Este artículo se publica bajo nuestra iniciativa “DIVERGENTES apadrina tu opinión“, un espacio abierto para aquellas voces que el régimen Ortega-Murillo intenta silenciar. El texto lo firma “Moisés Castillo”, un lector de DIVERGENTES cuya identidad resguardamos bajo estricto anonimato por motivos de seguridad. La autoría y el contenido han sido verificados por nuestro director, Néstor Arce, quien conoce a la fuente y respalda esta publicación, garantizando el rigor y el proceso de edición periodística que caracteriza a nuestro medio frente a la censura.

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Por Moisés Castillo

En este año en particular, se ha notado una multiplicación de las entrevistas al señor Álvaro Somoza Urcuyo en distintos espacios del periodismo en el exilio, a través de sus canales en YouTube. A menudo estas entrevistas suelen centrarse en episodios históricos o anécdotas particulares, dejando de lado una cuestión mucho más importante: ¿cuál fue el verdadero legado político, económico e institucional de la familia Somoza y hasta qué punto contribuyó a establecer prácticas económicas y políticas malsanas que han perdurado mucho después de que sus miembros dejaron el poder?

Esta pregunta resulta especialmente relevante porque el señor Somoza Urcuyo tiende a relativizar o reinterpretar aspectos fundamentales de ese legado. Por ejemplo, insiste en despojar de responsabilidad a su abuelo en determinados acontecimientos, sin entrar a examinar el sistema que contribuyó a construir: la concentración personalista del poder, el debilitamiento de las instituciones y la utilización del Estado para proteger y ampliar intereses familiares y económicos.

Es aquí donde cobra especial relevancia el concepto de capitalismo mafioso, una forma extrema y destructiva de capitalismo clientelar, en la que la corrupción y los intereses privados se fusionan con el poder estatal. En ese sistema, las reglas convencionales de la economía de mercado, como la competencia, la igualdad ante la ley, la protección de los derechos de propiedad y la posibilidad de emprender sin depender de conexiones políticas, son sustituidas progresivamente por el favoritismo, el clientelismo, los monopolios, las concesiones privilegiadas y el acceso selectivo a los recursos y oportunidades que el Estado controla. Aquí, el éxito económico no depende principalmente de la capacidad de innovar, competir y crear valor, sino de la proximidad al poder.

Examinar críticamente este legado trasciende la mera entrevista sobre lo anecdótico, pues ante una eventual salida del régimen actual, la transición no debería limitarse a sustituir a quienes ejercen el poder, sino que debería representar una ruptura profunda con una cultura económica y política que, bajo distintos gobiernos e ideologías, ha permitido convertir el poder público en un instrumento al servicio de intereses familiares.

El propósito de esta reflexión, por tanto, no es culpar al señor Somoza Urcuyo por los actos de sus antepasados, sino examinar críticamente el legado que hoy reivindica o reinterpreta y plantear una pregunta esencial para el futuro del país: ¿cómo romper definitivamente el vínculo histórico entre poder político, enriquecimiento privado, personalismo e impunidad y sustituirlo por instituciones sólidas, un Estado de derecho y un capitalismo emprendedor e innovador?

El problema va mucho más allá del carácter dictatorial de los gobiernos del abuelo y tío de don Álvaro. Su abuelo no solo fue un dictador: contribuyó a crear, consolidar y arraigar una forma de ejercer el poder en la que los intereses del Estado, los políticos y los intereses económicos de la familia gobernante se confundían. Este modelo ayudó a sembrar las raíces de la plaga de capitalismo mafioso que ha azotado a Nicaragua a lo largo de buena parte de su historia: un sistema en el que la cercanía al poder político se utiliza para crear, proteger y ampliar la riqueza de la familia y allegados cercanos, mientras las instituciones públicas se prostituyen y se subordinan a los intereses clientelares.

Ese legado es mucho más importante y desafortunado que la discusión sobre la responsabilidad personal del abuelo del señor Somoza Urcuyo en episodios concretos de su vida. Él sostiene, por ejemplo, que su abuelo no fue el responsable directo de la ejecución de Sandino. Aun aceptando, para efectos del argumento, que no hubiera ordenado personalmente la ejecución, queda una pregunta fundamental: ¿qué hizo para investigar el crimen, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a los subordinados que lo cometieron? La responsabilidad del jefe del aparato militar no se limita necesariamente a haber impartido personalmente una orden; también comprende la obligación de impedir abusos, investigarlos y sancionarlos cuando ocurren.

