El Consejo Nacional de Rectores (Conare), las universidades estatales costarricenses y más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales se manifiestan en una movilización nacional para exigir el aumento presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) e impedir que se hagan más recortes a la partida destinada a las universidades públicas de Costa Rica.
Estos sectores también exigen cumplir con el mandato constitucional de invertir el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en la educación pública, para lograr sostenibilidad de las escuelas y las universidades, y es que Costa Rica se enfrenta “ante un recorte sin precedentes del presupuesto para la educación” que pone en riesgo el desarrollo nacional, señalan los colectivos.
La movilización surge luego de que Anna Katharina Müller, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP) y coordinadora de la Comisión de Enlace, abandonara las negociaciones en la Comisión de Enlace sobre el monto destinado al FEES para el presupuesto de 2025, y ordenara que el monto fuera decidido por la Asamblea Legislativa sin aumentar la partida respecto al presupuesto de 2024.
Las personas integrantes de la Comisión deben de negociar de manera multilateral año con año el presupuesto destinado a las universidades estatales, y en el caso que no se llegue a un acuerdo, los diputados de la Asamblea Nacional son los encargados de tomar la decisión final. Esta es la primera vez en la historia de Costa Rica que la Comisión no llega a un acuerdo.
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La Comisión está conformada por el Conare, una representación de las federaciones estudiantiles y los titulares del Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
En las negociaciones iniciadas el 27 de junio de este año, el ministro del MH, Nogui Acosta, informó que solo se aumentaría el 1% del presupuesto. Este aumento corresponde a 5 761 millones de colones, para un total de 576 087 millones de colones destinados a las universidades en 2025.
Sin embargo, el Conare expuso que este monto sería insuficiente para el funcionamiento de las universidades. En contraparte, solicitó el aumento del 4.6%, es decir, un aumento de 23 389 millones de colones. Además, pidieron la devolución de recursos postergados por la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021, lo que aumentaría el presupuesto solicitado a 62 590 millones de colones.
Negociación no fue multilateral
Después de cinco sesiones en las que hubo diferentes roces, el 16 de agosto, Müller dio por terminada la negociación y envió el presupuesto a la Asamblea para que decidiera la partida final, pero sin determinar ningún aumento.
Esto fue duramente criticado por el Conare y las organizaciones estudiantiles, ya que Müller había señalado en un documento nombrado oficio DM-1108-2024, que en caso de no llegar a un acuerdo, el presupuesto universitario sería enviado a la Asamblea con el 1% de incremento.
“Si los rectores insisten con su capricho de no negociar en Casa Presidencial, el Gobierno no tiene más que incluir dentro del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el 2025 la suma de 581 848 millones de colones para el FEES, de los cuales 5 761 millones representan un aumento para este año. Este aumento tan sustancial compensa de sobra la inflación”, expuso Müller en otro comunicado de prensa nombrado “Capricho de rectores frena negociación del FEES”.
Las universidades y organizaciones estudiantiles han señalado que la decisión de no continuar con la negociación fue unilateral y autoritaria. “Esto no es más que una agresión directa a la institucionalidad y la autonomía universitaria, esto demuestra, una vez más, la incapacidad, la impericia y el carácter autoritario de la administración Chaves Robles”, expuso la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna).
Por su parte, la rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) señala que el Gobierno de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, incumple el mandato constitucional de invertir el 8% del PIB a la educación y no reconoce las deudas que tiene con las universidades públicas desde el 2020 y 2021.
De acuerdo con la institución, no contar con el aumento del financiamiento a las universidades estatales significa una pérdida de poder adquisitivo del FEES, arriesgando la estabilidad financiera, la apertura de más cupos, los programas de becas, la inversión de infraestructura, equipos y proyectos en docencia, investigación y extensión, señala en un comunicado.
FEES ha disminuido en términos reales en los últimos años
La movilización que se extenderá al 29 de agosto, también tiene por objetivo poner en marcha el Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa surgida en 2023, luego que el MH también se negara a aumentar el presupuesto del FEES para el 2024.
De acuerdo con las 80 organizaciones que conforman el Pacto, Costa Rica está enfrentando la crisis educativa más crítica de los últimos 40 años, la cual se ha agudizado con los recortes y negaciones de aumento de presupuesto por parte del Gobierno de Chaves.
En 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó una exposición del presupuesto del FEES que evidencia una disminución económica en términos reales a lo largo de los últimos años, ya que los montos destinados para el fondo no solo han sido recortados, sino que tampoco se ha reconocido el aumento de costo de vida, ni las deudas pendientes.
Por su parte, las demás universidades expresaron que estas sí han presentado resultados de cumplimientos de indicadores de educación y una propuesta de Agenda de Cooperación entre el Gobierno y las Universidades públicas, fundamentadas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no ha sido aceptada.