COVID-19 aplaza estrategia educativa del gobierno de Ortega

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Una adolescente camina hacia su centro de estudios. En los últimos meses el número de estudiantes se ha reducido producto del temor de sus padres a contagiarse por el coronavirus. Foto: Carlos Herrera | DIVERGENTES

El aula de la profesora Mirna* está semivacía. De los 48 alumnos que iniciaron el curso de tercer grado a inicios de 2020, tan sólo cuatro continúan recibiendo clases presenciales. La reducción en el número de alumnos ocurrió poco después del 18 de marzo, después de que el gobierno de Daniel Ortega anunció el primer caso positivo de COVID-19 en Nicaragua. “Los padres dijeron que no iban a enviarme más a sus hijos”, dice esta docente de educación primaria en Managua.

Aunque el Gobierno continúa promoviendo una falsa normalidad e “incentivando” a los padres de familia para que lleven a los alumnos a clases, la situación no ha variado mucho en las aulas de los colegios públicos. Los maestros no están impartiendo contenidos nuevos y dedican la mayor parte del tiempo a repasar temas que no corresponden a estas etapa del ciclo escolar.

El temor de que se contagien sus hijos, y de que transmitan el virus a los más ancianos de la familia, es lo que detiene a los padres de familia a enviar a sus hijos. Ni las clases en línea ni las guías, y tampoco la amenaza del Ministerio de Educación (Mined) de reprobar a los estudiantes que no asistan a los centros educativos, ha conseguido que la “estrategia” del régimen Ortega-Murillo de resultado. “Y no funcionará”, aseguró a DIVERGENTES Josefina Vijil, doctora en ciencias de la educación y miembro de la Academia de Ciencias. 

“El primer problema del Gobierno y del Ministerio de Educación es que no reconocen que hay un problema. Es decir, no han aceptado de inicio que hay una pandemia que es sumamente peligrosa y contagiosa, y que ha llevado a países muy importantes del mundo a cerrar y a tener cuarentena. A tomar otro tipo de medidas como por ejemplo: hacer las pruebas, dar información o dar seguimiento a las fuentes de contagio, etcétera”, explica la investigadora.

Desde el inicio de la pandemia el Gobierno de Daniel Ortega no ha suspendido las clases a pesar de la demanda de los profesores y de los padres y madres de familia. Si bien hubo una pausa producto de las vacaciones de Semana Santa y otra que disfrazó con las vacaciones semestrales, la decisión de anular las actividades presenciales no ha sido tomada.

Al no asumir el problema el Gobierno no puede articular soluciones, dice Vijil, y agrega que la dictadura no ha logrado absolutamente nada “tapándose” los ojos y pretendiendo normalidad. La decisión de no prepararse para la pandemia y no tomar medidas al respecto ha puesto en riesgo a miles de familias, a quienes las autoridades han dicho que a los más jóvenes el virus “no les va afectar” en lo absoluto.

La sociedad civil demandó a inicios de abril que tomara medidas para intentar frenar el avance de la pandemia en el territorio nacional. La suspensión de clases presenciales fue una de las tantas peticiones que el Gobierno ignoró por completo, y que continúa ignorando aunque las aulas continúen vacías.

“El tema es que cualquier solución, cualquier medida es una medida difícil. Porque cerrar tiene unas consecuencias muy grandes, pero no cerrar también las tiene. Entonces, en este sentido no hay decisiones fáciles. Cualquier decisión es difícil, pero lo peor que se puede hacer es no saber… no aceptar que hay un problema importante, o buscar soluciones alternativas”, manifiesta la experta en educación.

Esta semana el régimen Ortega-Murillo admitió que la pandemia de la COVID-19 ha causado un impacto negativo en la asistencia de alumnos a clases presenciales, las que no han sido suspendidas a pesar de las recomendaciones de los médicos para evitar contagios.

