La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes cesar a los jueces y magistrados con 60 años cumplidos para supuestamente depurar el sistema judicial, medida que la oposición señaló de ser una “violación a la independencia judicial”. La medida ha sido interpretada en El Salvador como un nuevo zarpazo del gobernante Nayib Bukele a la institucionalidad, a través de una purga de un tercio de los judiciales.
“Desde hoy, el Órgano Judicial cambia para siempre. No más jueces corruptos. No más justicia a la medida de grupos de poder”, celebró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.
“Hemos asistido al final de la independencia judicial en El Salvador. La bancada oficialista de Nuevas Ideas –con la complicidad de los partidos GANA, PDC y PCN– aprobó ilegalmente reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), enterrando la independencia judicial y consumando así la toma de todo el aparato del Estado por parte del grupo que controla el Ejecutivo, encabezado por Nayib Bukele. La justicia ya no es un derecho ciudadano normado por nuestras leyes y la Constitución, sino un instrumento bajo control y para uso de quienes gobiernan el país”, alertó en un editorial el diario El Faro.
La reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue introducida a la sesión plenaria con dispensa de trámite por un legislador del partido oficialista Nuevas ideas (NI) y se aprobó sin mayor debate parlamentario con 63 votos de los 84 diputados. La reforma establece como disposición transitoria que los magistrados de cámara y jueces de paz y de primera instancia que tengan 60 años o más de vida “cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones”. La iniciativa entrará en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.
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La reforma aprobada también amplía las razones por las que se trasladará a los jueces e incluye la “complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se tratan”. Es decir, que los procesos que se tratan en los tribunales influirían en su permanencia o traslado. Anteriormente únicamente se establecía que estos movimientos se daban por “razones justificadas de conveniencia del servicio”.
Destituyen al juez a cargo del caso El Mozote
Una de las destituciones más sonadas es la del juez a cargo del proceso por la masacre de 1.000 civiles en 1980 en El Mozote, Jorge Guzmán, quien pidió a la Fiscalía determinar si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de inspecciones judiciales. Guzmán, de acuerdo con su hoja de vida, cumplirá 62 años el 30 de diciembre próximo.
El juzgador resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza.
El fallo judicial, emitido el 4 de noviembre y al que Efe tuvo acceso, se dio luego de una solicitud presentada por los abogados de las víctimas en la que pidieron la investigación del Ministerio Público.
“Es procedente acceder a lo pedido por los acusadores particulares” para que la Fiscalía determine si “ha existido la comisión de delitos y de ser así, se ejerzan las acciones correspondientes”, reza la resolución judicial.
Los abogados expusieron al juez que los delitos que Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, pudieron cometer con el bloqueo a las inspecciones en varias unidades militares son los de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento.
Además de Bukele y Merino, el juez Guzmán pidió que se investiguen las actuaciones de los oficiales y abogados encargados de comunicar al juez la decisión de no permitir las inspecciones entre el 21 de septiembre y el 29 de octubre de 2020.
Por su parte, la diputada Rosy Romero, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtió que las reformas al sistema judicial solo pueden ser propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no es facultad de los diputados.
El legislador René Portillo, también de Arena, aseguró que con la reforma se está “violando la independencia judicial” y que “no solo les bastó darle el tiro de gracia a la Sala de lo Constitucional” el 1 de mayo pasado. Esto en referencia a la remoción de los magistrados de la referida sala, acción que fue duramente criticada por la comunidad internacional. “Es un verdadero atentado contra el Estado de derecho” y “violar la independencia judicial es grave”, acotó Cuadra.
Reforman ley orgánica de la Fiscalía
El Congreso también aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que, entre otras cosas, otorgan al fiscal general la potestad para “el ingreso, contratación, ascenso, traslados, renuncias o remoción de funcionarios” de la institución.
Actualmente, el artículo 46 de dicha ley señala que el fiscal decidirá sobre lo anterior pero escuchando al Consejo Fiscal integrado por el fiscal general adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos Jefes con nivel de jefe Regional, sub-regional o jefe de división.
El titular del Ministerio Público, Rodolfo Delgado, fue nombrado el pasado 1 de mayo para ocupar su cargo tras la destitución del fiscal Raúl Melara por parte de diputados oficialistas y aliados.
Las reformas a dicha normativa, aprobadas con 64 votos a favor, también establecen que fiscales que tengan 60 años o más “deberán cesar inmediatamente en sus funciones” y faculta al fiscal general a realizar traslados y nombramientos correspondientes.
Estos cambios a la ley orgánica, que entrarán en vigencia 8 días después de la publicación en el Diario Oficial, también fueron criticados por la oposición. (Con información de EFE).