El reconocido periodista latinoamericano, Daniel Lizárraga, dejó El Salvador la mañana de este jueves, luego de que las autoridades migratorias cumplieran la orden “grave pero no sorpresiva” de Nayib Bukele de expulsarlo en un plazo de cinco días de ese país, donde formaba parte del cuerpo de editores del periódico digital El Faro. La prestigiosa publicación no duda que la decisión del gobierno de Nuevas Ideas responde a una “escalada en la serie de ataques” contra esa redacción y “el periodismo salvadoreño”, que en el último año ha sido blanco de los ataques institucionales y difamatorios oficialistas.
“Creo que esto no es tan personal, pero sí es un ataque, uno más, contra El Faro. Es una forma de hostigar una vez más a El Faro y es un intento, una vez más, de tratar de detenernos”, dijo Lizárraga antes de ingresar a la sala de salidas del aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero. “Parece que están dispuestos a todo, pero en ese sentido también deben saber con toda la contundencia posible que no nos van a callar”.
El Faro estaba tramitando el permiso de trabajo y residencia de Lizárraga en El Salvador. Sin embargo, migración recurrió a un argumento poco convincente para negar la regularización a este reportero mexicano: no pudieron “probar que es editor o periodista”. Lizárraga es una eminencia en el periodismo latinoamericano, con una trayectoria que data desde 1993, y en la que resalta la investigación “La Casa Blanca de Peña Nieto”. Un trabajo del que fue coautor y supuso un terremoto político en México para el gobierno priista. Además, Lizárraga es maestro de la Fundación Gabo.
“La resolución entregada a Lizárraga por agentes migratorios, específica que se le ha negado el permiso de trabajo y de residencia por no haber podido probar que es editor o periodista. Es un argumento tan absurdo y bajero como los utilizados por el Ministerio de Hacienda en el curso de las auditorías que lleva a cabo también contra este medio”, expresó El Faro en un editorial.
Las auditorías a las que se refiere la publicación salvadoreña son a las investigaciones que el Ministerio de Hacienda realiza en su contra, bajo la presunción de “lavado de dinero y evasión de impuestos”. Una modalidad persecutoria que emula al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al usar como herramientas políticas a las instituciones estatales para acallar toda crítica.
Carlos Dada, fundador de El Faro, fue quien anunció la expulsión de Lizárraga cuando recibía, en nombre de su redacción, el Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión que entrega la Casa América de Cataluña. Dada es enfático al respecto: Bukele no quiere un periodismo acucioso que desnude la corrupción en su gobierno ni alerte sobre la consolidación en El Salvador de un régimen autoritario, que va dinamitando el contrapeso de poderes y la institucionalidad.
“Descubrieron no solo que Daniel Lizárraga es periodista, sino que además es un reconocido periodista especializado en investigación sobre casos de corrupción. Y ahí reside la verdadera razón de la negativa a otorgarle permiso de trabajo y de exigirle abandonar el país”, dijo Dada a DIVERGENTES. “Enmarcamos este hecho como un paso más en toda esta serie de acosos, hostigamientos, amenazas y seguimientos que el gobierno de Nayib Bukele lleva perpetrando contra nosotros desde hace más de un año, y que hemos denunciado oportunamente ante todas las instancias competentes”, agregó.
En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a todos los miembros del personal de El Faro al determinar que existían suficientes indicios de que los derechos de los periodistas del periódico están en riesgo. Ordenó al Estado salvadoreño investigar hostigamientos y amenazas que dificultan y ponen en riesgo el ejercicio periodístico.
Los periodistas de El Faro no solo han denunciado persecución a través de instituciones como Hacienda, sino que enfrentan una agresiva campaña de desprestigio y difamación emprendida, incluso, por el mismo presidente Bukele en su cuenta de Twitter y ruedas de prensa por los reportajes que evidencian también corrupción. Además, han sido atacados periodistas de la revista Factum. En junio pasado, un juzgado censuró a Factum y le ordenó borrar un reportaje que comprobaba que el presidente Bukele mentía en el caso del “asesino de Chalchuapa”.
Consolidación del autoritarismo y corrupción
Organismos internacionales como Human Rights Watch, así como también organizaciones salvadoreñas, han resaltado la deriva autoritaria que Bukele está profundizando, empezando por el asalto al parlamento arropado de militares en febrero de 2020, y la destitución de los magistrados supremos y el fiscal general salvadoreño en mayo de 2021.
“El periodismo crítico y los críticos en general, incluyendo organizaciones no gubernamentales, algunas universidades que han demostrado valentía y algunos grupos profesionales e individuos como abogados, representan ahora mismo el último obstáculo de Bukele para el control total, no sólo del aparato de Estado, sino de su negativa a la rendición de cuentas. Es un régimen que no tolera la crítica porque le puede desnudar”, sostuvo Dada.
Según el editorial de El Faro, los actos de corrupción del gobierno de Bukele no solo han sido reportados en investigaciones periodísticas, sino confirmados en los reportes de la hoy extinta Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES), creada en El Salvador bajo un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA). “Y en las conclusiones de la comisión del Congreso estadounidense que preparó la llamada Lista Engel. La respuesta del gobernante que prometió combatir la corrupción ha sido proteger a los funcionarios señalados y perseguir a la prensa”, enfatizó el diario digital, pionero en la región.
“La expulsión de Lizárraga es grave pero no sorpresiva: el periodismo capaz de revelar actos de corrupción es un obstáculo serio para los planes de los corruptos”, insistió El Faro. “Por eso llevan meses en campaña de acoso, ataques, censuras y amenazas contra El Faro y contra el periodismo que escapa de su control. En su concepción del poder, no tienen cabida ni las organizaciones ni las universidades ni los periodistas críticos; ni las instituciones encargadas de ejercer contraloría, de investigar o de garantizar acceso a la información pública. Ni siquiera la Constitución ni nuestros cuerpos de leyes merecen el respeto de quienes hoy gobiernan”.