La asistencia a clases ha mermado en más del 30% en medio de la pandemia, según Rosario Murillo. La Unidad Sindical Magisterial alertó entre fines de marzo y julio pasado la asistencia de alumnos a las escuelas descendió por debajo del 40%, debido al temor de los padres de familia a que sus hijos contraigan el Coronavirus.

Algunos padres de familia han decidido enviar a sus hijos a clases por temor a que las autoridades educativas los reprueben. Foto: Carlos Herrera | DIVERGENTES

De las imposiciones del gobierno a las aulas vacías

La profesora Mirna recuerda que la misma noche en que el Gobierno anunció el primer caso positivo de COVID-19, padres y madres de familia llamaron a su celular para preguntarle si las clases iban a cancelarse, tal y como ocurrió en países como Costa Rica y Honduras. Mirna no supo responderles. En primera instancia les dijo que no y que el Mined todavía no había orientado nada. A medida que transcurrió la semana, más padres marcaron a su teléfono. La respuesta esta vez fue la misma, aunque con una leve imposición.

“La directora nos reunió y nos dijo que las clases no se iban a suspender. Que el virus era una gripe común y que eran inventos de la derecha golpista”, recuerda Mirna. Luego de esa junta tuvo que decir a los padres de familia lo mismo que su superiora le orientó. “Una madre me preguntó qué pensaba de esto. Y con toda sinceridad le dije que yo cumplía una orden, y que quien decidía sobre su hijo al final era ella, porque yo no podía exigirles que los enviaran”, expresó.

Aunque el Mined y el Gobierno minimizaron la pandemia, la mayoría de tutores que matricularon a sus hijos en este colegio de educación primaria –situado en el Distrito Cinco de Managua– no obedecieron la orden transmitida desde la dirección central hasta los colegios públicos. Al regreso de Semana Santa, temporada en la que el Gobierno incentivó las actividades religiosas y aglomeraciones partidarias, el aula de la profesora Mirna estaba completamente vacía.

“El primer día, después de Semana Santa, pensé que los muchachos no habían llegado porque era el regreso; algunos seguro estaban cansados. Pero pasó miércoles, jueves, viernes, y el aula continuó vacía. Llamé a mi hermana, que imparte clases en Diriamba, y me dijo que estaba solo con dos estudiantes. En ese momento supe que no era una casualidad”, continúa la docente.

Entierros exprés empeoraron asistencia escolar

Mayo vino a peor. A pesar de que el Gobierno intentó persuadir a los padres y madres de familia con la amenaza de que si sus hijos no se presentaban iban a quedar reprobados, la situación no varió. La curva de contagios se elevó en el país y esto, sumado a la enorme cantidad de entierros exprés que hubo en todo el país, motivó a los tutores de los alumnos a mantenerlos en sus casas.

En las vacaciones semestrales programadas a mediados de junio, el Gobierno intentó poner en práctica un plan de educación a distancia para aquellos estudiantes a los que sus padres decidieron no enviarlos más a los colegios. El proyecto consistía en distribuir contenidos a través de redes sociales, canales de mensajería online y programas televisivos, y que luego los alumnos resolvieran guías de estudio que serían enviadas por estos mismos medios.

“Funcionó al inicio. La opción de las guías era buena, pero siempre existió la presión del Gobierno de tener alumnos en las aulas”, cuenta Mirna.

La docente refiere que no sabe qué pasó en la dirigencia del Ministerio de Educación, pues a las tres semanas de haber comenzado a aplicar las guías, la dirección informó a los docentes que debían exigir, otra vez, que los alumnos llegaran a las aulas de clases. El fantasma del aplazado resucitó y aunque la presión se mantiene, la situación no varía en los colegios públicos.

Los maestros han solicitado a las autoridades educativas la suspensión de las clases presencial. La petición ha sido ignorada. Jorge Torres | EFE

La falta de conectividad en Nicaragua

De haber reconocido la pandemia como el principal problema en Nicaragua, quizás el plan de la educación a distancia hubiera resultado. O quizás no. Según los expertos, el hecho es que la negligencia gubernamental desnudó cualquier planificación que el gobierno aplicó para tratar de mantener la normalidad.

