El régimen de Nicaragua activó un amplio despliegue mediático tras el femicidio de la joven tiktoker Junieysis Adely Merlo Espinoza en Costa Rica, con exigencias oficiales dirigidas a las autoridades de ese país y una cobertura sostenida en sus medios de propaganda.
Esta reacción ocurre en contraste con la ausencia de pronunciamientos en otros casos de nicaragüenses asesinados, como Roberto Samcam, Rodolfo Rojas, o los atentados contra el opositor Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, todos ocurridos también en esa nación. A esto se suma el silencio frente al aumento de femicidios dentro de Nicaragua, lo que, según analistas, evidencia un uso selectivo del discurso oficial.
Junieysis, de 29 años, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026. Su desaparición se denunció el 2 de abril y su cuerpo fue hallado el 9 de este mismo mes, enterrado en una fosa dentro de la vivienda que compartía en San José con su expareja Gustavo Ramírez de 57 años, principal sospechoso de su muerte. El caso es investigado como femicidio por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que avanzó en el proceso en pocos días y detuvo a Ramírez, quien se encuentra en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
El viernes 10 de abril, la copresidenta Rosario Murillo se refirió públicamente al caso durante su acostumbrada alocución del mediodía. “Tenemos aquí también, compañer@s, las gestiones que se realizan desde nuestra Policía Nacional ante las Autoridades de Costa Rica, para solicitar, requerir un informe sobre el asesinato de Junieysis Adely Merlo Espinoza”, afirmó, según la reproducción hecha por el portal de propaganda sandinista El 19 Digital.
El pronunciamiento se produce sin que existan registros recientes de exigencias similares ante la Policía Nacional por femicidios ocurridos en Nicaragua, ni por ataques contra opositores en el exterior. En la misma semana en que se conoció este caso, una mujer fue asesinada en El Rama, en la Costa Caribe Sur, en un crimen que evidenció el nivel de violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo con reportes de medios nicaragüenses, la víctima fue golpeada, amarrada de pies y manos y luego atada a un caballo que la arrastró por casi dos kilómetros, mientras su agresor lo azotaba para que avanzara más rápido hasta causarle la muerte.
Pese a la brutalidad del caso y al impacto que generó a nivel local, no hubo un posicionamiento público de Murillo, ni un despliegue mediático comparable con el caso de la joven tiktoker. Tampoco lo hubo en crímenes previos de nicaragüenses en el exterior ni en ataques a opositores, lo que refuerza el contraste en la forma en que se abordan estos hechos según la conveniencia política que determina el régimen sandinista.
Cobertura mediática y doble discurso
En ese contexto, la activista por la prevención de la violencia y defensa de los derechos de las mujeres, Ana Quirós, ubica su análisis en la diferencia entre la reacción oficial y la situación actual que viven las nicaragüenses frente al incremento de la violencia machista.
“Sobre las declaraciones de Rosario Murillo de interés en el femicidio de Yuneisy. Vemos que esto está cargado de oportunismo y doble moral que siempre caracterizan al régimen y en particular a la dictadura. Por un lado, demanda actuar e informar a la Fuerza Pública y a las autoridades costarricenses lo que no hace con la Policía a su servicio en Nicaragua, nunca ha salido de su boca, ni ha sido publicada una demanda similar a la Policía a su servicio en Nicaragua, ni siquiera frente a las decenas de femicidios que acontecen en nuestro país”, cuestiona.
“Vemos que en este caso, que se ha convertido en un caso bastante mediático, la Policía o las autoridades nicaragüenses y los medios de propaganda en Nicaragua le han dado cobertura y han pedido aclaración a las autoridades costarricenses, mientras que han callado en muchísimos otros casos de nicaragüenses asesinadas dentro del territorio nacional, pero también en el exterior, en España, en Texas, en la Florida, en el mismo Costa Rica”, señala.
Quirós cuestiona que el régimen demande información y actuaciones a las autoridades costarricenses en un caso en el que, según indica, ya existe una respuesta institucional. Señala que el proceso ha sido atendido con prioridad por el sistema judicial de ese país, con la detención del principal sospechoso y el avance de las investigaciones conforme a la ley.
