 países durante 2024: gobiernos que censuran medios, disuelven ONG, reprimen protestas pacíficas, encarcelan activistas bajo cargos de “terrorismo” y emplean la violencia estatal como herramienta de control. “Este mal es mucho más profundo que las acciones del presidente Trump”, advirtió Callamard, refiriéndose a la proliferación de prácticas autoritarias fomentadas por líderes que actúan como “motores de destrucción”.