Bukele clona Ley de Agentes Extranjeros de Ortega y se enfila contra ONG´s críticas

El proyecto busca controlar y poner zancadillas a organizaciones y medios de comunicación que reciben cooperación internacional, en un momento en que el presidente se enfrenta a ellos por sus críticas por los desaparecidos y el Bitcoin. El anteproyecto de ley asegura “que garantiza la soberanía nacional y la estabilidad política. Es similar a la aprobada por Daniel Ortega en Nicaragua, donde ha servido para callar voces críticas, imponiendo una serie de trabas administrativas casi imposibles de cumplir.


El presidente salvadoreño Nayib Bukele, emulando la estrategia de Daniel Ortega para asfixiar a organizaciones no gubernamentales críticas, envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, la noche de este martes. El anteproyecto promovido por el oficialismo salvadoreño persigue el mismo objetivo de la normativa de Ortega, al imponer a las oenegés una serie de requisitos administrativos casi imposibles de cumplir que conducen, por consecuencia, al cierre de las mismas. 

Como en Nicaragua, la Ley de Agentes Extranjeros de Bukele invoca conceptos como “soberanía nacional” y “estabilidad social”. Obligaría a ciudadanos y organizaciones a rendir informes de las donaciones hechas por entidades internacionales, de la mano de una serie de trabas administrativas, incluido un impuesto de 40%.  

La propuesta de ley fue presentada por el ministro de gobernación, Juan Carlos Bidegain, quien aseguró que con esto pretenden “garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social, y política del país”. El anteproyecto, al igual que el de Ortega, mandata al Ministerio de Gobernación a crear un Registro de Agentes Extranjeros (RAE). 

Según el anteproyecto, el RAE sería encargado de supervisar, fiscalizar y llevar un control de actividades de los “agentes extranjeros”, de quienes se escribirá un informe semestral que será enviado a la Fiscalía General de la República para ser analizado a la luz de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. En Nicaragua, en la práctica, las organizaciones no gubernamentales han tenido que disolverse por no poder cumplir los requerimientos. Las que se han inscrito ante Gobernación van muriendo poco a poco, ya que semanalmente deben reportar en más de tres ocasiones las mismas transacciones, la entrega de documentación es rocambolesca y las multas administrativas son decididas de forma discrecional por los funcionarios. 

Encontronazos de Bukele

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La solicitud de ley se da, luego de más de un año de encontronazos y ataques, por parte del Gobierno a la prensa independiente, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y cuerpo diplomático acreditado en El Salvador. 

Los ataques a la prensa independiente y a las organizaciones de sociedad civil no iniciaron hace poco, pero la última gran afrenta de Bukele a los organismos internacionales fue el 15 de septiembre, cuando reclamó a la comunidad internacional molesto por las masivas protestas en contra del Bitcoin, la crisis de desaparecidos y la violación a la separación de poderes en El Salvador. 

En esa ocasión, Bukele acusó a la comunidad internacional de financiar manifestaciones opositoras. “Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, incluso financiados. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa”, dijo en cadena nacional. 

El historial de arranques del mandatario contra organismos internacionales y la prensa independiente es de larga data, y comenzó con bloqueos a la prensa crítica. “El 6 de septiembre de 2019 tuvo lugar el primer acto de censura explícito contra el periódico El Faro, cuando funcionarios de Casa Presidencial no permitieron que los periodistas de este medio ingresaran a una conferencia de prensa del mandatario”, consignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un escrito, a través del cual se otorga medidas cautelares a 34 periodistas del medio debido al acoso gubernamental. 

La CIDH también alertó que el 20 de julio de 2020, la Fiscalía abrió una investigación relacionada a una auditoría realizada a la contabilidad de “El Faro”, correspondiente a los años 2014, 2016, 2017 y 2018. Durante el proceso, el periódico denunció abuso por parte del Ministerio de Hacienda en perjuicio del medio y, el 11 de septiembre de 2020, presentaron una demanda de amparo ante la Sala Constitucional a favor del medio, considerando que el Poder Ejecutivo estaba abusando de sus atribuciones en un ejercicio de desviación de poder, según consigna el reporte del organismo interamericano. 

Con el avance del oficialismo sobre el Parlamento, la justicia y la Fiscalía, los enemigos declarados por Bukele fueron aumentando. El primero de mayo, el mismo día en que la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tomó posesión, los parlamentarios decidieron sustituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. La comunidad internacional condenó esta concatenación de acciones por ser consideradas una ruptura en la separación de poderes. 

Ese mismo día, sin pena ni pudor ante la violación de la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, Bukele escribió en su cuenta de Twitter: “A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa…y eso no es de su incumbencia”.

Una veintena de salvadoreños protesta en el marco del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele. EFE/ Miguel Lemus

Dos días después, el 3 de mayo, Bukele sostuvo una reunión a puertas cerradas con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador. En esa reunión, Bukele desacreditó el informe realizado por la Misión Especial que envió la Organización de Estados Americanos (OEA), por incluir la opinión de organizaciones de sociedad civil. La Misión de la OEA llegó a El Salvador a solicitud del mismo gobierno y en su estudio reveló graves retrocesos en materia democrática, además de violaciones a los derechos humanos. 

A Bukele no le gustaron los resultados y reclamó a la OEA que no se había reunido con la sociedad civil, si no con la oposición. “Si platican con diez organizaciones antigobierno, ustedes no se reunieron con la sociedad civil, se reunieron con la oposición. Todo con su justa palabra: se reunieron con la oposición”, insistió el polémico mandatario. 