Lo mismo puede decirse de otros episodios que marcaron aquella época. Su abuelo llegó al poder mediante un golpe de Estado contra su propio familiar, el legítimo presidente Sacasa; dos décadas más tarde, desconoció unas elecciones legítimas en las que participaba un líder considerado ejemplar por muchos de sus conciudadanos, como Enoc Aguado, y, junto con el poder militar, asaltó los centros de votación llevándose las papeletas a la Loma de Tiscapa. Estos acontecimientos, considerados en su conjunto y no de manera aislada, reflejan una concepción patrimonial del Estado: la idea de que las instituciones, las elecciones y los recursos públicos pueden ponerse al servicio de los intereses personales de un individuo.

El tío del señor Somoza Urcuyo, hermano de su padre, no rompió con el sistema de capitalismo mafioso heredado de su abuelo. Por el contrario, contribuyó a consolidarlo y fortalecerlo, profundizando la estrecha relación entre el poder político, el militar y el enriquecimiento privado ya establecida durante la generación anterior.

Uno de los elementos centrales de esa continuidad fue el fortalecimiento del aparato militar y, en particular, de una guardia armada de carácter personalista, cuya lealtad fundamental no descansaba necesariamente en las instituciones de la República, sino en la familia y en quienes ejercían el poder.

Este aspecto es importante porque el capitalismo mafioso difícilmente puede consolidarse únicamente mediante mecanismos económicos. Necesita también instrumentos de coerción, de protección e impunidad. Cuando quienes ejercen el poder político pueden apoyarse en una fuerza armada cuya supervivencia y privilegios dependen de ellos, se crea una relación de beneficio mutuo: el aparato coercitivo protege al régimen, mientras este protege los intereses y privilegios de quienes garantizan su permanencia, reduciendo al mismo tiempo la capacidad de la sociedad civil y los ciudadanos en general para exigir rendición de cuentas.

La importancia histórica del tío del señor Somoza Urcuyo radica, desde esta perspectiva, en que representó otro eslabón en la consolidación de ese modelo. Lo que había comenzado con su abuelo dejó de ser simplemente la práctica de un gobernante particular y adquirió carácter permanente. El problema ya no era únicamente una persona, sino una cultura de ejercicio patrimonial del Estado, en la que las fronteras entre familia, gobierno, aparato represivo e intereses económicos se volvían cada vez más difusas.

Ese legado resulta especialmente relevante para comprender la historia posterior del país. Una vez que se normaliza la idea de que la fuerza coercitiva puede servir para proteger a un gobernante, a una familia o a determinados intereses económicos, resulta extraordinariamente difícil construir instituciones verdaderamente republicanas.

Y es precisamente ese legado dañino el que Nicaragua necesita demoler si se pretende superar el pasado y construir un orden político y económico diferente. Esto último es desafío particularmente importante porque las prácticas políticas no necesariamente se extinguen cuando desaparece una familia gobernante. Pueden sobrevivir convertidas en redes informales, hábitos y expectativas.  

En ese sentido, la “escuela” original del modelo fue la del abuelo del señor Somoza Urcuyo. Esto no significa atribuirle a este todos los males posteriores del país, lo cual sería históricamente simplista, pero sí demanda reconocer que ciertos gobernantes desempeñan un papel decisivo en la creación y normalización de prácticas malsanas y contraproducentes que luego resultan extraordinariamente difíciles de erradicar

Ortega, el actual co-dictador de Nicaragua, no solo ha reproducido ese modelo, sino que lo ha fortalecido y llevado a extremos que probablemente habrían sido difíciles de imaginar en épocas anteriores. En ese sentido, aunque provenga de una tradición política aparentemente opuesta, ha terminado por convertirse en uno de los alumnos más aventajados de aquella vieja escuela.

