Luego de hacerse de los tres poderes del Estado y tomarse la Fiscalía General, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha allanado el camino a la reelección. Una resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta por el gobierno bukelista avaló este viernes que el presidente pueda continuar en el poder tras las elecciones de 2024.
La Constitución salvadoreña vigente establece desde 1983 que el periodo presidencial tiene una duración de cinco años y prohíbe explícitamente en al menos cuatro artículos que un mandatario pueda convertirse en candidato. Sin embargo, este viernes 3 de septiembre, en una resolución exprés, la Sala de lo Constitucional impuesta usó un recurso que tenía engavetado desde el año pasado para interpretar la ley y saltarse la necesidad de una reforma constitucional que tardaría al menos seis años.
El artículo 152 de la Constitución salvadoreña en su numeral uno establece que no podrán ser candidatos a presidente de la República: “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. Sin embargo, la Sala impuesta por el bukelismo interpretó que con “el periodo inmediato anterior” la Constitución se refiere al anterior a ser presidente.
“Así, sí ‘X’ fue electo Presidente en el quinquenio ‘A’, puede inscribirse para el quinquenio ‘B’, mas no para el quinquenio ‘C’. Esto porque el período inmediato anterior no se refiere al quinquenio ‘A’ sino al quinquenio previo del Presidente ‘Y’”, explica el documento.
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La resolución de la Sala impuesta se lleva de paso al menos dos artículos más de la Constitución. El 88 que obliga a la alternancia del poder y el 154 que establece que el periodo presidencial tiene una duración de cinco años y “ni un día más”. En 2014, la Sala de lo Constitucional anterior interpretó el artículo 152 y estableció que para poder volver a inscribirse como candidato, un presidente debe dejar que pasen dos periodos de por medio.
Más de 24 horas después de anunciada la resolución, el que se mantuvo en silencio fue el presidente Bukele. Ni una sola palabra a través de su red social favorita, Twitter. En la misma red circuló, sin embargo, un video de Bukele en 2013 hablando sobre la reelección continua en un programa de televisión. “La Constitución no permite que la misma persona sea candidata a la presidencia dos veces seguidas. Puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no seguidas. Eso es para garantizar que él no se mantenga en el poder y que no ocupe su poder para quedarse en el poder”, decía Bukele.
“Poco garantista”
De acuerdo con la resolución de la Sala bukelista, la prohibición de la reelección continua es “poco garantista” y desfasada. “Nos encontramos en un escenario que se rige bajo una premisa básica: ‘el poder reside en el pueblo’, y algo cierto es que ‘el pueblo’ cambia, que lo único certero es el cambio. Así, atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de ‘certeza jurídica’ y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo es sin duda la mayor de las violaciones al respeto de la soberanía”, dice el documento.
Tras el anuncio de la Sala impuesta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter. El máximo organismo electoral acatará las disposiciones emitidas por el máximo tribunal del país en materia constitucional en las cuales se establece la opción de inscripción del presidente de la República como candidato a la Presidencia de la República para un segundo término”, dice el documento. Por su parte, el magistrado del TSE, Julio Olivo, explicó en su cuenta de Twitter que el comunicado no fue una decisión colegiada. “Es un acuerdo exprés surgido de un nuevo chat de la magistrada presidenta”, escribió.
Varios funcionarios públicos también celebraron la noticia. El secretario jurídico de la Presidencia publicó en su cuenta de Twitter “Ahora el pueblo salvadoreño tiene la oportunidad de continuar por el camino de las transformaciones que ya inició. EL SALVADOR 2024-2029”. Igual lo hizo el Director General de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. Cucalón, quien ha sido señalado de favorecerse con compras del gobierno a una empresa de su propiedad durante la pandemia, tuiteó una imagen del superhéroe “Ironman” con la cara de Bukele y una leyenda que dice “Reelección 2024-2029”.
Esta resolución que permite la reelección de Bukele se da paralelo a un proyecto de reforma a la Constitución que lleva a cabo el gobierno de Bukele liderado por el vicepresidente Félix Ulloa. Entre las propuestas de reformas más relevantes que contiene el proyecto está el incremento del periodo presidencial de cinco a seis años y la posibilidad de que exista un partido único. Este proyecto ha causado preocupación en organismos nacionales e internacionales.
