El presidente Donald Trump continúa intensificando su política antimigrante con nuevas órdenes ejecutivas que restringen el acceso a categorías migratorias clave, como el asilo o el parol humanitario, especialmente para migrantes nicaragüenses.
En paralelo, los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley de 116 páginas que establece nuevas trabas para quienes buscan protección en Estados Unidos, incluyendo el cobro de tarifas para acceder al asilo. ¿Qué proponen y qué impacto tendría esta iniciativa en la política migratoria? Diver-Check te lo explica.
La propuesta responde a exigencias del bloque republicano más radical, que busca reformar de raíz las leyes federales de inmigración. El proyecto detalla nuevas condiciones restrictivas, elimina beneficios temporales y propone la imposición de pagos a personas migrantes que soliciten asilo, un giro sin precedentes en la política estadounidense.
Esta política –aunque aún debe supervisarse– refleja el rumbo que la actual administración y sus aliados republicanos quieren: endurecimiento, exclusión y mayor criminalización de la migración irregular. El mensaje es claro: reducir el ingreso de migrantes a toda costa.
Tarifas para los más vulnerables y residencia para millonarios
El proyecto de ley establece que quienes soliciten asilo —un proceso que hasta ahora es gratuito— deberán pagar una tarifa mínima de 1000 dólares. Esta medida está siendo duramente criticada por defensores de derechos humanos, quienes advierten que establecer un costo económico podría excluir a personas con solicitudes legítimas de protección internacional, separándolas de quienes, según el discurso oficial, “solo buscan un boleto gratuito para entrar a Estados Unidos”.
Tal como mencionó Trump en febrero de este año: cobrar por prácticamente todo en materia migratoria, como el hecho de reemplazar la actual visa para inversionistas —vigente desde hace 35 años— por una nueva modalidad conocida como “tarjeta dorada”, que otorgaría la residencia y un camino hacia la ciudadanía a cambio de cinco millones de dólares.
“Serán ricos y tendrán éxito. Gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a muchas personas. Creemos que va a ser extremadamente exitoso”, afirmó Trump en el Despacho Oval.
Según el proyecto de ley presentado por los republicanos y que este miércoles sostendrán una reunión para profundizar sobre los cambios en la ley migratoria estadounidense, establece que el secretario de Seguridad Nacional o al fiscal general (según corresponda) impondrán una tarifa obligatoria a cualquier persona extranjera que presente una solicitud de asilo conforme al artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a partir del año fiscal 2025, tarifa que deberá ser pagada al momento de presentar la solicitud y que no podrá ser inferior a los 1000 dólares.
En el 2026, según esta iniciativa el monto se ajustará anualmente, según la inflación, para el cual tomarán en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U, por sus siglas en inglés), esto significa que la tarifa podrá aumentar automáticamente cada año en función del costo de vida en Estados Unidos. También dejan claro que la tarifa por solicitud de asilo será exonerada o reducida, según la condición económica del solicitante. Situación que impone barreras para los más vulnerables, y se abren puertas para quienes puedan pagar.
Los republicanos mencionan que la intención del proyecto de ley es que se autofinancien los procesos migratorios sin depender de los presupuestos federales asignados por el Congreso, para ello, la distribución de los ingresos será para la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración y al Tesoro de Estados Unidos.
Permisos con fecha de caducidad y tarifas impagables: así se restringe el trabajo para migrantes
La sección 70010 del proyecto de los republicanos también toma en cuenta a aquellos solicitantes que se atrasen en pagar la cuota anual, el Departamento de Seguridad Nacional no cobrará menos de 100 dólares. Para el 2026, se ajustará el pago según el CPI-U, imponiendo un cobro obligatorio mientras esté pendiente la solicitud de asilo, lo que representaría una carga económica para los migrantes que ya enfrentan procesos prolongados de espera.
Otra de las condiciones a las que los republicanos y Donald Trump quieren comercializar es el permiso de trabajo para los migrantes. La propuesta de ley impone una tarifa mínima de 550 dólares a solicitantes de asilo, personas que son beneficiarias por el parol humanitario y las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), este permiso será válido por seis meses y al igual que la solicitud de asilo, la tarifa se ajustará de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.
El permiso de trabajo para los migrantes también puede ser cancelado automáticamente en el caso de que un oficial deniegue la solicitud —no se refiere a un juez de Inmigración—; 30 días después de que un juez deniegue el asilo, salvo que la persona apele a tiempo ante la Junta de Apelaciones de Inmigración; y si inmediatamente, si la Junta de Apelaciones confirma la denegación del asilo.
En el caso que una persona ya haya tenido el permiso de trabajo como solicitante de asilo y este fuera terminado por las condiciones anteriores, no podrá obtener una nueva autorización a menos que un Tribunal Federal de Apelaciones devuelva el caso a la Junta de Apelaciones.
Esta sección genera preocupación entre los defensores de derechos humanos, puesto que, busca restringir y encarecer el acceso a permisos de trabajo para solicitantes de asilo, con limitaciones severas si su caso ha sido previamente denegado.
Entrar legalmente es el nuevo costo del parol para migrantes vulnerables
La figura de parol humanitario, según la propuesta de los republicanos seguirá vigente, sin embargo también tiene un costo económico de 1000 dólares.
En el caso de los haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos que fueron beneficiados con el parol, salvo que puedan probar que califican a ciertas excepciones estarán exentos como emergencias médicas, donación de órganos o tejidos, fallecimiento inminente de un familiar cercano en Estados Unidos y el solicitante no pueda llegar a tiempo, asistencia a funeral de una familiar cercano, visa por adopción, entre otras excepciones que ya tomaba en cuenta el parol.
La propuesta de los republicanos marca un cambio importante en la historia migratoria de Estados Unidos, al punto de transformar el derecho a la protección de la vida de los migrantes a un privilegio condicionado por el dinero. En el caso de los nicaragüenses, quienes huyen de la violencia del régimen Ortega-Murillo no solo demostrarán su necesidad de refugio, sino también su capacidad de pago. La pregunta es ¿cuánto cuesta hoy el derecho a migrar?