Algo que, evidentemente, ha cambiado es el lenguaje utilizado para legitimar el poder. Tacho I y Tacho II recurrían a un discurso de admiración y cercanía hacia Estados Unidos y presentaban su régimen como defensor del orden, de la estabilidad y de determinados valores occidentales. Ortega utiliza una retórica distinta: populista y abiertamente antiestadounidense.

Sin embargo, detrás de discursos ideológicamente contrapuestos puede encontrarse una lógica de poder sorprendentemente similar: la concentración de poder político y económico, la utilización de las instituciones del Estado y del aparato coercitivo para favorecer a los círculos cercanos al gobernante, el debilitamiento de los controles institucionales y la subordinación progresiva de la economía a intereses familiares y clientelares.

Naturalmente, también existen diferencias importantes en el ejercicio del poder. El régimen actual dispone de instrumentos de control político que corresponden a otra época: la movilización organizada de sectores de la población, el uso intensivo de las redes sociales y de los medios de comunicación, la vigilancia política, el encarcelamiento abiertamente arbitrario de opositores y la represión descarada, entre otros mecanismos. Pero estas diferencias no deben ocultar la continuidad fundamental que aquí interesa señalar. El discurso y hasta los procesos dictatoriales pueden cambiar un tanto mientras la cultura patrimonial y mafiosa del poder permanece.

Desde esta perspectiva, el actual dictador no representa realmente la antítesis del sistema creado por el abuelo y el tío del señor Somoza Urcuyo. En un sentido importante, representa su evolución extrema. El capitalismo mafioso inaugurado entonces —entendido como la utilización del poder político para crear, proteger y expandir intereses económicos particulares, familiares y clientelares— ha sido perfeccionado y llevado por el régimen actual a dimensiones mucho mayores.

Este es precisamente uno de los grandes problemas históricos de la nación: la persistencia de la cultura del político “vivo”, es decir, del gobernante que considera la conquista del poder no como una responsabilidad temporal de servicio público, sino como una oportunidad para controlar instituciones, distribuir privilegios, premiar lealtades y construir fortunas. Mientras el país no rompa definitivamente con esta cultura, continuará atrapado en un círculo en el que cambian los gobernantes y, a lo mejor, las justificaciones ideológicas, pero las prácticas semejantes sobreviven.

La verdadera ruptura que necesita el país, por tanto, no es simplemente pasar de una dictadura a otro gobierno. Debe producirse una transformación mucho más profunda: pasar del capitalismo mafioso al capitalismo emprendedor; del Estado patrimonial al Estado institucional; del privilegio a la competencia; y de la impunidad al imperio de la ley. Sin esa transformación, cualquier transición política corre el riesgo de limitarse a cambiar a quienes se benefician del sistema sin modificar el sistema mismo.

Por esa misma razón, nuestra sugerencia al señor Somoza Urcuyo sería que reflexione seriamente sobre la conveniencia de asumir un papel, incluso medianamente protagónico, en una eventual transición política. La cuestión no es lo que él piense o afirme sobre sus propias intenciones. Es también un problema de confianza pública, de legitimidad histórica y de percepción ciudadana. Por ello, quizás la contribución más constructiva que el señor Somoza Urcuyo podría hacer al futuro de la nación es evitar el figureo y, si lo desea, apoyar la construcción de instituciones que impidan la repetición de aquel modelo.

Existe aquí una analogía que ayuda a entender la dificultad. Sería problemático que, después de la actual dictadura, un familiar cercano del gobernante actual pretendiera asumir un papel político central en la construcción del nuevo orden democrático y pidiera a la ciudadanía que separara por completo su persona del legado familiar. Podría tratarse de una persona competente, democrática y bienintencionada, pero inevitablemente surgirían interrogantes sobre la continuidad, los intereses, las lealtades y la legitimidad. Una transición democrática necesita no solo instituciones nuevas, sino también símbolos creíbles de ruptura con el pasado.

Algo semejante ocurre con el señor Somoza Urcuyo, en particular si continúa asumiendo el papel de defensor o de revisionista del legado político de su abuelo. Cuanto más insiste en minimizar o reinterpretar ese legado, más difícil resulta convencer a otros de que representa una ruptura clara con la cultura política que aquel régimen contribuyó a establecer.

