Las delegaciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han comenzado a llegar a Lima, Perú, donde este miércoles cinco de octubre inicia la Asamblea General del organismo que exigirá a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y la persecución contra la Iglesia Católica, según un proyecto previsto a discutirse llamado “La crisis política y derechos humanos en Nicaragua”.
Los diplomáticos se han topado con un enorme rótulo que exige “la libertad para más de 205 personas presas políticas en Nicaragua”, ubicado sobre la concurrida Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, cercana al hotel donde la mayoría de delegaciones se hospedan y del Ministerio de Cultura peruano, donde se realizará la Asamblea General.
Aunque el régimen Ortega-Murillo abandonó la OEA en noviembre de 2021, la situación de Nicaragua ocupará parte de la Asamblea General de cancilleres. Previo al inicio del evento culmen de la OEA, organizaciones de la sociedad civil convocaron a una serie de actividades que demandan la liberación de los reos de conciencia. En una sala del hotel Sheraton, donde se alojan la mayoría de delegaciones, hay una galería de fotografías de presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los nicaragüenses son los que más lugar ocupan debido a la cantidad que asciende a más de 200, después que los Ortega-Murillo acusó por “menoscabo” a cuatro trabajadores de La Prensa.
Mientras que este 30 de septiembre, el Poder Judicial también acusó a Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, esposa e hija del opositor Javier Álvarez Zamora, detenidas en horas de la noche del 13 de septiembre y llevadas a la Dirección de Auxilio Judicial. Entre los acusados también figura Félix Roiz Sotomayor, yerno del opositor en el exilio. La encargada de hacer la acusación fue la fiscal sandinista Heydi Estela Ramírez Olivas, identificada como la principal verdugo de los medios de comunicación y opositores.
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La Fiscalía de Nicaragua también presentó acusación en contra de nueve personas más, a quienes se les decretó prisión preventiva por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La institución de gobierno acusó por ambos delitos a Freddy Martín Porras García, José David Gallo Torrez, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacios Ortiz y Hugo Ramón Rodríguez Flores.
La organización Raza e Igualdad ha convocado al foro “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, en el que participará Kenia González, hermana del preso político Lesther Alemán.
Valoran creación de comisión de alto nivel
El proyecto que será discutido por los cancilleres del hemisferio insta a la dictadura Ortega-Murillo a que “garantice integridad física, mental, moral y el derecho a la vida de todas las personas que han sido arbitrariamente detenidas, y a que libere inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento a las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
También propondrán la creación de una comisión de alto nivel para intentar tender un puente de diálogo al régimen que permita “discutir todos los asuntos pertinentes”. Hasta ahora, la pareja presidencial se muestra cerrada al diálogo propuesto de forma bilateral por el Vaticano, el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y el mismo Estados Unidos. En cambio, el gobierno ha recrudecido la represión y un nuevo blanco son los familiares de opositores en el exilio.
La OEA recordará al régimen el “deterioro de las condiciones económicas y sociales del país” y anima a aceptar las ofertas “de cooperación regional e internacional para devolver a la nación al camino de la democracia, el Estado de Derecho y el progreso pacífico para todos sus ciudadanos”.
La última vez que la OEA discutió la crisis en Nicaragua fue el pasado 12 de agosto, cuando el Consejo Permanente condenó “enérgicamente” el cierre forzoso de oenegés y el hostigamiento contra la Iglesia Católica, y demandó la liberación de los presos políticos.
La Asamblea General también abordará una estrategia para atender el creciente desplazamiento forzado de nicaragüenses, en especial “su necesidad de protección”, incluyendo otorgamiento de asilo y otras medidas de protección.