La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció este viernes 30 de mayo de 2025 estableciendo que permitirá a la administración del presidente Donald Trump terminar con el programa denominado como parol humanitario, que permitió a más de 500 000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos vivir y trabajar temporalmente en el país norteamericano, mientras continúa una batalla legal sobre el esfuerzo por poner fin a las protecciones legales.
La cadena de noticias estadounidense CBS News reportó que el tribunal superior acordó conceder una solicitud de alivio de emergencia solicitada por el Departamento de Justicia en respuesta a una orden de un tribunal de distrito federal que detuvo la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar en masa una concesión de libertad condicional humanitaria a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de un programa especial.
El programa de libertad condicional, conocido como CHNV, protegió temporalmente a aproximadamente 532 000 personas del riesgo de deportación. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon.
La cadena de noticias estadounidense reportó que Jackson, acompañada por Sotomayor, escribió que pausar la orden del tribunal inferior “facilitaría un sufrimiento humano innecesario antes de que los tribunales hayan llegado a un fallo final sobre los argumentos legales en cuestión”, y criticó a la mayoría por determinar que es “de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales disidentes decidan sobre sus reclamos legales”.
“(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribe la jueza.
Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora “dos opciones insostenibles”. Por un lado, pueden optar por abandonar EE.UU. y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su “parol” “y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”.
Trump apuesta al respaldo de la Corte Suprema de Justicia
La administración del presidente Trump ha estado recurriendo constantemente a la Corte Suprema en busca de ayuda de emergencia mientras lucha contra más de 200 demandas dirigidas a muchas políticas de la agenda del segundo mandato del presidente, aunque muchas de las peleas judiciales que involucran sus esfuerzos para acabar con la inmigración a los EE. UU. han llevado a mayores tensiones con el poder judicial federal.
La disputa sobre el intento del Gobierno estadounidense de revocar el estatus legal temporal otorgado a 532 000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos es independiente de otras impugnaciones al uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos , que ha sido bloqueada por algunos tribunales. El alto tribunal también ha permitido al Departamento de Seguridad Nacional revocar el estatus de protección a aproximadamente 350.000 venezolanos por ahora.
El Departamento de Seguridad Nacional creó este programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos durante la administración del presidente Joe Biden a finales de 2022 y principios de 2023. Estos procesos exigían que los migrantes que buscaban mantener un estatus regular en el país norteamericano, lo solicitaran a través de un patrocinador que se encontrara legalmente en Estados Unidos y les autorizara a trabajar en el país durante dos años.
El Gobierno de Biden creó los programas para abordar el creciente número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México y afirmó que las protecciones promovían la inmigración legal. No permitía que quienes llegaron a Estados Unidos con las protecciones temporales renovaran su permiso de viaje después del plazo de dos años.