Un operativo policial sin precedentes en Costa Rica sacudió el lunes al país menos convulso de Centroamérica y lo sumió en un escándalo sobre actos de corrupción que hasta ahora solo se conocían en noticias ajenas internacionales o en añejos rumores de pasillo: la existencia de una amplia red de presuntos sobornos en el millonario negocio de las obras viales que, ahora sí, tiene en la cárcel a uno de los 20 hombres más ricos de Centroamérica.
El poderoso empresario Carlos Cerdas, presidente de la constructora internacional MECO, cumple este jueves 72 horas en prisión desde que fue detenido en San José como uno de los principales sospechosos del caso “Cochinilla”, como la policía judicial costarricense llamó a esta investigación por el símil con un insecto voraz y casi invisible que carcome las plantas.
Pero Cerdas no está solo. Su competidora Mélida Solís, dueña de la otra constructora poderosa de Costa Rica, H Solís, también es una de las 30 personas detenidas, igual que su hermana y gerentes de las empresas que por años habrían pagado favores de funcionarios públicos con dinero, autos y hasta servicios sexuales, explicó a la prensa el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.
También aparecen investigados un cercano asesor del presidente Carlos Alvarado y un alto cargo de la Contraloría General de la República encargado de revisar contrataciones públicas a esas empresas, cuyo abogado principal es esposo de la Fiscal General, Emilia Navas, quien se inhibió de conocer este caso.
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Mientras el jefe policial intentaba el lunes por la mañana resumir ante la prensa la trama que provocó la malversación de unos $127 millones y la catalogaba como “crimen organizado”, casi 600 agentes allanaron 57 oficinas o domicilios de los sospechosos para recabar pruebas que sustenten ante tribunales el caso investigado en silencio desde el 2019, después de denuncias de empresarios que se dijeron afectados por arreglos ilícitos entre las grandes constructoras y el Gobierno.
Conavi: epicentro del caso
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), un órgano público que funciona como satélite del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es el epicentro de la red de corrupción que señala el OIJ después de meses de indagaciones y de escuchar conversaciones telefónicas de los involucrados. Lo que solo había sido un secreto a voces es ahora un caso judicial muy bien armado, según numerosos expertos que han colmado los medios de comunicación desde el lunes. Más aún: es un escándalo que detona a menos de cuatro meses de la campaña electoral para las elecciones del 2022, en la tercera nación de América Latina mejor ubicada en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020.
De la mano de la obra pública, una de las pocas cartas para exhibir que se le reconocen al gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), la corrupción se instala de nuevo en la discusión nacional, pero ahora con un mayor énfasis en el sector privado. En la mira están las dos grandes empresas cuyos logos aparecen por doquier en los numerosos proyectos vigentes, como los que las han alimentado en las dos últimas décadas, en gobiernos de distintas banderas. En los últimos años acapararon el 80% de los contratos de mantenimiento de carreteras.
MECO se presenta como la mayor constructora de Centroamérica y una de las diez más grandes de América Latina. Tiene operaciones en Colombia, El Salvador, Nicaragua y Panamá, donde en 2017 Carlos Cerdas logró evadir acusaciones de pago de sobornos gracias a un arreglo de colaboración con la Fiscalía anticorrupción panameña. Ahora la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Panamá vuelve a poner la mira en los movimientos de dinero de MECO, publicó este miércoles el diario local La Estrella.
Un Odebrecht tico
Ahora está expuesto, al menos en principio, al caso Odebrecht, la red de corrupción que se conoció en 2017 en varios países de América Latina y que llevó a la cárcel o la desgracia a políticos y empresarios, después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A Costa Rica no la salpicó, pero esto se asemeja. “Este es el enlace típico de la corrupción que se ha manifestado en otros países, en la que empresarios con intereses muy fuertes y con amplias capacidades se acercan a funcionarios públicos, les ofrecen regalías y afectan la integridad y la probidad de las personas”, decía el jefe de la Policía.
El presidente Carlos Alvarado, quien aceptó el mismo lunes la carta de renuncia de Saldarriaga aunque lo considera inocente, dijo que el caso lo llena de furia y que colaborará con las autoridades judiciales, pero las obras deben seguir. Lo repitió también el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez, un veterano político ausente en la lista de sospechosos del caso, aunque se ha hecho líos explicando a la prensa si sabía o no de estas investigaciones.
“Lo bueno es que se haya detectado”, dijo la abogada e investigadora Evelyn Villarreal, presidenta de la organización Costa Rica Íntegra, representante local de Transparencia Internacional. Las dudas quedan en el terreno de las contrataciones que propicia estas conductas y también en las capacidades del apartado judicial para sentar responsabilidades y penalizar a quienes hayan cometido alguno de los delitos de corrupción, con malos antecedentes.
En 2017 solo el 7% de los expedientes en esta materia llegó a una sentencia de los jueces, y ninguno fue un caso de impacto político o económico como “Cochinilla”. La trama llamada “Cementazo”, revelada en ese mismo año alrededor de créditos de bancos públicos para un supuesto negocio de importación de cemento chino, tampoco ha llegado a hallar culpables a pesar de fuertes cuestionamientos sobre jerarcas de los tres poderes de la República y de casi tres años de prisión cautelar del empresario que se enriqueció con los préstamos, según las investigaciones. El miedo a la impunidad en el caso revelado este lunes es parte del paisaje.
Tampoco están tranquilos algunos partidos opositores. Aunque los tienta usar el caso como una lanza electoral contra el partido oficialista Acción Ciudadana (PAC), los vínculos con las constructoras podrían ir más allá. Tal vez por eso varios legisladores piensan dos veces antes de apoyar la idea de crear una comisión investigadora en el Congreso. “Es bastante grave lo que se sabe, pero es mucho lo que no se sabe aún; ¿cómo sé yo que no están involucrados mis compañeros de partido?”, dijo una diputada este miércoles.
En San José abundan las obras nuevas o a punto de estrenarse, casi todas con los rótulos de las constructoras cuyas cabezas están ahora a merced de las autoridades judiciales. La obra pública, de la mano del experimentado Méndez Mata, es una excepción en la pobre imagen del gobierno de Carlos Alvarado y de su partido Acción Ciudadana, que celebrará en agosto sus internas para elegir la candidatura presidencial que llevará a los comicios de febrero. Los dirigentes oficialistas coinciden en que ha sido un golpe fuerte previo a la campaña electoral, aunque confían en la suerte que tuvieron en la campaña anterior al sobreponerse al escándalo del “cementazo” de 2017.