El silencio a conveniencia política
En cambio, el régimen ha guardado silencio en casos de alto impacto que no han recibido pronunciamiento oficial, como el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam y otros hechos de violencia contra nicaragüenses en el exterior, incluidos atentados contra opositores.
Quirós también detalla el impacto acumulado de la violencia sin respuesta institucional. “Solo en 2025, más de 75 mujeres fueron asesinadas y la mayoría de sus familias siguen esperando justicia y siguen esperando la actuación y la respuesta por parte de la Policía y las autoridades judiciales”, afirma.
“La falta de acompañamiento es una constante en todos esos casos. El año pasado fueron más de 75 (femicidios). El año anterior más de 80. Y así han venido sumándose tanto familias golpeadas, como niñas y niños que han quedado en la orfandad, pero en ningún momento han recibido el acompañamiento o la solidaridad del régimen, sino todo lo contrario, el abandono, el desprecio por sus familiares y la falta de respuesta y especialmente de castigo a los hechores”, añade.
En contraste, medios de propaganda sandinista han destacado el acompañamiento del Gobierno en el caso de Junieysis. El portal 19 Digital señaló que familiares de la joven “se encuentran agradecidos por el acompañamiento de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo”, una narrativa que no se replica en la cobertura de femicidios ocurridos dentro del país.
Para Quirós, este comportamiento no es casual, ni responde únicamente a la visibilidad del caso, sino a una forma de actuación sostenida del régimen frente a la violencia. Señala que la reacción institucional y mediática se activa de manera selectiva, mientras persiste la falta de respuestas en casos similares dentro y fuera del país. En su análisis, el énfasis en este femicidio no está acompañado de políticas ni acciones consistentes que garanticen justicia para las víctimas en Nicaragua.
“Esto nos habla efectivamente, de que lo que prima es el deseo de ejercer una acción propagandística y no en ningún momento la búsqueda de justicia que ellos mismos no ejercen dentro de Nicaragua con las mujeres asesinadas”, concluye.
Datos, impunidad y responsabilidad estatal
El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, vincula esta selectividad con la falta de respuesta ante otros crímenes. “El régimen exhibe un comportamiento hipócrita e incoherente, considerando que ha guardado silencio ante las demandas de esclarecimiento y colaboración frente a crímenes como el de Roberto Samcam o ante los atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto. Asimismo, se ha negado a colaborar con instancias como el GHREN o Oacnudh en su trabajo por los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde 2018”, señala.
En ese sentido, el defensor de derechos humanos considera que la demanda de justicia por parte de Rosario Murillo “es claramente oportunista y un intento de lavada de cara a nivel internacional. El régimen ha sido el responsable a nivel interno de la demolición del sistema de protección ante la violencia de género, la eliminación de todas las organizaciones sociales e instancias que acompañaban a las mujeres víctimas de violencia y del mayor desplazamiento humano de nuestra historia”, afirma.
Arce advierte que entre 2018 y 2025, al menos 567 mujeres en Nicaragua fueron víctimas de femicidio, y que en su mayoría permanecen en la impunidad. Añade que entre 2022 y 2025 se registraron 77 muertes de mujeres por violencia de género en el extranjero, principalmente en Costa Rica, lo que evidencia que este tipo de violencia trasciende fronteras y se mantiene tanto en Nicaragua como en los países de acogida.
“Esta realidad debe comprometer a los estados a asumir medidas frente a esta grave violación a los derechos humanos, pero estas deben ser auténticas y no una narrativa desprovista de compromiso institucional como es el caso de Nicaragua”, añade.
También señala el incumplimiento de obligaciones internacionales del régimen Ortega-Murillo y recuerda que en marzo de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Nicaragua por el femicidio de Dina Alexandra Carrión, ordenando 16 medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Según indica, el régimen no ha cumplido con esa sentencia y tampoco ha participado en las audiencias más recientes, restando relevancia a un fallo considerado clave en materia de violencia de género.
Los análisis de Quirós y Arce coinciden en que el manejo del caso de Junieysis no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio en la actuación del régimen sandinista. Ambos señalan que la visibilidad, los pronunciamientos oficiales y la cobertura mediática no responden únicamente a la gravedad de los hechos, sino a su utilidad política y propagandística en determinados contextos.