La publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 por Transparencia Internacional (TI) arroja una radiografía sombría sobre el estado de la democracia en las Américas. Con una puntuación media continental de apenas 42 sobre 100, la región no muestra avances significativos en la lucha contra la opacidad.
El istmo centroamericano, lejos de ser la excepción, se consolida como un territorio donde la corrupción ya no es solo una desviación de fondos públicos, sino el motor que alimenta la violencia y la inseguridad ciudadana. Desde 2012, 12 de los 33 países evaluados en el continente empeoraron sus niveles de integridad, y Centroamérica aporta ejemplos críticos de esta “década perdida”.
Nicaragua y el sótano de la cooptación institucional
Nicaragua se mantiene en el IPC 2025 como el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de todas las Américas, superado únicamente por Venezuela (10). Con una calificación de 14 puntos sobre 100, el régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a la nación al puesto 175 de 182 países evaluados en el ranking global. Este resultado refleja un desplome dramático desde 2012, cuando el país alcanzaba los 29 puntos, evidenciando un proceso de deterioro que TI define como la existencia de “instituciones fallidas y cooptadas”.
En el contexto nicaragüense, la corrupción es un elemento estructural del ejercicio del poder político. Los datos del informe de 2025 indican que el Poder Judicial, la Fiscalía y las fuerzas policiales actúan como extensiones del Ejecutivo para garantizar la impunidad de las redes criminales arraigadas en el Estado. Esta opacidad absoluta en el manejo de los recursos públicos impacta directamente en los servicios básicos y en la vida cotidiana de la población, forzando a miles de personas a la migración ante la ausencia de justicia y transparencia.
El Salvador: El costo de la opacidad en la narrativa de seguridad
El Salvador se sitúa en el puesto 120 global con 32 puntos, una calificación que proyecta un declive sostenido desde los 39 puntos que ostentaba en el año 2015. Bajo la administración de Nayib Bukele, el país experimenta un retroceso crítico en la transparencia y en el respeto a las libertades cívicas. Transparencia Internacional advierte que las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio independiente y la supervisión de las acciones del Gobierno.
La aprobación de leyes como la de Agentes Extranjeros ha sido señalada por organismos como Human Rights Watch como una herramienta de control autoritario para la vigilancia estatal y el castigo discrecional a voces críticas. Al eliminarse los mecanismos de fiscalización del gasto público y hostigar a los medios de comunicación independientes, se reduce la capacidad ciudadana de exigir responsabilidades. Esta concentración de poder y el uso recurrente de regímenes de excepción, crean un entorno propicio para que nuevas formas de corrupción prosperen sin control institucional.
Honduras y el agujero negro de la estatal eléctrica
Honduras continúa atrapada en el umbral de “alta corrupción” con una puntuación de 22 sobre 100, ocupando el lugar 157 de la medición global. La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo local de TI, subraya que el país no ha logrado una mejora estructural en la última década y su posición oscila peligrosamente cerca del grupo de naciones con peor desempeño del mundo. Un caso emblemático que ilustra este estancamiento es la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), calificada como el mayor caso de corrupción y el principal “agujero fiscal” en la historia hondureña.
La ASJ reporta que la ENEE pierde diariamente unos 31 millones de lempiras, equivalentes a 1.17 millones de dólares, debido a ineficiencia estructural y falta de transparencia. A pesar de inyecciones de capital superiores a los 1774 millones de dólares, la estatal eléctrica permanece financieramente quebrada, con un índice de pérdidas energéticas del 35%. La deuda de esta institución se ha disparado desde los 37 091 millones de lempiras en 2015 hasta los 114 499 millones en 2025. Este escenario evidencia cómo la captura institucional por intereses particulares amenaza la estabilidad económica y el bienestar social del país.
Panamá y su peor calificación histórica en el IPC
Panamá registra su puntuación más baja desde que ingresó a la medición del índice en el año 2012, repitiendo por segundo año consecutivo una calificación de 33 puntos sobre 100. Ubicado en el puesto 116 global, el país centroamericano se encuentra muy por debajo de la media del continente americano. Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, destaca que este resultado implica un preocupante estancamiento en la lucha contra la opacidad.
