La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones y ayudas financieras provenientes del extranjero destinadas a organizaciones no gubernamentales (ONG). La normativa fue respaldada por 57 de los 60 diputados, todos pertenecientes al oficialismo, sin apoyo de la oposición.
La ley, que consta de 25 artículos, fue propuesta por el presidente Nayib Bukele y guarda similitudes con un intento previo de 2021 que proponía un impuesto del 40%. Según el dictamen legislativo, la norma busca establecer un marco jurídico para las personas y entidades nacionales o extranjeras que operen en el país bajo influencia o financiamiento foráneo.
Entre otras disposiciones, la ley prohíbe que las ONG modifiquen los fines de sus donaciones sin previo aviso, reciban financiamiento de fuentes anónimas, o ejecuten actividades no registradas. También contempla multas que van de 10,000 a 200,000 dólares por incumplimientos y le otorga al presidente la potestad de emitir reglamentos adicionales.
Desde la oposición, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, calificó la ley como “una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico”. Advirtió que la normativa deja a criterio del Gobierno la imposición del impuesto, sin garantías de imparcialidad ni mecanismos de control.
Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó que legislaciones similares han sido utilizadas en países como Rusia y Nicaragua para estigmatizar, controlar y silenciar a organizaciones independientes. “Estas leyes etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento externo, lo que facilita la censura y el cierre arbitrario de espacios cívicos”, señaló HRW en un comunicado.
Este tipo de legislaciones no es nuevo en la región. En Nicaragua, por ejemplo, el régimen de Daniel Ortega aprobó en 2020 una ley similar que ha sido ampliamente criticada por su uso como instrumento de persecución política. En El Salvador, diversas organizaciones y expertos han expresado preocupación por el retroceso en derechos fundamentales como la libertad de asociación y expresión, así como por el debilitamiento del espacio cívico.
Aunque la ley aún debe ser reglamentada, especialistas advierten que su aprobación sin un análisis técnico y sin consulta a los sectores afectados pone en riesgo la operación de múltiples organizaciones que proveen servicios esenciales, especialmente en comunidades vulnerables.