Hasta el momento, la respuesta del gobierno de Bukele ante la problemática de las pandillas en su país se ha caracterizado por la represión y la exhibición de las medidas de “mano dura”. El gobierno no ha escatimado, por ejemplo, en detenciones masivas y la muestra de imágenes de grupos de supuestos pandilleros detenidos y apilados de forma humillante mientras en las redes del presidente se les llamaba, sarcásticamente, “angelitos”. Según la organización de prevención y resolución de conflictos, Crisis Group, todo indica que esas medidas gozan de amplia popularidad en un país azotado por la violencia desde hace décadas. Pero los efectos reales aún “son inciertos”, ha advertido la organización en un reciente informe, presentado el cinco de octubre, y titulado “Un remedio para la fiebre carcelaria en El Salvador”.
“El gobierno de Bukele ha recurrido a tácticas de mano dura para responder a los brotes de violencia de las pandillas en el pasado, pero ninguna se compara con la actual represión ni en intensidad ni en duración”. Crisis Group recomienda parar la represión y buscar alternativas de inserción social para los grupos delincuenciales.
Si antes se disputaban territorios de influencia entre pandillas o maras, y frente a las fuerzas policiales, la represión actual parece estar provocando que dichos grupos se centren en “la necesidad de sobrevivir por encima de las disputas internas”, según analiza la organización independiente que, además, subraya, que la “mano dura” no es ninguna solución a largo plazo.
“Es impensable imaginar que se puede resolver el problema de las pandillas en El Salvador con la detención de todos sus miembros y colaboradores, habría que abordar las causas estructurales que hacen que las pandillas sean una organización atractiva para miles de jóvenes marginados”, explicó Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group. “Es necesario ofrecer una ruta para aquellos que han participado en actividades criminales en el pasado, y han cumplido sus penas y no tienen cargos pendientes por crímenes graves para que puedan ser removidos de las calles y distanciados de las pandillas mismas”, agregó el experto.
Desde el pasado 27 de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene un Estado de Excepción que se ha prolongado más de seis meses. Hasta entonces, Bukele presumía de la reducción del índice de homicidios en el país, fruto aparentemente de una política de pactos con algunos miembros de grupos delincuenciales. Pero el sábado 26 de marzo, las maras provocaron una matanza que no se había visto en décadas: 62 personas murieron asesinadas. Se dinamitó así la convivencia y las estadísticas de las que se enorgullecía Bukele. El Estado de Excepción se aplicó de inmediato y aún permanece seis meses después.
Actualmente, “El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor del 2% de su población adulta”, explica Crisis Group. Esta saturación del sistema penitenciario, unida a las medidas coercitivas, podría provocar una crisis humanitaria y una escalada en la violación de los derechos humanos elementales en las cárceles. El costo humano, financiero y reputacional sería enorme.
“Las condiciones específicas de las cárceles en este momento son difíciles de determinar. No es posible confirmar el total registrado de reclusos, y el acceso a las cárceles es extremadamente limitado y las fuerzas de seguridad no comparten las listas de arrestos con los organismos de control de los derechos humanos. Sin embargo, un exfuncionario penitenciario de alto rango que mantiene contacto con los guardias penitenciarios indicó que las autoridades ‘no hallan dónde ponerlos [a los reclusos]’. Un diplomático que visitó las cárceles afirmó que ‘la situación está tan mal como uno se pueda imaginar’, confirmando los informes de medios de comunicación sobre las miserables condiciones”, manifiesta el informe.
Crisis Group señala que la política de mano dura no es una solución a los problemas de las pandillas a largo plazo. “Los programas diseñados para las cárceles, el epicentro del problema de pandillas, serán cruciales para diseñar un proceso efectivo de rehabilitación y reintegración”, recalcó. Una de las medidas que el grupo de expertos recomienda es la inclusión a la sociedad de los miembros de las pandillas, en las se pueda “incluir el fortalecimiento de la formación laboral y vocacional para preparar a los reclusos para la vida fuera de la prisión, así como oportunidades de empleo remunerado para que puedan mantener a sus familias mientras permanecen encarcelados”.
“Si existe una figura pública en la historia de El Salvador con el capital político suficiente y las capacidades comunicacionales desarrolladas para imponer medidas que podrían no ser apoyadas por la población en general, esta persona es Nayib Bukele. Está en la posición única para poder dar este tipo de pasos”, agregó Breda.
Autoritarismo y represión: ingredientes del bukelismo
Aunque el gobierno ha conservado una extraordinaria popularidad durante el Régimen de Excepción (y ha inspirado a algunos políticos en la región que creen que Bukele ha dado con una fórmula política ganadora), el horizonte general del país está marcado por la incertidumbre”, reiteró la organización.
La llegada de Bukele al poder marcó el fin del bipartidismo de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ambos políticamente liquidados tras décadas de corrupción, despilfarro y una pésima gestión de la seguridad pública. Desde su campaña, Bukele se asentó como un outsider de la política, como la voz profética que podría salvar a El Salvador de todos sus demonios.
Sin embargo, inauguró un nuevo fenómeno en la región que muchos tildan desde ya como la primera muestra de “autoritarismo millennial”. Su gestión ha estado caracterizada por una serie de exabruptos con la prensa independiente, y con todas las voces críticas de la sociedad civil.
Su última gran apuesta fue anunciar su reelección el pasado 15 de septiembre –día de la Independencia en Centroamérica y México–, pese a que la Constitución del país tiene varios candados que se lo prohíben. “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, manifestó acompañado de vítores y ovaciones de funcionarios y diputados bukelistas.
Mientras tanto, Bukele mantiene su política de mano dura de forma indeterminada, creando un escenario que para Crisis Group podría tener diversos efectos en el clima sociopolítico.
¿Qué se espera de las pandillas?
A las tres pandillas de El Salvador –MS-13, Barrio 18 y Barrio 18 Revolucionarios– se les considera actores volátiles e impredecibles. Esa característica, según Crisis Group, hace que los riesgos de nuevas escaladas de violencia sean latentes. “Las pandillas han amenazado públicamente con reactivar la violencia. En una grabación de audio obtenida por Crisis Group, un líder de los Sureños del Barrio 18 advirtió: ‘Nosotros reiteramos, como Barrio 18-Sureños, queremos ser parte de la solución… Pero no estamos dispuestos a tolerar todas estas violaciones hacia nuestros compañeros, o personas civiles. Sigue así y conocerá el país el verdadero terrorismo’. ‘Lo único que les falta [a los pandilleros] es que se levante un líder que dé el grito al aire, y la mayoría de jóvenes podrían armar un desastre’, afirmó un exmiembro de la MS-131”, sigue el informe.
El organismo analiza que, si se llega a dar un nuevo ataque por parte de las pandillas, se presentaría al inicio como actos dispersos de violencia, “y no como una campaña coordinada”. En parte debido a que la mayoría de sus líderes están encarcelados o han huído del país. “Los enfrentamientos entre pandillas y las fuerzas de seguridad, que habían disminuido constantemente desde 2019, se han duplicado desde que se estableció el Régimen de Excepción”, subraya la organización.
Frente a la política represiva de Bukele, es de esperar que las maras “se reagrupen y organicen una reacción violenta, como lo han hecho en el pasado”, finaliza el informe.