¿Te pondrías en manos de un cirujano condenado por homicidio imprudente, si te promete una ‘transformación de senos’ por menos de tres mil dólares? En Nicaragua, las redes sociales han reemplazado al consentimiento informado. Las historias clínicas quedan relegadas ante videos que muestran cuerpos anestesiados aún en los quirófanos, rostros hinchados y “resultados inmediatos” promocionados como si fueran descuentos en electrodomésticos.
“No pagues miles de dólares por esta cirugía”, “has visto que los Cirujanos Plásticos de Nicaragua no hacen propaganda de Cirugías FACIALES”, son parte de las ofertas que se promocionan en las redes sociales, y quien lidera esta tendencia es David Páramo, cirujano plástico que volvió a operar —y a publicitarse—luego de cumplir una condena penal por la muerte de una paciente y lesiones a otra.
Su caso plantea preguntas incómodas para la sociedad nicaragüense y el Ministerio de Salud: ¿hasta dónde puede llegar el mercado de la belleza? ¿Quién protege a las pacientes cuando la medicina se vuelve un espectáculo? Te explicamos cómo el caso Páramo pone en evidencia la falta de regulación en la publicidad médica, los vacíos éticos del ejercicio profesional, y los riesgos que corren especialmente las mujeres ante la oferta de operaciones estéticas tratadas como mercancía visual en redes sociales.
Con 32 o 33 años de experiencia, según sus propias publicaciones, el cirujano plástico David Páramo cumplió una condena de tres años de prisión por el homicidio imprudente de Lizandra Jarquín. La joven se sometió en 2016 a una cirugía de liposucción y aumento de glúteos en el Hospital Salud Integral de Managua, falleciendo por una embolia grasa y cerebral, sumada a tres paros cardiorrespiratorios. Ese mismo año, Páramo también fue condenado a dos años por lesiones imprudentes en perjuicio de Allison Molina, a quien le practicó un aumento de senos que terminó con la perforación de la membrana de uno de sus pulmones.
Su abogado defensor, Mario Sandoval, solicitó la unificación de ambas penas, la cual fue concedida en junio de 2017, según reportó el diario La Prensa. Posteriormente, el 15 de marzo de 2018, la jueza Roxana Zapata, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia de Managua, le otorgó a Páramo el beneficio de la suspensión de la pena.
Leyes que no protegen a los pacientes
La madre de Lizandra Jarquín, Sandra González, recibió con indignación la resolución judicial que permitió a Páramo obtener su libertad tras haber cumplido apenas la mitad de su condena. Según relató a medios de comunicación, el cirujano se declaró enfermo durante gran parte de su reclusión, y a solo año y medio de haber ingresado a prisión, ya estaba de regreso en la calle.
“¿Dónde está la justicia?”, se preguntó González, quien nunca ha ocultado su desconcierto ante el trato que —considera— fue privilegiado para quien fue declarado culpable del homicidio imprudente de su hija.
Como parte de la resolución judicial que le otorgó la suspensión de la pena, a Páramo se le ordenó rendir fianza, presentarse mensualmente ante la Oficina de Presentación del Procesado, abstenerse de ejercer su profesión médica durante tres años y seis meses, y no cambiar de domicilio. La jueza argumentó que cumplía con los requisitos legales: era reo primario, no tenía antecedentes penales, la condena era menor a cinco años y no fue considerado peligroso por una valoración médica. También había cumplido tres cuartas partes de la pena. A pesar de eso, la decisión judicial profundizó el dolor de González, quien públicamente se refiere a Páramo como “carnicero”.
Un médico consultado por DIVERGENTES, que prefirió omitir su nombre por razones de seguridad, explica que en otros países, cuando un médico es condenado por un delito vinculado a su práctica profesional, la licencia se le retira de forma permanente. Pero en Nicaragua, no solo recuperó su libertad, sino que el 5 de noviembre de 2021, fue habilitado oficialmente para ejercer la medicina, según consta en una circular de la Dirección de Regulación en Salud, adscrita a la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa).
“Se comprobó que hay un delito. Se condenó porque sí cometió negligencias a la hora del procedimiento que desencadenó la embolia”, afirmó el especialista. Además, critica abiertamente la ausencia total de controles institucionales en Nicaragua para regular el ejercicio médico. A diferencia de otros países donde los profesionales están colegiados y sometidos a tribunales de ética médica, en Nicaragua no existe un colegio médico independiente. El único ente regulador es el Minsa, pero —según el especialista— no actúa, porque no hay voluntad política para hacerlo.
“Un colegio médico regula, vigila y fiscaliza el ejercicio de la medicina y sus ramas; garantiza que haya profesionales certificados, actualizados, que cumplan procesos y requisitos legales y normativos. En Nicaragua todo está centralizado en el Minsa, por eso no hay control real”, explica.
Incluso, el especialista denuncia que cualquier extranjero puede presentarse al Minsa, mostrar documentos básicos y obtener autorización para ejercer, sin una validación seria de estudios, competencias ni experiencia. “En países como Costa Rica o Panamá eso sería completamente ilegal”, advierte.
Cirujano enfrenta el dictamen de Medicina Legal y cuestiona su competencia
Durante el proceso judicial, Páramo declaró a medios de comunicación que la tragedia no estuvo vinculada directamente con la cirugía, y descalificó el dictamen de Medicina Legal, alegando que no existió mala praxis, ni negligencia médica. “Medicina Legal nunca habla de la cirugía de glúteos que es tan importante, como la cirugía de la lipo y todavía con más riesgo de hacer tromboembolismo”, afirmó.