Para un país que funciona como un centro logístico y financiero regional, la falta de avances en transparencia es un indicador alarmante. La inacción gubernamental para reformar los sistemas de contratación pública permite que el sistema judicial sea vulnerable a las presiones de grupos de poder. El IPC 2025 subraya que Panamá, al igual que sus vecinos centroamericanos, requiere instituciones de justicia verdaderamente independientes para evitar que el dinero ilícito del crimen organizado transnacional penetre definitivamente en las estructuras del Estado.
Costa Rica y sus grietas
Incluso las democracias tradicionalmente más fuertes de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, muestran señales de fatiga institucional frente al avance del crimen organizado. Costa Rica, con 56 puntos, sigue siendo el referente de integridad en la región, pero registra un descenso de dos puntos respecto al año 2024. Transparencia Internacional vincula directamente este retroceso con el aumento de la violencia alimentada por el narcotráfico, que ha encontrado brechas en los sistemas de control estatal para infiltrar sus operaciones.
Por su parte, Uruguay ratifica su estatus como la democracia más sólida de América Latina con 73 puntos, aunque también experimentó un retroceso de tres puntos respecto al informe anterior. La advertencia de TI es clara: ninguna nación es inmune a los efectos corrosivos de la impunidad judicial.
Guatemala: Entre la parálisis y la captura judicial
Guatemala cierra la medición del IPC 2025 en la región con 26 puntos, un ligero aumento de un punto respecto al año previo, pero aún lejos de los 33 puntos que ostentaba en 2012. A pesar del cambio de administración gubernamental, la captura del sistema judicial por actores señalados por corrupción continúa impidiendo investigaciones profundas sobre estas irregularidades.
La parálisis en el fortalecimiento de la justicia guatemalteca refleja un patrón regional donde la política es utilizada para proteger intereses particulares. Al igual que en Honduras y El Salvador, la hostilidad hacia el periodismo independiente y las leyes que obstruyen el funcionamiento de las ONG han reducido la capacidad de supervisión ciudadana sobre el manejo del presupuesto estatal. Sin una reforma profunda que garantice la independencia de jueces y fiscales, los esfuerzos aislados por mejorar la transparencia resultan insuficientes frente a estructuras criminales de largo aliento.
El imperativo regional de recuperar la justicia
Para comprender la magnitud de estos datos, es esencial explicar qué mide exactamente el IPC y cuál es su metodología. Desde su creación en 1995, este índice se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público. La puntuación se basa en una escala que va de 0 (donde la corrupción es sistémica y el Estado es percibido como muy corrupto) a 100 (donde las instituciones son percibidas como muy limpias).
A diferencia de las encuestas de opinión pública, las puntuaciones del IPC reflejan exclusivamente las perspectivas de expertos y empresarios internacionales. Para el cálculo de 2025, se utilizaron datos provenientes de 13 fuentes externas, incluyendo al Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Un cambio en la calificación de un país solo se considera estadísticamente significativo cuando es reflejado por la mayoría de las fuentes consultadas, lo que garantiza la solidez técnica del informe. El IPC no mide el lavado de dinero ni la corrupción en el sector privado, sino la capacidad de los gobiernos para contener el abuso de poder público para beneficio particular.
La tendencia regional observada en el IPC 2025 concluye que la corrupción en Centroamérica ha dejado de ser un problema administrativo para transformarse en una amenaza a la seguridad nacional. Luciana Torchiano, asesora regional de Transparencia Internacional, enfatiza que para revertir el deterioro es imperativo proteger las libertades fundamentales y hacer cumplir la ley a través de un Poder Judicial independiente. Sin tribunales capaces de sancionar la corrupción transnacional, la impunidad seguirá siendo el incentivo principal para la expansión de las redes delictivas.
Con información de EFE.