Hace un par de años, un importante empresario salvadoreño me decía, sin rodeos, que a sus pares empresariales le había importado muy poco la educación de su gente, pues al final lo que les interesaba era tener mano de obra barata para las temporadas del café. En la misma ronda de entrevistas, otro gran empresario, esta vez tico, me decía que a él sus colegas centroamericanos lo veían como “izquierdista por creer en la importancia de la educación y la salud pública”. Esta anécdota nos dice algo de los retos y el momento histórico que enfrenta Costa Rica hoy en día.

Hoy, la Costa Rica del 2024 se enfrenta a un sistema educativo desfinanciado principalmente en las dos últimas administraciones, una mayoría de personas en edad de trabajar con limitada educación y pocas capacidades de emplearse. Un mercado laboral a las puertas de una gran transformación tecnológica, que suma más personas a la informalidad, recorta en lo público y tiene dificultades para crecer en los sectores más dinámicos. Un modelo de desarrollo desigual, con pocos y muy concentrados espacios de creación de riqueza. Una sociedad con menos confianza en la democracia y en sus instituciones; polarizada y radicalizada por un gobierno que crea enemigos en lo público y lo privado para mantener popularidad. Todo lo anterior en el contexto de una crisis climática con consecuencias imprevisibles para el desarrollo social y económico del país.

En este contexto, y en una ronda más de improvisación del gobierno actual, las Universidades Públicas disputarán sus presupuestos en la Asamblea Legislativa. Lejos de las discusiones sustantivas sobre el devenir del futuro del país, las redes sociales y el gobierno han argumentado que estos fondos son para beneficiar a una “élite académica”. Este discurso no es nuevo y ha calado en buena parte de la población, pues se ha repetido en las administraciones del PLN (Partido Liberación Nacional), PAC (Partido Acción Ciudadana) y PSD (Partido Progreso Social Democrático), cuando se asoma la negociación de los presupuestos para la educación superior. En sociedades altamente desiguales como la costarricense, la discusión pública sobre derechos y ciudadanía económica se transformó en una discusión de privilegios. 

No quiere decir lo anterior que no existan problemas a lo interno de las Universidades con respecto a salarios altos y su poca vinculación con los méritos académicos. Pero el frío no está en las cobijas.  Desde los años cincuenta y con visión de futuro, las élites políticas y económicas de aquel entonces definieron que la sociedad en su conjunto debería tener salarios crecientes. El peso puesto en el sector público le permitió a Costa Rica desarrollar la base de una clase media que podía ahorrar y consumir. Esta época de oro entre los años  cincuentas y sesentas, le permitió a Costa Rica construir las bases de una sociedad con un creciente mercado interno, un sistema político estable, seguridad social y un sistema educativo en auge para suplir al mercado privado la mano de obra calificada requerida para los sectores más dinámicos de la economía.

A las puertas de una gran transformación del trabajo dado el auge de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las élites políticas de Costa Rica hoy en día están en un momento definitorio. Ahondar en la crisis educativa, con repercusiones inmediatas en la pobreza, la polarización, la atracción de IED especializada e incluso la estabilidad política del país. O volver al “principio”: una apuesta sin precedentes sobre la importancia del sistema educativo público costarricense como motor de la movilidad social, el crecimiento económico, las artes y el desarrollo humano.