Agregó que el dictamen de Medicina Legal es temerario. “Ellos (los forenses) los compañeros no son cirujanos plásticos, no han estado nunca en quirófano haciendo una cirugía plástica, entonces que pasa, resulta que se debe sacar hasta 3 cc (centímetros cúbicos), de manera global se debe sacar 3 cc, si son ocho litros, tres por ocho, 24. Estamos hablando de 240 cc de grasa pura más, el líquido que salió. Entonces dicen que si yo saque todo mi líquido completo y la paciente tenía un edema, hay que ver también los líquidos que fueron administrados a través de anestesiología, y no de la propia cirugía”.
“El caso de Páramo es representativo de un sistema donde la ética médica y la regulación son, en la práctica, optativas”, dice una médica consultada por DIVERGENTES. Este hecho pone en evidencia la ausencia de un sistema colegiado o de ética profesional que respalde a los peritos forenses del Estado o que evalúe la conducta pública de médicos condenados, indica.
Esta situación plantea una pregunta inquietante: si ni siquiera una condena penal, respaldada por peritajes oficiales, impide que un médico regrese a operar con normalidad, ¿qué tipo de control puede esperarse sobre las cirugías estéticas promovidas en redes sociales, donde los cuerpos son reducidos a simples transformaciones visuales y ya no se les trata como pacientes?
Cirugías de alto riesgo vendidas como ofertas: el caso que expone un mercado sin reglas
El caso de Lizandra no sólo exhibe una cadena de negligencias médicas, sino que desnuda los vacíos regulatorios que permiten que cirugías estéticas de alto riesgo sean tratadas como simples promociones en redes sociales, tal como las vende Páramo, que incluso reta a otros cirujanos plásticos de por qué en Nicaragua estos no hacen propaganda de cirugías faciales.
Este caso y el retorno de Páramo a los quirófanos, exponiendo a sus pacientes, deja en evidencia que no hay control efectivo sobre las clínicas, los procedimientos ni la publicidad médica. Una de las inconsistencias más graves del caso es que la clínica Lasser Terapia, donde fue operada Lizandra, no estaba registrada ante la Dirección General de Regulación Sanitaria del Minsa.
Consultado al respecto, Páramo argumentó que renovaba el registro anualmente y que no hacerlo no constituía un delito. Sin embargo, una médica consultada por DIVERGENTES aclaró que, aunque el Minsa no exige a los profesionales informar dónde ejercen, las clínicas sí deben contar con un permiso sanitario para operar legalmente.
Por otro lado, según los informes de Medicina Legal y la Fiscalía, Lizandra no era apta para los procedimientos que se le practicaron. Solo se le podían extraer cinco gramos de grasa, no los más de ocho litros reportados.
En cuanto al procedimiento, inicialmente Páramo cotizó 2100 dólares por la liposucción y 2200 por el aumento de glúteos, pero luego ofreció ambos por un precio combinado de 2950 dólares. Lo que originalmente costaba 4300 dólares, se convirtió en una “promoción”, algo que para especialistas consultados por DIVERGENTES refleja una falta de seriedad profesional y criterios médicos responsables.
“Las cirugías no se deben de vender como electrodomésticos, son procedimientos serios, respetuosos del paciente, guardando la ética, el compromiso que tenemos como médicos… Es más que propagan en redes. No es exhibir”, dice la médica consultada.
Complicaciones prevenibles y riesgos ocultos: lo que debes saber antes de una cirugía estética
Aunque la embolia grasa puede considerarse una complicación médica, especialistas —que hablaron bajo anonimato— señalan que se trata de una causa de muerte conocida y fulminante, prevenible si se siguen las normas adecuadas. Durante el juicio contra Páramo, representantes de la Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica y la Asociación Médica Nicaragüense declararon que la embolia grasa no implica necesariamente negligencia, ya que puede ocurrir en distintas especialidades médicas.
Sin embargo, el representante de la Fiscalía sostuvo que hubo una violación del debido cuidado, al practicar una megaliposucción no indicada para una paciente con 71 kilogramos de peso corporal, sin advertir adecuadamente los riesgos. También omitió detallar el grado de concentración de la solución Klein, de la cual inyectó siete litros, y extrajo 8.2 litros de grasa, cuando los estándares internacionales solo permiten un 3% del peso corporal total.
El caso de Lizandra y de Páramos demuestra que incluso complicaciones médicas conocidas pueden evitarse si se respetan los protocolos internacionales y se informa adecuadamente al paciente. Por eso, especialistas consultados insisten en que, antes de someterse a cualquier procedimiento estético, deben tomar en cuenta que la clínica esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Salud, que el médico cuente con formación específica en cirugía plástica o estética y esté debidamente acreditado y que se reciba información clara sobre los riesgos, dosis, técnicas utilizadas y límites del procedimiento según el peso corporal.
En países como México o Colombia, aunque la medicina estética es un mercado en expansión, existen registros obligatorios de clínicas y normativas que exigen que los cirujanos plásticos estén acreditados por colegios médicos oficiales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y España, donde la publicidad médica está regulada y existen juntas médicas independientes con facultades para suspender o revocar licencias profesionales. En contraste, en Nicaragua no existe un colegio médico, no hay vigilancia efectiva del Minsa sobre las clínicas privadas, la publicidad en redes sociales, coinciden los especialistas consultados.
“Lo barato sale caro”, dice un conocido refrán. Cuando las cirugías se venden como promociones, los riesgos reales no se explican. El consentimiento informado se convierte en una formalidad vacía, y preocupa la reaparición pública de médicos que enfrentaron condenas penales, como Páramo, quien continúa utilizando estrategias comerciales para atraer pacientes, en un país sin controles independientes ni estatales.