La Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega-Murillo le quitó la atribución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de nombrar a Registradores Públicos, así como de sancionarlos por faltas disciplinarias, a través de una reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua.
A su vez se creó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) a la Procuraduría General de la República (PGR), que establece que la PGR ejercerá la dirección, control y supervisión del SINARE, además de ser el representante legal del Estado en los negocios que se desarrollen en los tribunales de justicia.
La reforma deroga el inciso cuatro del artículo 165, que señalaba que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un organismo de la CSJ con autonomía técnica y funcional, tenía la facultad de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Esta reforma también modifica los incisos cinco y seis que anteriormente atribuían al Consejo la autoridad de nombrar a Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como de instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas disciplinarias leves, graves y muy graves, imponiendo las sanciones que establece la ley.
Recibe nuestro boletín semanal
Ahora, el Consejo únicamente puede nombrar y sancionar a médicos forenses y secretarios de actuaciones conforme a la ley. Con esto se desvincula totalmente a los Registros Públicos de la administración de justicia y queda a total disposición de la PGR.
Según la Exposición de los Motivos, “los Registros Públicos en Nicaragua cuentan con normas propias para su funcionamiento con autonomía administrativa, funcional y financiera”.
Y se justificaron los cambios para dar “continuidad con el proceso de fortalecimiento, optimización, mejora y agilización de los servicios brindados por los diferentes registros públicos a nivel nacional, así como el fomento de la inversión pública y privada”.
Por su parte, la creación de la nueva ley que brinda al PGR total control del SINARE fue justificada para “agilizar y optimizar la administración de los Registros Públicos”.
Cacería policial dentro de la CSJ
Esto ocurre en medio de un contexto de cacería policial dentro de la CSJ que según el diario La Prensa, ha implicado la investigación y detención de decenas de trabajadores del Poder Judicial, incluyendo a la presidenta de dicha institución, Alba Luz Ramos, quien se ha destacado por su fiel compromiso al régimen Ortega-Murillo desde hace décadas.
Según el diario, Ramos fue sacada de su oficina y llevada a su casa por agentes oficiales desde el pasado 24 de octubre. Desde entonces, ni ella, ni sus relativos se han presentado a trabajar en las instituciones.
Solo dos días más tarde, también se reportó que la magistrada orteguista, Yadira Centeno, fue enviada a su casa y su hija, Carla Lucía Flores Centeno, fue detenida por la Policía sin conocerse los motivos.
Además de las detenciones, el régimen Ortega-Murillo destituyó al secretario de organizaciones del Frente Sandinista en la CSJ, Berman Martínez; al director de la oficina de Servicios Generales en la CSJ, Walter Sobalvarro; entre otras personas de dicha institución.