La resolución de este viernes se da además en medio de dos escándalos que han golpeado fuerte a la presidencia de Bukele: la inminente entrada en vigor del bitcoin como moneda de curso legal, una medida que ha sido rechazada contundentemente por la mayoría de la población, según la más reciente encuesta de opinión pública. Además, hace dos semanas, el periódico digital El Faro reveló que la histórica reducción de homicidios que ha marcado lo que va del periodo Bukele se debe a un pacto entre el gobierno y las tres principales pandillas.
La democracia se desmorona
La decisión de la Sala bukelista ha sido vista con preocupación por la comunidad internacional. La noche de este sábado, un día después de publicada la resolución, la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jane Manes dio una conferencia de prensa de nueve minutos con un mensaje contundente. “El gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida”, dijo Manes.
“Esto es resultado directo de la decisión del primero de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos leales al Ejecutivo. Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar el contrapeso crítico”, añadió la encargada de negocios.
Durante los dos años y tres meses que lleva en el poder, Bukele ha desmoronado el sistema de contrapesos y ha tomado control de las entidades fiscalizadoras, golpeando duramente a la débil democracia salvadoreña. Luego del triunfo en las urnas del partido Nuevas Ideas, Bukele se hizo de 66 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y con ellos descabezó a la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, la Asamblea Legisltativa se ha convertido en un pasapapeles que aprueba todas las leyes que ordena el presidente y ahora la Corte Suprema le allana el camino a su reelección.
El primero de mayo de este año, los diputados bukelistas destituyeron a los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal de justicia. La misma noche y bajo una fuerte lluvia, los nuevos magistrados irrumpieron en las instalaciones de la Corte Suprema ayudados por la Policía Nacional Civil (PNC) y se instalaron en las oficinas de sus antecesores.
Esa misma noche, los diputados fieles al presidente destituyeron al fiscal general Raúl Melara e impusieron a Rodolfo Delgado. Melara llevaba en proceso varias investigaciones contra funcionarios de Bukele, entre ellas una negociación entre el gobierno y las tres pandillas (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18) para reducir los homicidios. De acuerdo con una publicación de El Faro, una de las primeras acciones de Delgado fue desarticular la unidad que investigaba ese caso. La Fiscalía de Melara además investigaba casos de corrupción de funcionarios de Bukele por compras irregulares realizadas durante la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Desde entonces, los tres poderes del Estado se encuentran concentrados bajo el mando de una sola persona: Nayib Bukele. Las consecuencias de esta concentración de poder ya se empiezan a ver. El pasado 31 de agosto, la Asamblea realizó una serie de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y de un plumazo jubiló a un tercio de los jueces de todo el país, poniendo en peligro casos de relevancia nacional como la Masacre de El Mozote, donde casi mil personas fueron asesinadas por el ejército durante la guerra civil en 1981. Esta reforma únicamente podría ser rebatida por la Sala de lo Constitucional, pero esta ahora también obedece a Bukele.
Bukele también ha desmoronado organismos de contraloría como el Instituto de Acceso a la Información Pública en el cual a golpe de decretos legislativos fue despiezando e instalando a comisionados afines a su gobierno. Hoy en día, el IAIP está prácticamente inactivo.
El pasado 4 de junio, a un mes de haber sido impuesto, el fiscal general de Bukele, Rodolfo Delgado, rompió el convenio entre la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), una de las principales promesas de campaña de Bukele antes de llegar al gobierno. Al momento de la ruptura del convenio, la CICIES había investigado una docena de casos de posible corrupción del gobierno bukelista.
Durante su conferencia de esta noche, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos advirtió que, visto lo visto, El Salvador va en camino a una dictadura como otros países de la región. Incluso lo comparó con Venezuela. “Hemos visto otros países en la región que han seguido este camino, como es el caso de Venezuela, donde Chávez fue elegido de una forma democrática, pero paso a paso estaba tratando de conseguir más y más poder y limitar la independencia. Hubo mucha gente que creyó que estaba viviendo una democracia, pero cuando van poco a poco limitando la independencia de un país sabemos para dónde lleva ese camino. Y no queremos eso para El Salvador”, añadió.