Al menos durante los últimos años, los países centroamericanos han experimentado un preocupante giro hacia nuevas formas de autoritarismo. Los casos más críticos son Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero hasta la estable democracia costarricense se ha visto envuelta en esta dinámica. El período crítico de la pandemia provocada por el Covid-19, entre 2020 y 2021, se convirtió en un incentivo que reforzó a estos nuevos autoritarismos que tienen como sus expresiones más evidentes los presidencialismos; el control y subordinación de otros poderes estatales al ejecutivo; la extensión y fortalecimiento de los enfoques militaristas y la militarización de la sociedad para sofocar los conflictos y la movilización social; así como el incremento de la corrupción, entre otros. Como consecuencia el Estado, los sistemas políticos y la institucionalidad pública se han debilitado seriamente; la toma de decisiones se ha centralizado y los derechos ciudadanos están seriamente lesionados.

Estos nuevos autoritarismos presentan patrones similares, a pesar de las configuraciones específicas en las estructuras de poder, así como las interacciones entre los diferentes actores que existen en cada país. Los más destacados son:

1. El reforzamiento del presidencialismo y la centralización en la toma de decisiones. En Centroamérica, los poderes ejecutivos siempre han tenido una tendencia hacia el presidencialismo; sin embargo, desde hace al menos cinco años las figuras presidenciales se han reforzado con la centralización de la toma de decisiones como ha sucedido en el caso de Nicaragua, con Daniel Ortega y Rosario Murillo; El Salvador, con Nayib Bukele; Honduras, con Xiomara Castro y su clan familiar; Guatemala, con Alejandro Giammattei, y en menor medida, Costa Rica. Las figuras presidenciales se han vuelto destacadas porque operan procesos de control y subordinación sobre los aparatos gubernamentales y los demás poderes estatales; pero además, porque ahora emplean recursos de la llamada “tecnopolítica”.

2. La ruptura del balance e independencia entre los poderes estatales, como consecuencia del reforzamiento de los presidencialismos. En casos como Nicaragua, El Salvador y Guatemala se ha efectuado un proceso de captura y subordinación del poder judicial, de tal manera que las Cortes Supremas de Justicia y el sistema de administración de justicia, responden a las decisiones de los ejecutivos. Por otra parte, en Nicaragua y El Salvador, los aparatos legislativos también se encuentran bajo el control de los ejecutivos; y en Honduras, hay fuertes tensiones entre las diferentes fuerzas políticas para controlar tanto el Congreso como a la Corte Suprema de Justicia.

3. El militarismo y la militarización de las sociedades bajo el pretexto de la pandemia por el coronavirus además de los graves problemas de inseguridad y violencia que prevalecen en toda la región. Las medidas de confinamiento y control necesarias para enfrentar la pandemia provocada por el Covid 19, sirvieron de justificación para reforzar los enfoques militaristas de control social y político de parte de los ejecutivos, darle un nuevo protagonismo a las fuerzas castrenses y extender entre la población la idea de que las soluciones a la inseguridad y violencia descansan en el endurecimiento de las políticas de seguridad, el incremento de los aparatos policiales, el involucramiento de los militares en asuntos de orden interno y la imposición de estados de excepción, tal como ha sucedido en Nicaragua, El Salvador,  Honduras y Guatemala.

4. El incremento de la corrupción y la opacidad en la gestión estatal. La corrupción se ha convertido en un cáncer que carcome a las sociedades centroamericanas por igual; la emergencia generada por la pandemia significó la vulneración de muchos procedimientos y mecanismos de control establecidos para el manejo de los recursos estatales a fin de responder rápidamente a la situación. Pero una vez superada la etapa crítica, se ha mantenido la discrecionalidad, dando lugar a numerosos casos de corrupción al más alto nivel, la nula transparencia y rendición de cuentas. A los funcionarios públicos, particularmente los fiscales que se han atrevido a investigar, los han perseguido y criminalizado como en El Salvador y Guatemala.

5. Severas restricciones a los derechos ciudadanos y humanos, que se expresan en persecución a la prensa independiente, activistas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, defensores del medioambiente y los recursos naturales, líderes indígenas y de minorías significativas, restricciones al derecho de organización y movilización social, entre otros. Aunque este tipo de control y violencia estatal existe desde hace tiempo, durante los últimos años se ha incrementado en todos los países, particularmente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Esta regresión autoritaria ocurre en un contexto socioeconómico también complejo en el que grandes mayorías de población experimentan condiciones de inequidad, marginación y exclusión. Aunado a la pobreza, las difíciles condiciones económicas acentuadas por los efectos de la pandemia, la inseguridad y violencia, así como el incremento de la violencia política, la represión estatal y los autoritarismos, las posibilidades de futuro sobre todo para las generaciones jóvenes de centroamericanos se han reducido sensiblemente, de manera que decenas de miles se desplazan de manera forzada hacia otros destinos, especialmente Estados Unidos, en la búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias. Por sus características geográficas e históricas, Centroamérica es una región sumamente importante para otros flujos migratorios como los venezolanos, colombianos y personas de otros continentes que transitan por el istmo en su ruta hacia el norte.

Los estados han respondido a este torrente humano de desplazamiento forzado con políticas públicas que descansan en enfoques de seguridad, criminalizan a los migrantes irregulares, exponiéndolos a grandes riesgos y violaciones a sus derechos humanos, y desprotegidos frente a los grupos criminales.

Frente a estas tendencias autoritarias y de desigualdad, Centroamérica cuenta con un importante capital social de organizaciones defensoras de derechos, medios y periodistas independientes que fiscalizan al poder y una ciudadanía movilizada que todos los días da la pelea en todos los espacios posibles para detener estas dinámicas perversas. Una pelea desigual, a contracorriente y de largo plazo en la que el éxito no está del todo asegurado.