Desde el uno de diciembre del 2023 Nayib Bukele no es más el presidente de El Salvador, o eso es lo que quiso dar a entender. Un examen detallado de lo que sucedió arroja que la Asamblea Legislativa aprobó una licencia, el pasado 30 de noviembre, para que el actual presidente y su vicepresidente, Félix Ulloa, puedan participar en el proceso electoral y realizar campaña política hasta el 31 de mayo de 2024. En ese mismo acto el Congreso nacional nombró como designada a la Presidencia a Claudia Rodríguez de Guevara.

De esta forma, Bukele buscará la reelección presidencial, como anunció desde el 15 de septiembre de 2022. El 3 de noviembre de 2023 logró la inscripción de su candidatura junto a su compañero de fórmula, el actual vicepresidente, ante el Tribunal Supremo Electoral. Su respaldo popular sugiere que será una de las candidaturas más competitivas en el próximo proceso electoral. Además, el presidente (ahora con licencia) ejerce control sobre los demás poderes, un aspecto que abordaré más adelante.

La tentación reeleccionista de Nayib Bukele no constituye un fenómeno inédito en América Latina. La tendencia de los mandatarios de intentar modificar los periodos presidenciales no es novedosa en la región, ni tampoco en particular en El Salvador, tal y como el historiador Héctor Lindo da cuenta.

Latinoamérica se sumó a la tercera ola de democratización con una inclinación a controlar fuertemente los límites de los periodos presidenciales, mediante reglas constitucionales que restringían el número de mandatos o períodos que el presidente puede ejercer. Entre la década de 1980 y mediados de la década de 1990, la mayoría de los países latinoamericanos limitaban la reelección presidencial, incluido los países de Centroamérica. 

La justificación normativa para limitar los periodos presidenciales subyace en que son un control clave del poder del incumbente (titular), buscan limitar el personalismo y principalmente el abuso de poder, además de promover la competencia entre partidos y la alternancia en el poder. Todos estos son aspectos nucleares para el funcionamiento de una democracia, al menos en su dimensión electoral. 

Esta tendencia anti reelección presidencial duró poco. Desde los años 90 del siglo pasado se ha observado un cambio gradual en la normativa que imponía límites a la reelección. Se dio una ola de reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial, que inicia con Alberto Fujimori en Perú (1993) y continúa con Carlos Menem en Argentina (1994) y con Fernando Henrique Cardoso en Brasil (1997).  

Desde la década de 2000 se observa una tendencia hacia la flexibilización de la regla electoral de la reelección presidencial en numerosos sistemas presidenciales latinoamericanos. En muchos casos el impulso para esta reforma proviene directamente del presidente o expresidente interesado en permanecer o regresar al poder, según señala la politóloga Ilka Treminio. En el caso de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador y Honduras prohibían constitucionalmente la reelección, por lo cual, el periodo de mandato presidencial era de uno solo. Esto se modificó mediante sentencias judiciales, avalando la reelección. En Nicaragua Daniel Ortega impulsó y logró eliminar la limitación constitucional que prohibía la reelección en el 2009 a través de una controvertida sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el 2014 la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida. En el 2021 Ortega fue reelecto por cuarta vez consecutiva, en un proceso electoral cuestionado por su falta de competitividad electoral y transparencia. En otras palabras, no fueron elecciones libres, limpias y competitivas. Actualmente este país no se rige por un sistema democrático, es decir su gobierno es autoritario.

En la actualidad, como consecuencia de dichas reformas electorales en América Latina, 14 de los 18 países de la región admiten la reelección, aunque con modalidades diversas: no inmediata alterna (Chile, Uruguay, Panamá, Perú, Costa Rica, El Salvador), inmediata o consecutiva (Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras y República Dominicana, Ecuador y El Salvador), e indefinida (Venezuela y Nicaragua). Únicamente México, Guatemala, Paraguay y Colombia no la regulan. En la región centroamericana, con la excepción de Guatemala, se han llevado a cabo diversas reformas en las últimas dos décadas con el propósito de extender o ampliar la reelección presidencial.

Un dato importante a destacar es que las reformas que facilitan la reelección, ya sea consecutiva o indefinida, han sido mayoritariamente promovidas desde la esfera del poder, específicamente por presidentes o expresidentes. La intención manifiesta de estas reformas es beneficiar directa e inmediatamente al impulsor, siendo frecuentemente el presidente en funciones. Este patrón se observa de manera destacada en el caso de El Salvador.

Considerando el contexto previo, surge una pregunta inquietante: ¿Hay algo problemático en términos democráticos en la búsqueda de la reelección por parte de Bukele en El Salvador? La respuesta es afirmativa. 

La Constitución de El Salvador prohibía la reelección presidencial inmediata. En particular el artículo 152 establece prohibiciones para las candidaturas a la presidencia y entre ellas la que no pueden postularse quien haya “desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.  Debido a esto el mismo Tribunal Constitucional en un fallo del 2014 (163-2013) indicó que los presidentes debían esperar al menos dos periodos, es decir diez años, en caso de que quisieran volver a competir en unas elecciones para regresar al Ejecutivo.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2021 emitió un fallo, criticado por constitucionalistas, que trajo como consecuencia permitir la reelección inmediata y por ende consintiendo que el presidente actual se postule para un segundo periodo. Un hecho importante para recordar es que el 1 de mayo del 2021 este tribunal constitucional fue purgado y sustituido por jueces afines al actual mandatario, esto por parte de la Asamblea Legislativa recién electa, en la cual el partido oficialista —Nuevas Ideas— tiene mayoría (en este país hay elecciones de medio término).

Ahora bien, es importante señalar que la flexibilidad en los límites a la permanencia en la Presidencia puede ser democráticamente legítima. El aspecto problemático subyace cuando se modifica hasta el punto de volverla indefinida o por periodos prolongados de tiempo, permitiendo a una sola persona u organización política concentrar el poder político y ejercer control sobre órganos cruciales del Estado, como los poderes judiciales. La situación en El Salvador ilustra justamente lo anterior: la manipulación de las reglas electorales conduce a la manipulación del poder. El caso salvadoreño revela abusos y concentración del poder, evidenciando que la búsqueda de la reelección es un paso más hacia el autoritarismo. La reelección, especialmente en sus formas consecutiva o indefinida, se convierte en un codiciado recurso para los políticos debido a su eficacia para permanecer en el poder, planteando desafíos significativos cuando llega el momento de abandonar el poder y no desean hacerlo.