Esto no significa negarle sus derechos ciudadanos ni sostener que una persona deba responder automáticamente por las acciones de sus antepasados. Nadie hereda la culpa de sus familiares. Pero la legitimidad política es una cuestión distinta. Cuando alguien decide reivindicar públicamente un legado familiar controvertido y, al mismo tiempo, aspira a desempeñar un papel central en la reconstrucción política de un país, ese legado pasa legítimamente a formar parte del debate sobre su credibilidad.

Recalcamos: El país necesita una ruptura inequívoca con todas las modalidades del capitalismo mafioso, independientemente de que se presenten envueltas en retórica pro-estadounidense, anti-estadounidense, conservadora, revolucionaria o populista.

Por supuesto, no se trata de rechazar el capitalismo sino de construir una forma distinta: un capitalismo emprendedor, competitivo y productivo en el que la riqueza se genere principalmente mediante la innovación, el trabajo, la inversión y la creación de valor, y no mediante privilegios obtenidos del Estado. Los países que han logrado avanzar en esa dirección no eliminaron el interés privado; construyeron instituciones capaces de impedir que ese interés capturara sistemáticamente al Estado.

Si Nicaragua y los nuevos líderes que, tarde o temprano, protagonizarán cambios en el país no aprenden esta lección histórica y no rompen con los esquemas, incentivos y mentalidades que permiten el capitalismo mafioso, el riesgo es continuar repitiendo el mismo ciclo. Podrán incluso cambiar los apellidos, los partidos y las ideologías, pero si permanece intacta la relación perversa entre el poder político, el enriquecimiento privado y la impunidad, el problema de fondo seguirá siendo esencialmente el mismo.

Al mismo tiempo, una economía de mercado sana necesita un Estado competente. El Estado debe cumplir eficazmente sus responsabilidades esenciales: garantizar la seguridad y el Estado de derecho, proporcionar infraestructura, ampliar el acceso a una educación de calidad, proteger la competencia, establecer reglas transparentes y proporcionar los bienes públicos indispensables para que los ciudadanos y las empresas puedan desarrollar su potencial. La verdadera disyuntiva, por tanto, no es entre Estado y mercado, sino entre un Estado capturado por intereses particulares y un Estado institucional que crea las condiciones para que funcione una economía competitiva, emprendedora e innovadora.

Aquí existe un espacio y un papel particularmente importantes para el periodismo nicaragüense en el exilio, en especial en este período de pre-transición. Además de documentar los abusos del régimen y analizar la coyuntura política, los periodistas podrían dedicar una parte creciente de sus entrevistas y programas a explorar cómo construir el país posterior a la combinación dictadura-capitalismo mafioso. Parte de su responsabilidad incluye convertirse en autodidactas en economía política y en la transición política de sistemas cerrados a sistemas abiertos. Y hoy en día, los medios digitales abren un enorme espacio de oportunidades para aprender.

Economistas, empresarios independientes, emprendedores, especialistas en competencia, académicos, expertos en instituciones y protagonistas de transiciones exitosas en otros países podrían ayudar a esclarecer estos temas.

El debate sobre una transición democrática debería comenzar, por tanto, antes de que dicha transición ocurra. Preguntas como qué hacer con los monopolios creados o protegidos políticamente, cómo separar negocios y poder, cómo fortalecer la competencia, cómo estimular el emprendimiento y la innovación, y qué tipo de Estado necesita una economía moderna deberían ocupar un lugar mucho más prominente en las mesas redondas y en las entrevistas de los periodistas nicaragüenses en el exilio. Se requiere conocer, dialogar, empaparse y ayudar a difundir prácticas que contribuyan a desmantelar los sistemas gubernamentales y económicos perversos.

En última instancia, el objetivo de una transición no debería ser simplemente pasar de una dictadura a una democracia electoral, sino también avanzar del capitalismo mafioso hacia un capitalismo emprendedor e innovador, en el que la principal vía para prosperar sea crear valor y no cultivar conexiones con quienes controlan el gobierno. Ese cambio cultural, institucional y económico probablemente será tan importante para el futuro de Nicaragua como la propia transición política. Y en esta tarea se requiere de periodistas que ayuden a orientar a la ciudadanía en la construcción de nuevos y mejores rumbos para el país.