La situación política de Nicaragua, en donde Daniel Ortega y Rosario Murillo han concentrado un poder absoluto, sin contrapesos y de corte totalitario, “marca significativamente a la región centroamericana”, según un análisis de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social (FDSI) divulgado este martes.
“La situación de Nicaragua marca significativamente a la región, debido a que algunos gobiernos pueden intentar replicar el modelo de concentración de poder y violación sistemática a los derechos ciudadanos que actualmente gestiona de forma impune el gobierno Ortega-Murillo”, advirtió ese organismo en el análisis de coyuntura denominado “Retos y desafíos de la democracia en Centroamérica”.
Según el Índice de Democracia 2022 elaborado por The Economist Intelligence Unit, Nicaragua fue clasificado como un país con un régimen híbrido autoritario, lo que indica una disminución en la calidad democrática, reseñó ese organismo en su estudio.
Asimismo, la FDSI alertó que el estado actual de la democracia en Centroamérica “es delicado, debido a que los gobiernos están manipulando las leyes a su favor, no están respetando el Estado de Derecho ni las libertades ciudadanas, y se han convertido en focos de corrupción e incluso narcotráfico”.
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Autoritarismo en aumento
“En ese sentido, el caso de El Salvador es alarmante, pues el presidente Nayib Bukele está concentrando poder y violentando los derechos humanos sin restricciones”, puntualizó la FDSI.
En tanto, “Guatemala tiene una crisis de credibilidad ante la opinión pública internacional, debido a la permisividad con la corrupción y las violaciones a los derechos humanos”, continuó. “Mientras que Honduras es tildado de narcoestado por sus vínculos con grupos de narcotraficantes”.
Por tanto, a juicio de ese organismo, “la región centroamericana tiene el desafío de continuar formando liderazgos comprometidos con los valores democráticos y representen cambios reales a los sistemas políticos corruptos y potencialmente dictatoriales de la actualidad”.
“Es fundamental reconocer el papel fundamental de las juventudes y las organizaciones de sociedad civil en la lucha por los derechos humanos y la democracia en la región. Su activismo y movilización han demostrado ser agentes de cambio y deben ser apoyados y fortalecidos”, apuntó.
Para ese organismo, “es imperativo que exista un mayor apoyo financiero y de donantes para fortalecer la democracia y los derechos humanos en Centroamérica”.
Fondo común prodemocracia
Asimismo, la FDSI abogó por la creación de un fondo común regional que promueva los valores democráticos y apoye iniciativas de incidencia fundamentales para lograr un cambio sostenible en la región.
“En resumen, la situación de la democracia en Centroamérica requiere un abordaje integral y coordinado. Es necesario fortalecer la participación ciudadana, promover una visión democrática en todos los ámbitos, fomentar la igualdad económica y social, y apoyar a las organizaciones de sociedad civil y las juventudes en sus esfuerzos por defender los derechos humanos y la democracia”, recomendó.
La FDSI se define como un organismo que tiene el compromiso de ser un catalizador de agentes de cambio que impulsen esfuerzos para la transformación social, política y económica en América Latina y Estados Unidos, mediante la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad, la democracia como sistema político, entre otros.
Está integrado por un equipo de profesionales, dirigido por el catedrático nicaragüense exiliado en Costa Rica, Donald Muñoz Canales, y tiene como fin ayudar a promover el desarrollo sostenible y la innovación social en poblaciones vulnerables en entornos desafiantes.