Calidh: “Hay evidencias suficientes para demostrar que altos funcionarios del régimen son responsables por delitos de lesa humanidad”

El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos interpuso una denuncia en Argentina en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios por los crímenes perpetrados a partir de abril de 2018. “Nicaragua no puede seguir representando un mal ejemplo para la región”, dijo Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh

a denuncia de Calidh está enfocada en “identificar cómo fue la línea de responsabilidad de altos funcionarios nicaragüenses en los momentos más letales de la represión”.

Se abrió un nuevo capítulo en el proceso de investigación en Argentina sobre los crímenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El pasado tres de noviembre, el organismo civil argentino, Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), interpuso una querella por delitos de lesa humanidad en contra de los mandatarios nicaragüenses y altos funcionarios, a los que acusan de ser la cadena de mando de la represión en Nicaragua desde 2018.

Esta nueva denuncia fue presentada por el secretario ejecutivo de Calidh, el nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, sobre la base del proceso de investigación que se abrió a raíz de la denuncia de los abogados argentinos, Darío Richarte y Diego Pirota.

Ramírez-Ayérdiz radica en Argentina desde 2014. Actualmente estudia un doctorado en Ciencias Sociales en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). No es exiliado ni refugiado, pero estuvo presente en la crisis de 2018, cuando regresó al país temporalmente para trabajar con una organización civil que prefiere no revelar para evitar represalias contra ellos. “A mí me movió el hecho de buscar justicia, de aportar un granito de arena para la lucha por los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”, dijo el nicaragüense.

Ramírez-Ayérdiz dijo a DIVERGENTES que la denuncia de Calidh está enfocada en “identificar cómo fue la línea de responsabilidad de altos funcionarios nicaragüenses en los momentos más letales de la represión”.

La lista de imputados por Calidh incluyen a Daniel Ortega y Rosario Murillo; Francisco Díaz, director de la Policía; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Fidel Moreno fue el encargado de transmitir la orden del “vamos con todo” de Rosario Murillo a los operadores políticos del partido sandinista en el parque japonés en abril de 2018 | Cortesía

En esta entrevista, Ramírez-Ayérdiz habla sobre por qué señalan a estos funcionarios, las pruebas que tienen en su contra, la importancia de este proceso y la posibilidad de que las víctimas alcancen la justicia. “Hay evidencias suficientes para demostrar uno por uno de estos funcionarios, que son responsables de los delitos y las acciones que se adjudican a ellos”, expresó.

¿En qué consiste la denuncia que interpuso Calidh?

La denuncia la interpuse en carácter personal, como coordinador del programa de Litigio Internacional de Calidh. La presenté como ciudadano nicaragüense, pero detrás de mí está el equipo de Calidh. Sin ellos no hubiera sido posible. Esta denuncia tiene la particularidad de que trata de enfocar cómo fue la línea de responsabilidad de altos funcionarios nicaragüenses en los momentos más letales de la represión.

¿A quiénes identifican?

Iniciamos con la señora Rosario Murillo, que fue la que dio la orden de ‘Vamos con todo’ en una reunión de autoridades políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Luego, en esa misma línea, el presidente Ortega, quien alentó al odio contra la oposición, y en una entrevista internacional reconoció la existencia de los paramilitares, a quienes llamó ‘policías voluntarios’. Después señalamos a Francisco Díaz y Ramón Avellán. Sabemos que Francisco dirigió el ataque contra la población civil en su carácter de director de la Policía Nacional. Y Ramón Avellán es responsable de la ‘Operación limpieza’, que fue un tipo de operación de características militares, con lo cual es responsable de la muerte de más de 105 nicaragüenses. Luego está Fidel Moreno, quien fue el ejecutor del uso de los grupos de choque en los primeros días de la represión. También a Néstor Moncada, quien fue el que ideó el plan de utilizar paramilitares. Incluimos a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, porque estuvo articulado en los primeros días de la represión junto a Fidel Moreno.

Luego está Sonia Castro, que era la ministra de Salud. Ella, por dar órdenes de no atender a los que resultaban heridos por las propias fuerzas del Estado en los centros de atención pública y también en la entidades médico previsionales que están ligadas al Gobierno o a personas cercanas al gobierno, como Gustavo Porras.

Es eso básicamente esta denuncia. Los denunciados son los que articularon los crímenes de lesa humanidad, los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil en los momentos más difíciles de la crisis sociopolítica, en la llamada etapa letal.

covid19-nicaragua-vacunas-oms
La exministra del Minsa, Sonia Castro, dio la orden de no brindar atención médica a las víctimas de la represión que agravó las lesiones e incluso provocó la muerte de muchos manifestantes.| EFE/Jorge Torres
¿Cree que hay pruebas suficientes para las responsabilidades individuales de estos denunciados?

Hay evidencias suficientes para demostrar uno por uno de estos funcionarios, que son responsables de los delitos y las acciones que se adjudican a ellos. Es muy interesante el trabajo previo que realizaron en el campo los organismos internacionales de derechos humanos, porque ayudaron a construir este conjunto de evidencias en el terreno: recogiendo denuncias y pruebas. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) da muchas luces y en algunos casos establece responsabilidades de funcionarios concretos, a quienes insta a seguir investigando. No hay duda. Son hechos de conocimiento público: nadie podría negar la responsabilidad, por ejemplo, de Sonia Castro, por el hecho de que fallecieron personas al no recibir atención médica en los hospitales cuando eran heridos por policías o por paramilitares. Eso prueba y da cuenta de que había una orden de altos mandos del Estado para que eso sucediera así, para que las personas fallecieran.