Por ejemplo, la educación a distancia que aplicaron algunas semanas, fue un fiasco porque la distancia que existe entre las personas que tienen conectividad y las que no es bastante grande. “Algunos padres no tenían dinero para recargar su celular. Yo trataba de ayudar pero las familias prefieren comer con 50 pesos que invertir en la educación. Y no estoy en contra porque sé que son personas pobres”, indica Abrahám**, profesor de educación secundaria en Managua.

Vijil enfatiza en que el hecho de que no todos los maestros manejen bien internet y muchas familias no tengan acceso, efectivamente impide que una política como la que “experimentó el Gobierno” de resultado. “Hay una brecha de inequidad grandísima en Nicaragua, que hace que haya territorios enteros y poblaciones enteras que no tienen acceso a equipos, o no tienen acceso a conexión. O si la tienen, no es suficientemente potente como para recibir clases en línea”, aclara.

Una fuente del Ministerio de Educación, consultada por DIVERGENTES, explicó que la modalidad de educación virtual o a distancia se dejó de aplicar por “una orden que recibieron desde arriba”. “Un día nos dijeron que echáramos a andar el plan y otro día que no… que eso no estaba funcionando. La educación la manejan como quieren, es otro gran problema al que se le debe dar solución”, refirió la misma fuente, que pidió el anonimato por temor a represalias.

El fracaso de la no estrategia del Mined y el gobierno 

Los estudiantes reciben contenido que fue impartido a inicios del año. En los colegios los maestros no están adelantando temas. Carlos Herrera | DIVERGENTES

Para Vijil, la experta en educación, cualquier estrategia planteada por el Gobierno podía resultar, sí y sólo sí, primero aceptaban el problema. Eso partía con la elaboración de un diagnóstico y luego aplicar soluciones de educación remota en emergencia. Es decir, no sólo la educación virtual, si no usando la radio, televisión, teléfonos celulares, material escrito repartido de manera responsable y, por supuesto, el involucramiento de la sociedad.

“Es un problema tan importante, que un gobierno solo no puede, tiene que articular a todos los sectores sociales. Lo que pasa es que el COVID-19 vino a Nicaragua como una crisis superpuesta a otras crisis que ya existían, porque el Ministerio de Educación estaba imposibilitado de responder, porque se había vuelto un brazo represor del régimen también, igual que las universidades. Entonces, digamos que esto a nosotros nos cae como país en una crisis sobre otra crisis”, analiza la especialista.

Parte del fracaso del Ministerio de Educación al momento de aplicar la educación virtual o a distancia, también tiene que ver con la falta de voluntad de articular todos los componentes para garantizar el correcto uso de los medios físicos y digitales. Actualmente el Gobierno transmite clases en televisión abierta cuyos resultados hasta ahora no han sido medidos. Si bien mantiene la presión de que los alumnos lleguen a las aulas, recomiendan, a través de los mismos docentes, que los padres pongan a sus hijos a ver estos programas.

Sin embargo, para Vijil, estos contenidos impartidos en la televisión, no pueden ser presentados a la ligera, pues la educación remota en la emergencia es sistemática. Ella parte del hecho de que se establece una priorización curricular, es decir, transmitir lo más importante estableciendo rutas de aprendizaje que delimiten los medios por los que se va a enseñar el contenido, los materiales que se pueden usar en radio, televisión o internet.

“A mi lo que me parece es que el Ministerio reaccionó, en primer lugar, negando. En segundo lugar haciendo medidas que son como parche, y en tercer lugar tarde. Hemos visto algunos ejemplos que han sido suficientemente divulgados como para que los aborde aquí, pero vos ves unas clases en la televisión y decís: ¡Dios mío mi lindo ¿qué es esto?! Entonces, todo eso tiene que estar articulado y tiene que haber una rigurosidad en la calidad, para que pueda generarse aprendizaje”, indica Vijil.

