Tal y como se preveía, el gobierno de Nayib Bukele ha ampliado por segunda ocasión el controvertido Régimen de Excepción que usa en su “guerra contra las pandillas”, después que se quebró el pacto que su administración mantenía en secreto con las maras, y que derivó en un fin de semana sangriento con 87 personas asesinadas en marzo pasado, marcando una de las jornadas más violentas en la historia reciente de El Salvador.
A través de un tuit publicado a medianoche de este 25 de mayo, la Casa Presidencial informó que el Consejo de Ministros de Bukele solicitará a la Asamblea Legislativa (controlada por el oficialismo) la prórroga del Régimen de Excepción, en un momento que miles de familiares se agolpan en los penales de El Salvador a la espera de información sobre los detenidos.
El Salvador se encuentra bajo Régimen de Excepción desde el 27 de marzo y durante la aplicación de la medida –que suspende varios derechos constitucionales– las autoridades han arrestado a 33 mil 812 personas. Organizaciones de sociedad civil han acompañado a decenas de familiares que alegan que sus allegados no son mareros y han sido arrestados de forma arbitraria, y que durante la medida extraordinaria se ha violentado el debido proceso y cometido violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la organización Cristosal, en El Salvador se está “configurando una situación de lesa humanidad”.
Fuentes legislativas comentaban la noche de este martes que la Asamblea Legislativa aprobará la extensión del Régimen de Excepción este jueves, al mismo tiempo que se baraja la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros para acallar a las organizaciones críticas y al periodismo, sostuvieron.
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Las dos caras del Régimen de Excepción
La aplicación del Régimen de Excepción ha tenido dos caras en El Salvador. La primera y la más sonada es la narrativa oficial que asegura que han vuelto a contener los homicidios diarios casi a cero, y que no se detendrán hasta detener a los casi 70 mil pandilleros que estiman están activos en este país centroamericano.
“El Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga”, dijo Casa Presidencial, que más temprano publicó otro mensaje en la red social: “La histórica reducción de homicidios en El Salvador no sería posible sin la incansable labor y entrega de nuestros elementos de seguridad de las fuerzas armadas. Estamos logrando lo que muchos decían que era imposible: vivir en un país seguro”.
La otra cara, más visiblemente golpeada, es la de miles de familiares que acampan en las afueras de los penales a la espera de información sobre los detenidos. Marta Galicia dijo que su hija Silvia, quien es la principal proveedora de su hogar, fue detenida y los policías “no le dijeron por qué la agarraron”. Desde el momento de la detención, Marta solo ha podido ver a su hija desde lejos, cuando era trasladada de un centro de detención, y señaló que les han prohibido la visita.
Solo Cristosal ha recibido 555 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, que afectaron a 556 personas. El 87,7 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida.
David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, advirtió que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas “que no son pandilleros y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado”. “Creo que estamos en una situación donde ya se configura un escenario posible de lesa humanidad y que es un momento de alerta temprana que estamos tratando ya de lanzar a la comunidad internacional”, apuntó Morales.
Piden al Supremo libertad para 40 detenidos
Decenas de mujeres, provenientes de una zona campesina del occidente de El Salvador, pidieron este martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema la libertad de sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo y denunciaron la arbitrariedad de los arrestos.
Esposas, madres y hermanas de los detenidos viajaron desde la zona campesina conocida como el Bajo Lempa hasta la sede de la Corte Suprema en San Salvador para presentar habeas corpus a favor de unas 40 personas, en su mayoría hombres jefes de hogar, y negaron que sean pandilleros o tengas vínculos con estos.
“Soy trabajador, no pandillero”, “Exigimos que liberen a nuestros hijos”, “¡Alto a las detenciones arbitrarias!” y “basta de perseguir a jóvenes inocentes ¡Libertad!”, se leía en los carteles que portaban.
De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, son 34 mil 216 las personas detenidas bajo el Régimen de Excepción, capturas de las que el presidente Bukele ha dicho que un 1% pueden ser un “error”.
“Exigimos libertad para nuestros presos, queremos que agilicen el proceso para su investigación, queremos de manera inmediata verles y saber sobre su estado de salud y alimentación”, pidieron en un comunicado leído antes de presentar los habeas corpus.
La presentación de los habeas corpus fue acompañada por representantes de las organizaciones no gubernamentales Comunidades Eclesiásticas de Base, Tutela Legal “María Julia Hernández” y Cristosal.
Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, dijo en rueda de prensa que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva estos procesos, al igual que otros 12 presentados a inicios de mayo. De acuerdo con información de las organizaciones sociales, el sistema judicial ha recibido 117 habeas corpus.
“La presunción de inocencia no ha sido derogada ni tan siquiera limitada” en el Régimen de Excepción, indicó Mauricio y señaló que las autoridades no poseen “ninguna prueba” para condenar a estas personas.
Ruth López, de la organización Cristosal, llamó a la Sala de lo Constitucional a “revisar cada uno de los casos”, dado que los detenidos no tuvieron la oportunidad de una defensa. “Los defensores públicos han tenido que ejercer una defensa muy débil”, sostuvo López y criticó que los jueces están ordenando la detención provisional de manera “automática”. Agregó que “es evidente que existe una desprotección. Estas familias son víctimas no solo de las pandillas sino que también son víctimas del Gobierno”. (Con información de EFE).