Las organizaciones no gubernamentales consultadas en el informe son Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la Fundación para el Debido Proceso, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Luterana y el Instituto de Estudios Jurídicos. Estas organizaciones citadas en el informe son en realidad organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Esa reunión privada, Bukele la transmitió en cadena nacional, el 5 de mayo. Miles de ciudadanos vieron al presidente llamar oposición a las organizaciones Cristosal e Idhuca, y acusar a la comunidad internacional de “mal informar a sus países”. Defensores como José María Tojeira, de Idhuca, salieron al paso y dijeron que “defender derechos humanos no es oposición, sino decencia y moralidad”. 

Un mes después del golpe democrático a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, el 1 de junio de 2021, Bukele llegó a la Asamblea Legislativa a presentar su discurso de segundo año de mandato. Ahí, frente a los nuevos magistrados impuestos, el presidente presentó a su nuevo enemigo interno: las organizaciones de sociedad civil. “El 1 de junio de 2019 dejaron de tener un presidente que hacía lo que ellos decían, pero siguieron teniendo la Asamblea, siguieron teniendo la Sala de lo Constitucional, los medios de comunicación y todo el aparato ideológico del Estado, todo para detener a este presidente que ya no seguía sus órdenes”, dijo el mandatario. 

Bukele insistió que al perder el poder, la oligarquía hizo uso de lo que llamó “aparato ideológico”, refiriéndose a fundaciones, centros de pensamiento y oenegés. 

Organizaciones trabajan en hostilidad

Una mujer sostiene un cartel durante una marcha contra Nayib Bukele en San Salvador. EFE/Rodrigo Sura

La propuesta de Ley de Agentes Extranjeros cae en un momento hostil para la prensa independiente, la cooperación internacional y las organizaciones de sociedad civil, que en los últimos meses han acompañado a víctimas de desapariciones en una crisis de seguridad minimizada por el gobierno. 

Organizaciones como Cristosal, El Servicio Social Pasionista e Idhuca han acompañado estos casos, mientras el gobierno insiste en negar que existe un aumento de los desaparecidos. “Se trata de una campaña en contra de autoridades de seguridad, por intereses políticos que no tuvieron nunca el interés de resolver los problemas de seguridad”, dijo el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro en conferencia de prensa el pasado 8 de octubre. 

En esa conferencia, el ministro presentó avances del caso de desaparición de dos jóvenes, los hermanos Guerrero, desaparecidos desde el pasado 18 de septiembre. El ministro relaciona la desaparición con temas de drogas y pandillas, y llamó a los “padres de familia, en general vigilar a sus hijos para evitar los casos”. 

La organización Cristosal, también ha sido crítica y denunciado actos de corrupción por parte del gobierno, relacionadas a la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. La aplicación promovida por el gobierno, la Chivo Wallet, operada por una Sociedad Anónima, presentó fallas en su funcionamiento. Cientos de identidades fueron robadas para crear cuentas y cobrar los 30 dólares que el gobierno regaló el día que entró en vigencia la Ley Bitcoin. Cristosal presentó el 5 de octubre una denuncia ante la fiscalía por el uso no autorizado de datos personales de 119 personas en la Chivo Wallet. Según Abrahan Ábrego, de Cristosal, la organización recibió más de 700 denuncias por parte de ciudadanos. 

Bukele compara su ley con la de EE.UU.

Nayib Bukele, junto al diputado Guillermo Gallegos, el 09 de febrero de 2020 durante su incursión al parlamento salvadoreño. Rodrigo Sura | EFE

Bukele escribió en su cuenta de twitter, que la Ley de Agentes Extranjeros enviada a la Asamblea es, básicamente la misma que tiene Estados Unidos. 

Sin embargo, la norteamericana no contempla ser usada como una herramienta de persecución por razones políticas. La de Estados Unidos no incluye en el término “agente de un mandante extranjero” a ningún servicio de noticias, prensa o asociación organizada bajo las leyes de los Estados Unidos.  En el país norteamericano, los periódicos y revistas no están sujetos a esta ley si sus funcionarios y directores son ciudadanos de los Estados Unidos, y si las agencias no están dirigidas, controladas, y supervisadas por capitales extranjeros. 

La ley de Bukele omite esa excepción, poniendo como sujetos de ley a los medios salvadoreños, si bien son financiados por organizaciones internacionales y lo hacen constar públicamente en sus páginas web, no son controlados ni reciben indicaciones de sus financistas. 

Otra de las diferencias más notables entre la propuesta de Bukele con la de Nicaragua y Estados Unidos, es que impone un elevado impuesto a las organizaciones consideradas como “agentes extranjeros”. Aunque la de Ortega no impone un arancel, en la práctica las oenegés pagan multas administrativas arbitrarias de forma periódica. 

Christian Guevara, quien recibió la propuesta en el palacio legislativo, publicó en su cuenta de twitter mensajes dirigidos a Revista GatoEncerrado y al periódico El Faro, medios que han publicado casos de corrupción y nepotismo. “Les tocará declarar”, escribió Guevara en tuit a GatoEncerrado. El diputado también tuiteó: “En unos días, el 40% de lo que les da Open Society y otros de sus financistas será para impuestos. Eso es más obras, calles, hospitales y salud. Lo que quiere la gente. Ya no más dinero para injerencias, marchas, jugosos salarios y oficinas de lujo. Se les acabó”. 

El artículo 10 del anteproyecto, estipula que a los sujetos de la ley se les aplicará un impuesto de 40% por cada transacción financiera, desembolso o transferencia provenientes de fondos de “mandantes extranjeros”. 

Bukele tuiteó que, “el impuesto no aplica para donaciones a programas y proyectos sociales, sino únicamente a las actividades políticas que se realicen a solicitud de un agente extranjero”. En varias ocasiones el mandatario ha acusado a los medios independientes de ser activistas políticos

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