Bukele utiliza el asesinato de policías para arreciar su cuestionado Régimen de Excepción 

El Régimen de Excepción lleva tres meses de implementación y se han registrado múltiples violaciones a los derechos humanos. A pesar de los señalamientos de organismos internacionales y salvadoreños, el presidente Nayib Bukele asegura que van “a atacar más (a las pandillas) y los vamos a sacar de donde están. Que se quejen las oenegés, nosotros vamos a seguir protegiendo a nuestra población y nuestros héroes”, en referencia a los asesinatos de tres policías. El equipo de Fact-Checking de DIVERGENTES hace un repaso de esta controvertida medida


El asesinato de tres policías salvadoreños este martes ha sido uno de los últimos capítulos violentos del Régimen de Excepción que el Gobierno de Nayib Bukele impulsa en El Salvador. El mandatario ha usado estas muertes para enfatizar que la controvertida medida será reforzada, sin importar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por personas apresadas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. 

“El pandillero herido, José Héctor Bernal Colocho, alias Negro, en custodia y que participó en el asesinato de nuestros héroes (policías), salió de la cárcel por cumplimiento de condena el 24 de marzo, 3 días antes del Régimen de Excepción. Piensen en eso antes de pedir liberaciones”, tuiteó Bukele. Una declaración también engañosa porque, como reveló el diario digital El Faro, el pandillero conocido como el ‘Crook’ –pedido en extradición por Estados Unidos– fue liberado por el “mismo gobierno” antes de la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, aunque no había cumplido su condena. 

El Régimen de Excepción se adoptó desde el pasado 27 de marzo. Esto ha conllevado al despliegue de las fuerzas policiales y militares en las calles de El Salvador y se han capturado, según datos de la Policía Nacional, a más de 40 mil personas. Los organismos de derechos humanos han documentado capturas masivas, que incluyen a centenares de personas sin vinculación con las maras. 

La Constitución de la República de El Salvador establece el Régimen de Excepción para responder a circunstancias extremas, tales como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público. El Régimen de Excepción permite que se suspendan las libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad, como lo ha sido en este caso. 

Entre las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele y las entidades controladas por su Gobierno para combatir a las pandillas, el Parlamento aprobó cambios al Código Penal que permiten penas de prisión de hasta 10 años para niños de 12 años que pertenezcan a las maras. Los menores de 16 años pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

Fotografía de personas detenidas durante el Estado de Excepción, en la sede policial conocida como El Penalito, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Los tribunales de El Salvador ordenaron que más de 36 mil personas detenidas bajo el Régimen de Excepción guarden prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal, según informó este domingo la Presidencia. No obstante, Bukele ha afirmado que solo el 1% podrían ser arrestos por “error”.

El Primer Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Régimen de Excepción fue presentado a finales de mayo. El estudio desarrollado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) reveló que el 87% de los casos eran detenciones arbitrarias, al momento registraban 742 denuncias. Además, la captura de personas con discapacidades físicas y mentales, mujeres y líderes comunales. Actualmente, solo el organismo salvadoreño Cristosal tiene más de dos mil denuncias de personas que han sido violentados sus derechos. 

En un informe presentado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal (El Salvador) a mediados de mayo, las entidades señalaron que habían recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.

Esa misma semana, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, aseguró a periodistas que no se reportaron muertes en bartolinas (calabozos), ni en procedimientos policiales desarrollados durante el Régimen de Excepción. 

Amnistía Internacional (AI), por su parte, denunció que el presidente Bukele sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno. 

“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, dijo Erika Guevara Rosas.

Fotografía de una proyección de un video testimonial de víctimas de abusos a sus derechos humanos durante el Régimen de Excepción, en una presentación por parte de Amnistía Internacional (AI) de un informe de violaciones a derechos humanos, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

AI documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas. 

Para finales de mayo, medios locales reportaron que, debido al incremento en las detenciones, el 1.7% de la población mayor de 18 años del país se encontraría detenida, lo que supondría un hacinamiento de más del 250% de la capacidad de los centros penales.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló el 13 de junio que el Régimen de Excepción impuesto en El Salvador ha supuesto un aumento del riesgo de detención arbitraria. De acuerdo con un informe de la ONU, para realizar las capturas se ha recurrido a “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”.

Ese mismo día, el titular del Ministerio Público, René Escobar negó que existan “detenciones arbitrarias” realizadas durante el Régimen de Excepción vigente.

Finalmente, el 23 de junio se llevó a cabo la audiencia pública sobre la situación de Derechos Humanos y Estado de Derecho en El Salvador convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado salvadoreño envió una nota declinando su participación en la audiencia, pese a que se le había comunicado con antelación.

Durante la audiencia, 13 organizaciones de la sociedad civil expusieron los impactos del Régimen de Excepción en el país. Zaira Navas, de Cristosal, señaló que el hacinamiento, la tortura y los tratos crueles inhumanos han provocado la muerte de al menos 52 personas detenidas bajo custodia del Estado, en el periodo del 27 de marzo al 21 de junio.

