El Salvador ha iniciado el año 2026 bajo un fenómeno político que desafía el desgaste tradicional del poder. Según la última encuesta de la unidad LPG Datos, publicada este 4 de febrero, el presidente Nayib Bukele cuenta con una aprobación del 91.9% de la ciudadanía. La cifra representa un incremento respecto al 84.8% registrado a finales de 2024, consolidando un liderazgo que se apoya, casi de forma unánime, en la gestión de la seguridad pública.
El estudio de opinión pública detalla que el 92.5% de los salvadoreños considera que la administración de Bukele ha “ayudado” a mejorar la seguridad en el país. El desmantelamiento de las estructuras de pandillas, mediante la implementación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, ha permitido que el 33% de los encuestados identifique esta acción como el mayor logro del Ejecutivo.
A pesar del optimismo en las calles, la percepción sobre la economía familiar no corre con la misma suerte que la imagen presidencial. Mientras nueve de cada diez salvadoreños aplauden la gestión general, sólo el 48.9% afirma que su situación económica ha mejorado. Por el contrario, un 33.3% sostiene que su economía sigue igual y un 17.5% admite un deterioro en sus finanzas.
Este contraste evidencia que, para la mayoría de la población salvadoreña, la recuperación de la movilidad en los territorios antes controlados por criminales compensa el estancamiento económico. En términos comparativos, Bukele llega a su sexto año de gestión con un respaldo que triplica el obtenido por sus antecesores (Elías Antonio Saca, Mauricio Funes o Salvador Sánchez Cerén) en periodos similares de sus mandatos.
El costo humano del régimen de excepción
No obstante, la eficiencia narrativa del Gobierno salvadoreño omite las cifras de la crisis de derechos humanos en el sistema penitenciario. Al margen de los datos de aprobación, la organización Socorro Jurídico Humanitario documentó que, entre marzo de 2022 y finales de 2025, al menos 470 personas han muerto bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción.
El informe de la organización destaca que el 94% de estas víctimas no tenía vínculos probados con pandillas al momento de su captura. Entre los fallecidos se encuentran pastores evangélicos, sindicalistas, comerciantes y campesinos, cuyas muertes han sido atribuidas a torturas, falta de asistencia médica o condiciones de insalubridad extremas. Para los organismos civiles, estas cifras representan la “cara oculta” de la seguridad salvadoreña, donde el debido proceso ha sido sustituido por la arbitrariedad.
El modelo salvadoreño ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un referente de debate en toda Centroamérica. La “fórmula Bukele” —basada en la concentración del poder, el uso intensivo de la propaganda y la suspensión de garantías constitucionales— permea en los discursos políticos de países vecinos que enfrentan crisis de violencia similares.