Detrás estaba el gabinete casi completo y los diputados oficialistas. Delante, las cámaras propias que transmitían para redes sociales y las de la prensa que llegaba a esta “conferencia de prensa en edición especial”. En medio, el presidente Rodrigo Chaves, leyendo un mensaje que colocaba al Poder Judicial en el paredón de las diatribas que el mandatario suele dirigir a las instituciones ajenas a su control, aunque en esta ocasión el tono parece más grave y las críticas son más abundantes y más fuertes. Y las expresiones tienen más efusividad, como cuando pidió a todo el equipo ponerse de pie para aplaudir a todos los imputados en uno de los expedientes de supuesta corrupción en la institución estatal que maneja la red de clínicas y hospitales del país.
Los operativos policiales de los últimos días contra acciones del Poder Ejecutivo desataron en el presidente una reacción inédita aunque esperable de su parte contra las autoridades judiciales e instalan un pulso entre poderes que agita las aguas políticas, un año antes de que comience la campaña electoral para los comicios presidenciales del 2026. Costa Rica, la democracia más estable de Centroamérica, pone a prueba el funcionamiento de su institucionalidad ante los avances de un gobierno que elogia los amplios poderes de Nayib Bukele en El Salvador y que evita llamar “dictadura” al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Chaves desenfundó esta semana sus verbos más fuertes contra el fiscal general, Carlo Díaz, contra el Ministerio Público que él dirige y contra el Poder Judicial, al que acusa de estar politizado y de actuar en defensa de los partidos políticos e intereses económicos tradicionales, esos que él jura estar combatiendo con su “revolución pacífica”. Les dijo “matones”, “autoritarios”, “desbocados”, “sometidos” y muchos otros adjetivos más, pero también evitó decir si obedecerá las disposiciones judiciales y se digirió a la población con un llamado inquietante: “Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar. En los países civilizados las diferencias entre poderes y partidos se resuelven en las urnas. Yo espero que nos dé tiempo de llegar ahí en paz (…) Estén listos, observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”, dijo Chaves parafraseando en esta última frases de himnos patrióticos.
Dos días antes, las autoridades judiciales habían detenido por 36 horas a una de sus principales fichas del gabinete, la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, junto cinco directivos y dos gerentes. La semana anterior habían hecho allanamientos para una investigación en la que Chaves figura como sospechoso de “abuso de poder” contra la empresa propietaria del diario La Nación, de línea crítica contra el gobierno. Son sólo dos de las decenas de expedientes penales que se acumulan en el Ministerio Público contra miembros del Ejecutivo, con casi 50 en los que el mandatario es directamente objeto de investigación por diversos delitos.
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Estas son las denuncias “canallas” que el Presidente ha pretendido menospreciar, aunque los hechos demuestran que no ha logrado convencer al fiscal general, Carlo Díaz, y el entorno de justicia penal. “En el Ministerio Público no vamos a dejar de cumplir con nuestro deber por miedo a discursos agresivos, amenazas solapadas o directas provenientes de cualquier persona”, advirtió Díaz.
De ahí la reacción furibunda del mandatario en la última semana de septiembre, en medio de un escenario de polarización en el que Chaves intenta capitalizar el apoyo que tiene de al menos la mitad de la población, según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), aunque también han mostrado un empeoramiento de la percepción popular sobre la seguridad, la educación y la corrupción en el Gobierno actual.
Líder personalista
La explicación de los estudiosos es que Chaves, que ahora ni siquiera tiene partido político identificado, se ha logrado posicionar como un líder personalista al que poco le afectan las preocupaciones de la población sobre asuntos de fondo. Sus formas peleonas, ajenas al uso de los ‘ticos’, son la manera de llevar adelante la “transformación histórica”. “Nosotros vinimos a desafiar esos intereses”, dijo sobre los partidos políticos que han ostentado el poder desde mitad del siglo XX y actores económicos ligados a ellos. Lo dijo también refiriéndose a distintos órganos del Poder Judicial, a los cuales acusa de someterse a esos.
Las críticas contra el Poder Judicial ya venían como las dirigía también a la Asamblea Legislativa o a la Contraloría General de la República, pero ahora es más directo. Ya había cuestionado sentencias desfavorables, criticado a jueces específicos o desdeñado fallos de la Sala Constitucional. También había señalado la lentitud judicial para ciertos casos, la impunidad en otros y las posiciones garantistas ante la ola de crimen organizado. Además en estos dos años ha llevado la pugna al plano presupuestario, pero ahora el escenario es otro: es un enfrentamiento abierto con la advertencia de llamar a la población a “actuar” de una manera que a ciertos diputados les ha sonado a sedición.
“El señor presidente va a tener que salir detenido con esposas en sus puños”, dijo la diputada opositora Gloria Navas. “El país no merece que el Poder Ejecutivo atente sistemáticamente contra los principios que han hecho de nuestro país un referente en el mundo”, añadió Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, que ya en anteriores ocasiones ha atribuido a Chaves actitudes autoritarias.
¿Una nueva Constitución?
Para el gobernante que llegó en 2022 como una daga para el sistema tradicional de partidos, lo suyo no es autoritarismo, sino valentía para actuar contra los poderes que, según él, se esconden debajo de la institucionalidad. Pero ha dicho que no bastarán cuatro años para “salvar a Costa Rica”, por lo que con frecuencia llama a poner atención en las elecciones de febrero de 2026 para la Presidencia y para la Asamblea Legislativa, pues apunta incluso a una nueva Constitución Política que sustituya a la actual, de 1949, y que otorgue más poder al Ejecutivo.
Él, según las reglas actuales, puede reelegirse en el 2034, pero entre los calores de esta semana también salió un nuevo elemento: una periodista le preguntó a Chaves si es cierto el rumor de que podría renunciar en 2025 para postularse por una curul legislativa, lo cual él no descartó. “Puede ser que sí, puede ser que no”, respondió sobre una jugada electoral que nadie ha ejecutado pero que la ley permite y que le daría impulso para que alcance más curules su partido, cualquiera que sea.
Ahora se discute el conflicto con el Poder Judicial y algo sobre las elecciones próximas, pero tal vez no sea una casualidad. En medio está la inmunidad que Chaves tiene al ejercer como presidente, la cual perdería por unos meses si decide renunciar para ir a un escaño legislativo que volvería a otorgarle inmunidad. Los detractores ven en esa presunta movida electoral una intención de evitar llegar a una sala de juicio. Para los seguidores de Chaves, esta sería la manera de mantener activo el liderazgo político del economista de 63 años y tratar de influir para ganar la Presidencia con la carta oficialista, que podría ser la actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, a juzgar por los hurras de las cuentas ‘chavistas’ en redes sociales.
En la acera del frente cunde la confusión. Los partidos tradicionales y los nacidos en este siglo XXI, cuyas bancadas controlan el Congreso en este cuatrienio, intentan responder en lo inmediato pero no hay asomos de un posible candidato central contra el ‘chavismo’.
La desconfianza en los partidos políticos hace que sólo 2 de cada 10 costarricenses admitan alguna simpatía partidaria. El Poder Judicial también ha venido acumulando cuestionamientos sistemáticos desde el 2007. Tampoco sale bien calificada la Asamblea Legislativa, algo que Chaves recuerda con frecuencia y sin preocupación en sus discursos. Sabe que hay un núcleo duro que lo apoya y sólo debe buscar una fórmula para trasladar ese respaldo personalista a un movimiento político o al menos a una candidatura presidencial que prolongue esta “transformación histórica” que también desafía a la Justicia.