El Consejo de Comunicación y Ciudadanía del régimen sandinista difundió el pasado 2 de mayo una misiva en la que enumera supuestos avances en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin embargo, el discurso oficial se sostiene principalmente en un supuesto cumplimiento formal: leyes aprobadas, títulos entregados e infraestructura inaugurada, obviando que persisten denuncias sobre la falta de protección efectiva de los derechos humanos en estos territorios.
Informes de organismos internacionales y organizaciones que trabajan directamente en las comunidades advierten que este modelo no garantiza derechos en la práctica, y que el relato gubernamental omite problemas estructurales como la violencia territorial, la falta de consulta previa y el avance de actividades extractivas. Es decir, en lugar de reflejar bienestar, el discurso encubre un esquema de control político y despojo que limita la autodeterminación de estos pueblos.
El FSLN no “creó” los derechos indígenas
En la misiva, Rosario Murillo afirma que “Nicaragua cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados del mundo en materia de reconocimiento efectivo a los derechos de pueblos originarios y afrodescendientes”. Para sostener esta afirmación, el documento enumera leyes como la Ley 455 sobre propiedad comunal, la Constitución Política —que reconoce derechos culturales y territoriales— y la Ley de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe, que en teoría garantiza la participación de estas comunidades en la gestión de sus asuntos.
A este marco se suman otras normativas, como la Ley de Demarcación y Titulación de Tierras, la Ley de Lenguas, la Ley General de Educación —que incorpora el Sistema Educativo Autonómico Regional—, la Ley General de Salud con enfoque intercultural y el decreto de creación de la Región Especial de Desarrollo Alto Wangki-Bocay.
Iban, un defensor de derechos humanos que en condición de anonimato conversó con DIVERGENTES, en consulta con el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) de Nicaragua, cuestiona lo dicho por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pues presenta una “narrativa de progreso en materia de derechos, bienestar e inclusión para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe”, pero advierte que la exposición se apoya principalmente en el desarrollo del marco jurídico nacional y en la acción institucional del Estado, “proyectando una imagen de consolidación del régimen autonómico.
Según explica, la autonomía regional aprobada en 1987 no surgió en un contexto de armonía política, sino en medio de conflictos armados, desplazamientos forzados y fuertes tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas. Más que una concesión unilateral del Gobierno, fue también resultado de décadas de presión política, organización comunitaria y resistencia territorial. “Esa omisión que no es menor” intenta distorsionar el origen de los derechos, legitima el discurso actual del régimen y refuerza la idea de que el Estado es el único garante.
A eso se suma el papel que ha tenido la jurisprudencia internacional. Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Awas Tingni vs. Nicaragua y el Caso YATAMA vs. Nicaragua obligaron al Estado a revisar prácticas relacionadas con participación política y derechos territoriales. Más recientemente, la sentencia sobre los pueblos Rama y Kriol vinculada al proyecto del canal interoceánico volvió a evidenciar conflictos no resueltos sobre consulta previa y control del territorio.
“Vino a poner en evidencia tensiones no resueltas en torno a la consulta previa, la protección del territorio y el alcance de las decisiones estatales en estos espacios”, dice Iban.
Para especialistas consultados, presentar los derechos indígenas únicamente como resultado de la voluntad estatal invisibiliza las luchas históricas de las propias comunidades y refuerza la idea de que el gobierno es el único garante de esos derechos.
La titulación territorial no frenó el despojo
El régimen también sostiene que desde 2007 dio un “impulso extraordinario” y un “hito mundial” al proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas, asegurando que entregó títulos sobre más de 37 000 kilómetros cuadrados, equivalentes a cerca del 30% del territorio nacional.
Aunque el proceso de titulación avanzó formalmente, organizaciones indígenas y ambientales denuncian que el Estado nunca completó la etapa más importante: el saneamiento territorial, es decir, la expulsión de terceros o colonos asentados ilegalmente en tierras comunales.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río sostiene que el régimen permite y fomenta el asentamiento de colonos invasores, y tampoco creó un mecanismo de implementación y acompañamiento de este proceso, lo que ha vaciado el contenido real del título de propiedad comunal y ha provocado la invasión forzada donde desplazan, venden las tierras, se capitalizan y vuelven a invadir los colonos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también contradice la narrativa oficial. En su informe Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua, la Comisión advierte que la violencia en la región “se ha intensificado como resultado de la invasión de territorios indígenas y afrodescendientes por personas no indígenas, conocidas como ‘colonos’, un fenómeno que —según la Comisión— ha sido “facilitado por el interés del Ejecutivo en apropiarse de los recursos naturales de la región, en un contexto de corrupción e impunidad”.
El organismo retoma hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), que sostiene que el Estado utiliza a los ‘colonos’ “para reconfigurar, hacerse con el control y explotar las tierras comunales”. Agrega que, tras la paralización del saneamiento territorial, las invasiones aumentaron drásticamente y derivaron en ataques armados, desplazamientos forzados y destrucción ambiental.
“Las comunidades indígenas y afrodescendientes han denunciado ante la CIDH enfrentarse a una grave crisis humanitaria y a un ‘etnocidio’”, señala el informe; factores que han puesto “en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
La autonomía regional está bajo control político
El discurso oficial presenta a los gobiernos autónomos como espacios de participación y representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, organizaciones indígenas y organismos internacionales advierten un progresivo debilitamiento de la autonomía política en la Costa Caribe.