Las organizaciones expusieron cómo muchas de las detenciones se producen en comunidades empobrecidas y se está ante una situación grave de discriminación. Entre todas las denuncias recibidas por las organizaciones civiles, más del 90% de las situaciones denunciadas se refieren a detenciones arbitrarias masivas durante el Régimen de Excepción.

Algunos casos graves

Un testimonio presentado ante la CIDH. El joven había sido capturado el 18 de abril cuando se dirigía a comprar tortillas. 

“Estando dentro de la delegación los señores agentes me llevaron el acta policial, en la cual se me acusaba injustamente de agrupaciones ilícitas, cuando jamás he pertenecido a ninguna pandilla. Jamás he colaborado con ellos. Fuimos trasladados hasta el penal de Mariona”, detalló el joven en el video testimonio. 

“Yo estuve en la celda 22 del sector 5. Únicamente se nos daba desayuno y cena. A veces la comida llegaba ácida porque estaba próxima a pudrirse. En la celda había alrededor de 70 personas, y de éstas a lo mucho 30 o 40 personas pertenecían a pandillas. Los demás éramos estudiantes, había personas que eran agricultores, albañiles. Es decir, toda la fuerza de trabajo del país estaba recluida en esos centros penales. Únicamente por residir en zonas que pertenecen a pandillas”.

El joven también declaró que dentro de la celda todos se enfermaron, en su mayoría presentaban gripe y tos, a pesar de eso, las autoridades no les proporcionaron atención médica. “Dos personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Nos dimos cuenta porque subían personas con una camilla y las personas que bajaban en esas camillas iban cubiertas con una manta”, agregó. 

Marco Tulio Castillo Reyes, de 38 años de edad, murió el 28 de mayo mientras guardaba prisión en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad. Su cuerpo presentaba golpes y raspones; además, familiares aseguran que en el centro penal no le entregaron el medicamento que ellos le llevaron. 

Los parientes denunciaron que, pese a que en el centro de reclusión sabían que Castillo Reyes padecía de cirrosis hepática, “no lo respetaron, lo humillaron, lo maltrataron”.

Luego de su captura, fue trasladado al penal de Izalco, en Sonsonate. Allí estuvo cerca de un mes y medio. Su hermana Verónica relató que fue a dejarle la medicina que nunca le entregaron y al día siguiente, él ya estaba ingresado en el hospital de Sonsonate Dr. Jorge Massini Villacorta. 

“Estaba hinchado, con bolsas de hielo”, recuerda su hermana. “No te me vayas a acercar porque después me van a pegar a mí”, le advirtió Marco Tulio, cuando ella intentó hablar con él. Tras una semana de estar en el hospital, fue llevado de nuevo al penal de Izalco, pero días después fue remitido al de Quezaltepeque, donde murió.

Familiares de los supuestos «pandilleros» se aglomeran diariamente en los distintos penales para saber del estado de sus familiares y dejarles provisiones. EFE/ Rodrigo Sura

Exreo del penal de Izalco. El relato consiste en lo vivido por el joven dentro del penal de Izalco durante 30 días. 

“Tan pronto llegamos nos quitaron la ropa y nos pusieron a correr varias horas. Nos hacían correr con las manos en la nuca, viendo al suelo. Nos guiábamos solo con las voces de los custodios. De repente un muchacho que iba delante de nosotros se fue para otro lado y como castigo le quebraron las costillas y todos empezamos a llorar. Lo dejaron tirado como por cuatro horas y después nos obligaron a estar parados sin movernos”.

“Lo peor vino después. Luego de cansarnos y estarnos humillando, los custodios nos metieron en un barril con mucho hielo porque al parecer era su método de tortura para ‘hacernos decir verdades’. Y ¿qué verdad iba a decir yo? Me preguntaron si sabía algo de ‘los bichos’, pero yo les dije que no sabía nada, que soy una persona trabajadora y que no sabía nada de ellos. Uno del grupo no sobrevivió”.

“Había un señor que lloraba más que nosotros porque lo agarraron con su hijo y su esposa, y afuera dejó a dos niños que no tenían quién los cuidara. Él lloraba peor que nosotros, porque al hijo de él lo metieron en el barril de hielo y ahí se murió. Él lloraba peor que nosotros allí adentro y era lógico… ver a su hijo, que lo están matando, y no poder hacer nada. Al muchacho que le quebraron las costillas murió también a la par de nosotros, como a los ocho días. Jamás lo atendieron”.

El joven afirma que “los reos allí mueren a diario, no a la semana ni 15 días. Allí se disparan las enfermedades de cualquier persona porque no hay atención médica. Se ven casos horribles de tortura. Vi morir a varios reos mientras estuve en Izalco”.