Los maestros, “rehenes” del régimen 

En la casa de Susana*** todos están preocupados. Su mamá le ofrece su bendición cuando sale hacia el colegio público en el que imparte la materia de Biología. No puede dejar de asistir, tampoco pedir un permiso especial. La orden es no fallar, continuar en las aulas hasta que se sumen la mayor cantidad de alumnos.

En junio de este año recibió un audio de una reunión que sostuvo Sergio Mercado, delegado departamental del Mined, con algunos colegas suyos. El mensaje del funcionario público fue más bien una amenaza. Les dijo que si algún docente se atrevía a sugerir a los padres o madres de familia que no enviaran a sus hijos a clases, podría ser despedido.

“Me asusté. Yo no es que les sugiera así como dice él, pero me preguntan mi opinión. Yo les digo que vean las noticias nacionales e internacionales y que ellos evalúen si mandan o no a su hijo al colegio. No sé si decirles eso es malo. Igual ahora quieren mandarnos casa a casa a hablar con los tutores. Una locura porque nos exponemos más”, cuenta esta joven profesora.

Al igual que Susana, Abrahám y Mirna, enfrentan las mismas presiones no sólo de parte del delegado departamental, sino de sus directores. Han sido obligados a impartir clases aunque sólo asistan de cinco a ocho alumnos. Aunque tratan de mantener el distanciamiento entre los jóvenes, lavado de manos y uso de mascarilla, la preocupación permanece.

Una adolescente sale de su centro educativo ubicado en el distrito cinco de Managua. Carlos Herrera | DIVERGENTES

“No sabés cuándo te va a tocar a vos”, dice Abraham, quien teme estar hospitalizado tal y como lo estuvo un amigo suyo, también maestro, hace algunos meses. “Creí que se iba a morir. Gracias a Dios se recuperó, pero otros no se han salvado”, cuenta con tristeza.

Vijil expresa que los maestros son rehenes de la dictadura pues están atrapados en un sistema en el que si ellos dejan de ir a clases o manifiestan una palabra, pueden ser despedidos.

“Ellos no han sido consultados, no son tomados en cuenta en la solución y por otro lado los colegios ni siquiera tienen las condiciones mínimas. O sea, ya sabemos que hay tres elementos que son clave para controlar la pandemia que son: la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social de dos metros o de tres metros. Entonces, ni siquiera hay agua ni jabón para protegerse del COVID-19, ¿cuántos llegarán con mascarilla de los alumnos? ¿Cuántos de los maestros llegarán con mascarilla? ¿Me explico? Los maestros están rehenes de una situación que ellos no manejan, no controlan, porque la controla el gobierno”, alertó la especialista en educación.

La fuente del Ministerio de Educación que DIVERGENTES consultó para este reportaje reveló que el objetivo del Gobierno al mantener las clases “normales”, es aprobar al mayor número de estudiantes y mantener las cifras que durante mucho tiempo “han maquillado” para tener excelentes notas ante organismos internacionales.

“Es una irresponsabilidad total. Ellos quieren maquillar las cifras, pero no engañan a nadie. No engañan a nadie porque todo el mundo sabe que no tenemos los aprendizajes que necesitamos. Por mucho que le pongan cien a un niño en primer grado que no sabe leer,  sabemos que no sabe leer. Pero creo yo que la batalla está perdida de entrada porque nadie confía en esas cifras. Es lo mismo que con el covid ¿Quién confía en las cifras gubernamentales? Ni la OPS”, finalizó Vijil.

Mirna*, Susana** y Abrahám*** son docentes de primaria y secundaria en colegios públicos. Sus nombres fueron cambiados para proteger su identidad y evitar represalias por parte del Mined.

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