En una jugada política que consolida el control de Nayib Bukele sobre el Estado salvadoreño, la bancada oficialista Nuevas Ideas propuso y aprobó sin debate una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente. La iniciativa fue incluida con dispensa de trámite en la agenda legislativa del 31 de julio de 2025 y obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso, donde Nuevas Ideas controla 57 de los 60 escaños.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de El Salvador, hasta ahora uno de los pocos países en la región que mantenía una prohibición expresa contra la reelección inmediata. La diputada Ana Figueroa, promotora de la iniciativa, justificó el cambio al asegurar que “históricamente, la reelección ha estado permitida para casi todos los cargos de elección popular” y que “la única excepción ha sido la Presidencia”.
“Esta reforma busca una mayor estabilidad en los ciclos electorales”, afirmó Figueroa durante su intervención. El texto aprobado también contempla la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años, y establece que el actual mandato de Bukele concluirá en 2027 y no en 2029, para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales. Además, elimina la segunda vuelta en las elecciones presidenciales: la presidencia se definirá por mayoría simple, sin necesidad del 50% más uno de los votos.
La iniciativa ratifica un cambio de rumbo iniciado en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, renovada irregularmente por la misma Asamblea controlada por Nuevas Ideas, reinterpretó el artículo constitucional que prohibía la reelección inmediata. Gracias a ese giro jurídico, Bukele pudo postularse y asumir un segundo mandato consecutivo en 2024.
Desde su llegada al poder, Bukele ha desmontado los contrapesos institucionales a través de una serie de maniobras que incluyen la destitución de magistrados, la concentración del poder en el Ejecutivo y el uso político de las fuerzas armadas y de seguridad.
En 2021, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos denunciaron el asalto a la independencia judicial, cuando la Asamblea destituyó de manera exprés a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. El nuevo marco legal para la reelección indefinida profundiza esa tendencia autoritaria.
Esta reforma representa un paso más hacia la consolidación de un sistema de poder que guarda similitudes con el instaurado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En ambos casos, los mandatarios han recurrido a reformas legales hechas a medida para perpetuarse en el poder, socavando los límites constitucionales y cerrando los espacios de participación y fiscalización ciudadana.
“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”
La reforma también está alineada con el discurso desafiante del propio Bukele, quien ha desestimado las críticas nacionales e internacionales sobre su deriva autoritaria. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador“, dijo en su discurso por el primer aniversario de su segundo mandato en junio pasado. Su popularidad, apuntalada por una narrativa de éxito en la lucha contra las pandillas y el uso estratégico de las redes sociales, ha sido utilizada como justificación para consolidar su poder.
Sin embargo, detrás de esa imagen de firmeza se esconde un modelo que limita cada vez más las libertades civiles. En paralelo a la reforma constitucional, el gobierno ha impulsado leyes que restringen la labor de las organizaciones de la sociedad civil y criminalizan la disidencia.
A pesar de las críticas, el oficialismo insiste en que la medida fortalece la “estabilidad política” y responde al “clamor popular”. Sin embargo, no se han realizado consultas amplias ni procesos participativos que respalden esta afirmación.