Nueve días después de que Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraran unas elecciones catalogadas como “pantomima” por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden emitió una proclama que impide y suspende la entrada a Estados Unidos de casi todos los funcionarios del régimen sandinista, incluido los familiares directos de involucrados en violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y al propio caudillo sandinista.
“Por la presente se suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de las siguientes personas miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y los miembros de su personal (…)”, dice el extenso documento publicado por la Casa Blanca.
La nueva disposición emula a una similar que adoptó el presidente Ronald Reagan a finales de la década de 1980 contra el primer mandato sandinista. La medida es prácticamente similar: impedir la entrada de funcionarios del régimen en aquel momento, como respuesta en ese entonces a la expulsión del embajador estadounidense y otros siete diplomáticos. En este caso, la medida de Biden se enmarca en una respuesta “coordinada” de la comunidad internacional que desconoce las votaciones sin competencia en la que Ortega y Murillo se atornillaron más al poder.
La prohibición del ingreso a Estados Unidos ha generado desde ya escozor entre funcionarios de nivel medio del régimen. El temor a no poder viajar a Estados Unidos era latente, pero ahora que ya está dictaminado, las inconformidades a lo interno del aparataje oficial pueden agravarse. “Va a profundizar la erosión acelerada de sus ya escuálidas bases de apoyo. El funcionariado de nivel intermedio es uno de los más afectados, así como sus ‘operadores’ económicos”, expresó la socióloga Elvira Cuadra.
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Prohibida la entrada a cualquier allegado al régimen
La medida tomada por la Casa Blanca contempla la prohibición del ingreso a territorio estadounidense en ocho tipos de categorías ligadas a lazos de consanguinidad o afinidad con el régimen. Algunas de ellas afectarían directamente a miembros del Estado de Nicaragua, alcaldes, vicealcaldes, secretarios políticos, funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, grupos paramilitares, altos miembros del Poder Judicial, personas no gubernamentales que actúen como agentes del régimen, cónyuges, hijos e hijas de las personas antes mencionadas.
Biden también señaló “a los militares y policías, incluida la Dirección de Operaciones Policiales Especiales, los grupos parapoliciales y los grupos paramilitares”. Desde el 2018, el régimen se ha sostenido a través de grupos armados amparados por la Policía Nacional y el Ejército, según han detallado algunos informes de organismos de derechos humanos como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El golpe al régimen llega en el momento en que la comunidad internacional emprende acciones de mayor presión contra la dictadura, luego de consolidarse como un régimen de partido único tras las votaciones sin competencia del siete de noviembre. Ortega y Murillo mantienen el control a punta de represión, y retuvieron el poder luego de haber encarcelado a siete aspirantes a la presidencia de la oposición.
Para algunos analistas nicaragüenses esta es una de las acciones más amplias y específicas que ha emprendido la administración Biden desde su llegada al poder. Un día antes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos amplió sanciones a funcionarios del Frente Sandinista, y el Ministerio Público como institución, considerado por defensores de los derechos humanos como la “fábrica de delitos” con las voces críticas del país.
Además, la nueva medida de la Casa Blanca abarca a funcionarios de la administración penitenciaria nicaragüense; “miembros de alto nivel del poder judicial nicaragüense, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior; Miembros de los ministerios del gobierno nicaragüense, de las agencias reguladoras, de las empresas paraestatales, de los administradores y profesores de la educación superior, y de los funcionarios electos que emprendan acciones, incluyendo abusos de los derechos humanos, para negar los servicios a aquellos que realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”.
La cerca incluye a las esposas e hijos de estos funcionarios, que tampoco podrán ingresar a Estados Unidos, pero también a aquellos que realizan una labor en pro del régimen. “Las personas no gubernamentales que sirvan como agentes o actúen a instancias de los descritos en las subsecciones (a)-(f) de esta sección para facilitar u obtener beneficios financieros de las políticas o acciones, incluyendo el fraude electoral, los abusos de los derechos humanos o la corrupción, que socavan o dañan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en Nicaragua; y los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas en las subsecciones (a)-(g) de esta sección”, agrega el documento.
Biden también extendió la declaración de emergencia sobre la situación en Nicaragua debido a que “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”. Esta fue una medida realizada primeramente por el expresidente Donald Trump, como parte de su política de mano dura contra la dictadura nicaragüense.
Algunas excepciones
La disposición tiene contemplado algunos casos excepcionales que no afectarían en las siguientes situaciones: a) Cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos; b) cualquier persona a la que los Estados Unidos le hayan concedido asilo o cualquier refugiado que ya haya sido admitido; c) cualquier persona cubierta de otra manera por la sección 1 de esta proclamación, una vez que el Secretario de Estado determine que la persona ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia; d) Cualquier persona cubierta de otra manera por la sección 1 de esta proclamación, incluso cuando el Secretario de Estado así lo determine, sobre la base de una recomendación del Fiscal General, que la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de ley.
Es decir, Estados Unidos exceptuará de la proclama a aquellos actores que puedan “promover importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos”.
Washington justificó esta nueva medida alegando que en el régimen ha instaurado una “impunidad generalizada de los crímenes cometidos contra los actores de la oposición; la persistente corrupción practicada por los funcionarios del gobierno nicaragüense en el desempeño de las funciones públicas que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno nicaragüense y otros para apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para los Estados Unidos exigen una respuesta contundente”.