Ya se sabía que el Gobierno de Rodrigo Chaves llegó en 2022 con una visión ambiental diferente de la que primó por décadas, en las que Costa Rica logró exponerse al mundo como el ejemplo centroamericano de conservación, incluso obteniendo mucho dinero por la industria turística que se desarrolló desde los años 90.
Era conocido que Chaves y su equipo han reiterado su “pragmatismo” y el afán de mayor aprovechamiento económico de los recursos naturales, distanciándose del discurso conservacionista, al que achaca motivaciones ideológicas e insensibles con las necesidades de las poblaciones costeras.
Todo eso se sabía y motivaba las críticas de sectores ambientalistas, pero hasta mitad del cuatrienio, Chaves y su ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, no se habían visto involucrados en sospechas de favorecer ilegalmente a algunos de esos proyectos de inversión a costa del patrimonio natural. Ahora sí lo están: ambos enfrentan un escándalo por tala de bosques en una zona restringida del Caribe Sur del país, en el refugio Gandoca-Manzanillo, una zona que miles de turistas visitan para disfrutar de la naturaleza y el ambiente afrocostarricense.
La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Ambiental despliegan una intensa investigación que ya ha provocado una serie de allanamientos en edificios públicos y casas privadas, además de detenciones momentáneas en las que se incluyen a un empresario, que en el Gobierno actual ha visitado al menos siete veces la Casa Presidencial, sin que se conozca aún para qué.
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Se trata de una investigación por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica, aunque en un expediente paralelo aparecen Chaves y Tattenbach como sospechosos de “tráfico de influencias” por unas fiestas que celebraron el equipo de Gobierno en una casa de campo relacionada con ese inversionista, llamado Allan Pacheco Dent.
Chaves lo ha calificado como un “escandalillo falso” y lo ha atribuido a las denuncias de un diputado de izquierda llamado Ariel Robles, quien asegura basarse en las denuncias de grupos de vecinos que desde mayo alertaron ante los camiones con tucas de madera en el camino que viene desde el refugio.
“Hubo 26 allanamientos este miércoles y una inversión significativa de este tipo de operaciones (…) toda esa logística y trabajo representa una inversión significativa que el Ministerio Público no va a realizar por un escándalo”, dijo este jueves en la radio el diputado Robles, quien incluso ha revelado amenazas de muerte contra vecinos denunciantes y la asignación de protección judicial especial para ellos y para él.
Chaves niega irregularidad
Chaves niega irregularidad alguna de su Gobierno, aunque dice conocer de otros casos de tala ilegal de mayores dimensiones que no se están investigando. Lo que no niega es el deseo de explotar áreas naturales del Caribe Sur para el desarrollo inmobiliario que aumente la actividad turística y, por tanto, el beneficio económico para los lugareños.
“Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna (…) ¿Cuál es el balance correcto? Unos quieren construir hoteles cinco estrellas y otros abogan por dejárselo a los monitos”, dijo el mandatario en mayo, en una de sus frases atrevidas que provocan fuertes reacciones en sectores críticos y aplausos de fieles seguidores que forman un núcleo duro de apoyo de casi 50% en las encuestas. Las posiciones polémicas del Gobierno, el incumplimiento de numerosas promesas, ni la existencia de 42 causas judiciales han bastado para minar el respaldo de grupos de la población, sobre todo en las provincias costeras.
Por eso Chaves intenta aumentar la actividad turística, que ya genera uno de cada 11 empleos en el país y que en julio alcanzó un récord histórico de visitantes para ese mes del año, lo que supone la posibilidad de que 2024 también logre cifras máximas de visitación y se consolide la recuperación postpandemia.
“La gallina de los huevos de oro”
Los bosques y playas salvajes siguen siendo la “gallina de los huevos de oro” para miles de empresas pequeñas y medianas que lucran con el estilo de turismo ajeno a los grandes hoteles y movimientos masivos, como el del Caribe Sur, pero el impacto es innegable, tanto como las tentaciones de crecimiento y los riesgos.
“El turismo y la agricultura junto con el desarrollo de infraestructura, la contaminación y el cambio climático, ejercen presiones sobre la biodiversidad”, señalaba en 2023 un reporte de desempeño ambiental de Costa Rica hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“La falta de planes de uso de suelos es un factor indirecto de la pérdida de biodiversidad. Exacerba la alta vulnerabilidad de Costa Rica a los peligros naturales relacionados con el clima y las presiones sobre las zonas costeras, que albergan gran parte de los nuevos desarrollos relacionados con el turismo”, añadía el reporte, que ya advertía del deterioro en humedales, manglares y otros hábitats en zonas costeras.
El problema ahora no es sólo la falta de uso de suelos, sino la existencia de uno de ellos elaborado en supuesta complicidad de empresarios privados con funcionarios de distintas entidades estatales para el cantón Talamanca. Esta es la jurisdicción donde se ubica el refugio Gandoca-Manzanillo, cuya delimitación es objeto de controversia, aunque desde 2019 la Sala Constitucional ordenó trazar la demarcación con claridad y un borrador de decreto con ese fin espera desde 2023 la firma del ministro Tattenbach.
”Se investiga la presunta complicidad de intereses económicos dentro de la creación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca, para el otorgamiento de permisos de construcción dentro de la zona restringida”, explica el Ministerio Público sobre las diligencias de sus fiscales.
Cinco funcionarios y el empresario Pacheco estuvieron detenidos unos días hasta que un juez procesal rechazó medidas cautelares por falta de pruebas, pero los investigadores continúan la búsqueda de información en oficinas y casas, entre estas la del alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, a quien Chaves ha reconocido públicamente por el trabajo con ese plan regulador.
“Al parecer, el plan se hizo contraviniendo la normativa nacional e internacional”, añade el reporte judicial en alusión a reglas sobre la protección de humedales y las posibles ilegalidades en el proceso en que participó la Presidencia, según la exposición que hizo en abril el propio Chaves sin pensar en que eso iba afectarlo, o iba a provocar una jornada de 26 allanamientos judiciales, como la de este miércoles.