Otro ejemplo es Ramona Rodríguez como ejecutora del plan de censura y castigo contra los estudiantes universitarios: los más de 80 estudiantes expulsados, a quienes borraron sus antecedentes académicos. Es un hecho obvio que fue ella la que dio la orden. Lo que pasa es que en los crímenes de lesa humanidad hay una cadena que uno tiene que exponer: quién idea, desarrolla y perpetran los crímenes.

En los casos de Daniel Ortega y Rosario Murillo ellos idearon y ordenaron el ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esas tres fases que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad, no hay forma de decir que no hay manera de probar su responsabilidad, porque los crímenes de lesa humanidad tienen una forma muy concreta de cómo está configurado el tipo penal.

Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua, fue la ejecutora del plan de censura y castigo contra los estudiantes universitarios: los más de 80 estudiantes expulsados, a quienes borraron sus antecedentes académicos | Cortesía
¿Qué motivó hacer esta denuncia?

Nuestro grupo está conformado por abogados y otros profesionales de distintas nacionalidades: argentinos, paraguayos, alemanes, que se solidarizaron con Nicaragua. Esto se venía pensando desde el año 2020. Si bien nuestro ámbito de acción es América Latina, en febrero de este año decidimos en qué país nos íbamos a enfocar y vimos que Nicaragua era el país, porque nos parece que gobiernos como el nicaragüense son un mal ejemplo para la región, pero también por el tipo de represión que ejerce sobre su población y la profundidad de los crímenes perpetrados. No fue porque yo fuera nicaragüense dentro de la Comisión Directiva, sino porque consideramos que Nicaragua no puede seguir representando un mal ejemplo para la región latinoamericana.

¿Cómo se encuentra el proceso?

El proceso está en etapa de sumario, es decir, el juez está juntando o buscando méritos para ver si la causa promovida por el fiscal nacional Eduardo Taiano presta méritos para abrir el proceso a pruebas, en otras palabras, para que se presenten los denunciantes… Sabemos que este tipo de juicios pertenecen más a las relaciones internacionales, y que es un proceso jurídico, pero también es político, en tanto que tiene que ver con cómo la presión internacional vaya hacia Nicaragua y la disposición del Estado argentino de continuar con este proceso.

¿Qué esperan de este proceso de investigación?

Más allá de pensar en extradición de algún funcionario de Ortega, nos planteamos tres fines concretos. En primer lugar, que se establezcan responsabilidades penales y sanciones contra los denunciados. Eso va a ser un hito histórico. Que haya un tribunal que establezca responsabilidad penal y sanciones, es decir, castigos contra los funcionarios que cometieron crímenes. En segundo lugar, nosotros creemos que si el juez federal y el fiscal nacional a cargo de la causa, continúan con el proceso, se contribuya con la causa misma al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares. Nosotros esperamos que con este juicio, si se llega hasta la etapa de sentencia, los familiares puedan tener un recurso, un documento que diga que estos funcionarios son culpables. Sobre todo porque el Estado nicaragüense ha sostenido un discurso sistemático de negación de su participación en la perpetración de los diversos crímenes de lesa humanidad. En último lugar, lo que nosotros esperamos es que con una sentencia y con el proceso como tal, es que todos los países democráticos del mundo que están comprometidos con la causa nicaragüense puedan sentirse instados para abrir procesos similares contra estos funcionarios del Estado de Nicaragua.

Daniel Ortega junto al general de Ejército Julio Cesar Avilés, durante la toma de posesión de su tercer mandato consecutivo como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua | Archivo EFE
¿Por qué es importante este proceso de investigación?

Se está pasando de los comunicados, que nos tienen cansados a nivel de los órganos internacionales, a actos concretos. La justicia es un acto concreto. La justicia tiene una virtud, que es establecer la verdad. Y es establecer satisfacción para las víctimas, para sentir que fueron oídas, que es lo que el Gobierno de Nicaragua no está haciendo, porque niega su participación y su implicancia en los crímenes de lesa humanidad.

Sabemos que estos procesos son largos, ¿tienen un tiempo aproximado de cuánto va a durar esta investigación?

No te sabría decir con certeza, porque la justicia argentina toma sus tiempos, porque el país tiene unas dimensiones grandes. Lo que sí te puedo decir es que si la denuncia fue presentada en septiembre, y el juez ya está proveyendo a mediados de octubre, eso nos da una idea para pensar de que el juez podría considerar que hay méritos para continuar con el proceso muy pronto. Y si va así de rápido, me parece que va rápido. Yo no podría pronosticar, sería irresponsable de mi parte. Hay que tener en cuenta de que el juez ya dictó una serie de medidas, entre ellas, comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para informar sobre la situación de monseñor Rolando Álvarez y de otros presos políticos, preguntando si existen estas situaciones que están en la denuncia.