La noticia de que la “dictadura ordena controlar las remesas familiares, sin importar el monto”, generó debate en las redes sociales tras la publicación, el 3 de noviembre de 2026, de la nueva Normativa de Unidad de Análisis Financiero (UAF) (N-027-2026), en La Gaceta, Diario Oficial.
La nueva disposición, derogó las normativas UAF-N-019-2019 y UAF-N-020-2019, las cuales se refieren a la prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP) aplicable a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas, reguladas y supervisadas por la UAF.
Si bien las publicaciones en redes sociales alarmaron a la población, al comparar las tres normativas (dos derogadas y la actual) y revisar cómo estas disposiciones ya funcionaban en la práctica en las agencias de remesas y bancos, una fuente del sector bancario, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad, explicó a DIVERGENTES que la nueva normativa introduce algunos ajustes, pero no modifica de manera sustancial los requisitos aplicables a las remesas.
“Es cierto que la UAF retocó algunos requisitos, pero no fueron modificados en su sustancia. Básicamente, los requisitos establecidos en esta nueva normativa son estándares a nivel internacional. En el caso específico de las remesas, no hubo cambios importantes, porque se trata de requisitos que se aplican en distintos países y cuyo objetivo principal es garantizar la trazabilidad de los fondos”, explicó la fuente.
Es importante recordar que en Nicaragua, los proveedores de servicios de remesas están clasificados como instituciones financieras y son regulados por la UAF, el organismo encargado de prevenir y detectar el lavado de activos y otros delitos financieros.
Más precisión en la normativa, pero controles ya conocidos
El especialista se refiere a que la UAF ya viene aplicando las recomendaciones 16, 14 y 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La recomendación 16 se refiere a las transferencias electrónicas, donde el GAFI exige a los países garanticen que las instituciones financieras incluyan la información completa y precisa tanto de quien envía como el que recibe, y que esta información viaje adheridas a la transferencia.
Es decir, la nueva normativa sí establece más rigurosidad a la hora de solicitar información de quién envía y quién recibe la remesa, en este caso, especifica en su artículo 39 como obligatorio el nombre completo, el número de cuenta (si se usa para la transacción, o un número de referencia único), la dirección exacta, el número de documento de identidad oficial y la fecha de nacimiento (si es persona natural) o el identificador oficial (si es persona jurídica). A diferencia de la normativa de 2019 era más flexible en los requisitos para solicitar los datos personales de la persona que envía el dinero.
En el caso del beneficiario, la actual disposición establece que la transacción debe incluir el nombre completo de la persona que recibe la remesa, el número de cuenta, el nombre del país y la ciudad del beneficiario. Sin embargo, la fuente consultada por este medio, mencionó que la solicitud de la información personal, tanto del beneficiario como del que envía, en la práctica ya se solicitaba, simplemente es la actualización que hace el Gobierno de Nicaragua para cumplir con las recomendaciones del GAFI.
El especialista agrega que hay otros requisitos que también solicita la nueva normativa emitida el 3 de noviembre por la UAF, y que son mayores a la recomendación 16 del GAFI, y lo ejemplifica con la “solicitud de la profesión del receptor, la actividad económica generadora del dinero, y el destino específico del dinero.
La recomendación 16 del GAFI, advierte que, sólo solicita los datos de identificación básica y número de cuenta o referencia única para asegurar la trazabilidad del pago”. Sin embargo, “el remesador siempre lo han cumplido (solicitud de datos) porque en otros países es obligatorio, entonces también tienen que recopilar esa información”.
Los controles que ya enfrentaban quienes reciben remesas
María Alejandra Mendoza, es una nicaragüense que recibe remesas en Nicaragua a través de un banco local. Desde hace dos años recibe mensualmente ayuda económica de su hermano, quien vive en Estados Unidos.
Cuenta que, la primera vez que recibió la remesa, la institución bancaria le solicitó sus datos personales: nombre completo, dirección, número de teléfono, cédula de identidad. También le preguntaron el concepto del envío, monto que recibiría y la moneda de la transacción, además de registrar los datos de la persona que le envió el dinero. Ahora menciona que sólo entrega su cédula, el agente del banco coteja los datos, y recibe el dinero que le envía mensualmente su hermano. Ahora solo se cuestiona qué pasará el próximo mes.
Y es que, la preocupación generada por las publicaciones en redes sociales ocurre en un contexto en el que las remesas son fundamentales para miles de familias nicaragüenses. Es una de las principales fuentes de ingresos de muchos del país. Según proyecciones del Diálogo Interamericano, en 2025 alcanzaron los 6101 millones de dólares y para 2026, se espera superen los 6700 millones.
Los estándares del GAFI y los nuevos umbrales
La fuente remarca que la UAF sigue aplicando en sus normativas la recomendación número 14, sobre los servicios de transferencias de dinero o valores. Esto implica que el GAFI solicita que todas las empresas o personas naturales que proporcionen servicios de remesas estén sujetas a licencia o registro, y que estás sean monitoreadas para asegurar el cumplimiento de la normativa. Igualmente, ocurre con la recomendación número 10 sobre la Debida Diligencia del Cliente (DDC).