Investigaciones del OPIA, “sugieren que el debilitamiento de la autonomía no se limita a restricciones formales. En algunos casos, se observan dinámicas más complejas, donde la toma de decisiones en los espacios comunitarios se ve progresivamente desplazada o reconfigurada”, esto trae como consecuencia la “aparición de estructuras paralelas, en la reducción de espacios deliberativos o en la pérdida de capacidad de decisión sobre asuntos locales”.
En las elecciones regionales de marzo de 2024, el FSLN concentró todos los escaños de los consejos regionales autónomos “en un contexto en el que la competencia política aparece restringida y donde actores indígenas con trayectoria histórica, como YATAMA, no participaron en condiciones de normalidad”, indica Iban.
Organizaciones indígenas también denuncian un progresivo control político de las estructuras autonómicas. Los Consejos Regionales permanecen bajo dominio del FSLN y actores históricos como YATAMA fueron excluidos del escenario político tras la cancelación de su personería jurídica. Líderes indígenas como Brooklyn Rivera —actualmente en condición de desaparición forzada, según organismos de derechos humanos— y Steadman Fagoth han sido perseguidos o detenidos por el régimen.
La CIDH concluyó que “la cooptación de las autoridades regionales y municipales por el FSLN facilitó el progresivo socavamiento de los gobiernos tradicionales indígenas y afrodescendientes”, mediante prácticas de “coacción y manipulación” hacia autoridades comunitarias, incluyendo “la retención arbitraria de las asignaciones presupuestarias”, exclusión de proyectos sociales y “la intimidación y amedrentamiento mediante el uso de los aparatos policiales y parapoliciales”.
El organismo también documentó la “instrumentalización o desnaturalización de los sistemas de elección tradicionales a favor de los intereses del Gobierno”, así como la imposición de gobiernos “paralelos” que sustituyeron a las autoridades legítimamente electas por las comunidades. Para la Comisión, estas acciones no solo erosionaron la gobernanza indígena, sino que “generó un entorno propicio para la ocupación de tierras por colonos y la expansión de actividades extractivistas”.
Ruiz añade que los procesos electorales también influyeron en este desplazamiento. Según explica, durante campañas políticas se promovió el acceso a tierras como parte de estrategias de pacificación, lo que, sumado al avance de la frontera agrícola, la pobreza y la falta de control estatal, facilitó la ocupación progresiva de territorios indígenas por colonos.
La consulta previa no se cumple como afirma el régimen
El Consejo de Comunicación y Ciudadanía asegura que cualquier proyecto relacionado con recursos naturales en territorios indígenas debe contar con “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades. No obstante, Fundación del Río y organizaciones indígenas sostienen que este mecanismo ha sido vulnerado de manera sistemática.
Durante una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fundación del Río denunció que el cierre de organizaciones ambientales y territoriales facilitó la entrega de 71 concesiones mineras a empresas chinas, de las cuales al menos 29 afectan territorios indígenas y afrodescendientes.
Según Ruiz, varias de estas concesiones violan estándares internacionales de consulta previa y la propia Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas. En algunos casos, afirma, las comunidades ni siquiera fueron informadas de que sus territorios habían sido concesionados. Situación que preocupa a Ruiz, pues señala que los proyectos extractivistas y concesiones han sido aprobados utilizando gobiernos paralelos o liderazgos afines al FSLN para firmar autorizaciones sin consentimiento real de las bases comunitarias.
El caso del fallido canal interoceánico y las concesiones mineras en el Caribe son citados como ejemplos de decisiones tomadas sin consulta efectiva a las comunidades afectadas, indica Iban.
Infraestructura no equivale a autonomía
El régimen también presenta como logros la construcción de hospitales, carreteras, escuelas y programas educativos interculturales en la Costa Caribe. Aunque Iban reconoce avances en infraestructura y acceso a ciertos servicios, advierten que esto no significa necesariamente el fortalecimiento de la autonomía indígena.
Iban explica que la educación intercultural todavía enfrenta dificultades para incorporar de manera sostenida contenidos propios de los pueblos del Caribe, mientras que el reconocimiento de las lenguas indígenas no siempre se traduce en su uso efectivo dentro de instituciones públicas y sistemas de justicia.
En salud, agrega, la integración de saberes ancestrales continúa siendo parcial y persisten problemas de atención especializada en comunidades remotas.
Además, la respuesta del Estado ante desastres naturales (como los huracanes Eta e Iota) fue criticada por ser discriminatoria, priorizando a simpatizantes del partido en la entrega de ayuda.
Esto significa que “la autonomía no puede reducirse a la provisión de infraestructura o a la ampliación de servicios, aunque estos sean necesarios. La construcción de carreteras, centros de salud o programas sociales forma parte de las obligaciones estatales, pero no agota el contenido de la autonomía”, esto implica que la situación es más compleja que está vinculada al autogobierno y a la capacidad de los pueblos para definir sus propias prioridades de desarrollo, agrega el defensor de derechos humanos, Iban.
En conjunto, los informes y testimonios consultados muestran que la narrativa presentada por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía se sostiene principalmente en avances legales e institucionales, pero omite las denuncias sobre violencia, despojo territorial, control político y falta de garantías reales para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Más que una autonomía plenamente consolidada, las comunidades continúan enfrentando conflictos históricos que ponen en riesgo su territorio, su organización y su supervivencia cultural.