“La recomendación 16 y 14 se alinea con la normativa de la UAF, ya que efectivamente pide clasificar a las empresas de remesas como Sujetos Obligados y exige que en cada envío se capture la información completa tanto del remitente como del destinatario (nombres, documento de identidad, país de origen, destino y ocupación), enviando periódicamente estos registros a la UAF a través del sistema en línea (SIREL)”, precisa.
Esto significa que los cambios introducidos en la nueva normativa para los Sujetos Obligados, insiste el especialista, responden principalmente a las recomendaciones del GAFI. Entre ellos, mantener una lista actualizada de sus agentes, incorporarlos en el programa de prevención, así como capacitar y supervisar a sus aliados comerciales.
En cuanto a la DDC, tanto las normativas derogadas como la actual mantienen este procedimiento, explica el especialista vinculado al sector bancario. La DDC consiste en verificar la identidad de los usuarios, el origen de los fondos y el propósito de las transacciones, requisitos que ya se aplicaban en la práctica.
En lo que sí identifica una diferencia, explica el especialista, es en los “umbrales”. La Resolución UAF-N-027-2026 ordena aplicar la DDC cuando se “realicen operaciones de remesas, independientemente de su valor”. Asimismo, el artículo 39, numeral 5, ratifica que toda la recolección exhaustiva de datos personales se aplicará “independientemente de la cuantía del servicio de pagos o transferencias de valor”.
La Recomendación 16 del GAFI establece umbral de minimis de hasta 1000 dólares para las transferencias electrónicas transfronterizas. Sin embargo, la nueva normativa nicaragüense no fija un monto mínimo para aplicar estos requisitos a los servicios de remesas, por lo que las obligaciones de identificación y recopilación de información pueden aplicarse independientemente del valor de la transferencia.
Por debajo de los 1000 dólares, el GAFI permite relajar los requisitos, pero no obliga a la institución financiera estrictamente recopilar información detallada, a menos que exista sospecha previa de lavado de activos, indica la recomendación.
“Esto solo implica que el volumen de transacciones por analizar será mayor y, en lugar de beneficiarlo, incluso podría restarle efectividad al monitoreo que realiza la UAF”, dice.
La interrogante, entonces, es si la UAF y las instituciones obligadas podrán procesar y monitorear este mayor volumen de información sin que el sistema se sature. Al aplicarse los controles y la verificación de identidad a las remesas desde el primer dólar o córdoba, las empresas deberán documentar, conservar y filtrar un número mayor de operaciones contra listas restrictivas.
En la práctica, esto también puede tener consecuencias en las ventanillas: los cajeros deberán solicitar y registrar información sobre el origen de los fondos, incluso en operaciones de bajo monto, lo que podría hacer más lentas las transacciones y requerir personal capacitado para recopilar y procesar esos datos
Otros cambios que introduce la nueva normativa
La diferencia con las anteriores normativas, ya derogadas, es que en el artículo 44 de la de 2019, obligaba a las empresas de remesas a informar a la UAF sobre cualquier nuevo agente o cancelación de este en un plazo de 10 días, para ello debían enviar el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), número de empleados y la dirección exacta.
En la actual normativa, el artículo 38 omite el plazo de los 10 días, y sólo indica que deben “mantener una lista actualizada de estos, incorporándolos en su programa de prevención y monitorear el cumplimiento.
Otro de los cambios, es que anteriormente el artículo 39 pedía a la institución que pagaba la remesa, detectara si faltaba información en los campos del sistema de mensajería. Ahora, añade el control de seguridad y obliga a adoptar medidas para “mitigar el riesgo de que se realicen transferencias a un beneficiario no deseado, mal dirigidas o erróneas”, es por ello, que actualmente se comprobará que el nombre y la cuenta del beneficiario en el mensaje de pago coincida con los de la institución.
Solo refleja la incorporación de nuevas actividades al régimen de prevención y la implementación de recomendaciones”, indica otra fuente consultada por DIVERGENTES, que habló bajo condición de anonimato.
En otras palabras, las instituciones financieras y las remesadoras continúan sujetas a estándares internacionales de prevención del lavado de activos y otros delitos financieros, que sirven de marco para las disposiciones adoptadas en Nicaragua.
Aunque la nueva normativa de la UAF introduce algunos ajustes, el especialista consultado del sector bancario considera que no representa un cambio sustancial en la recopilación de información sobre las remesas. Muchos de estos requisitos ya se aplicaban en la práctica y responden a los estándares y recomendaciones del GAFI.
Estas obligaciones alcanzan tanto a quien envía como a quien recibe el dinero. La normativa mantiene el deber de las instituciones que entregan remesas en Nicaragua de verificar la identidad del beneficiario al momento de entregar los fondos, independientemente del monto de la transferencia.
Por ello, aunque las publicaciones en redes sociales sugieren que ahora se exigirá proporcionar más datos personales a quienes reciben remesas, usuarios consultados por DIVERGENTES señalan que las entidades bancarias, agencias de pago y ventanillas ya solicitaban información como el nombre completo, la dirección, el número de documento de identidad o de cliente, así como la fecha y el lugar de nacimiento. Estos datos se verifican mediante la presentación de la cédula de identidad.