Tras los prolegómenos de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) este domingo en Ciudad de Panamá, la cita hemisférica inició formalmente este lunes. En los pasillos del imponente Centro de Convenciones Atlapa, donde se realiza el encuentro, lo que más se comenta entre diplomáticos, miembros de la sociedad civil y periodistas no es la crisis de Haití, la situación de Venezuela o mucho menos las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Es una nota de Reuters.
La agencia de noticias reveló que varios diplomáticos estadounidenses de alto nivel destinados ante la OEA renunciaron o fueron despedidos en medio de choques con Leandro Rizzuto Jr., el embajador designado por el presidente Donald Trump ante el organismo hemisférico. Según la publicación, entre quienes salieron están el subjefe de misión, el jefe de gabinete, un alto consejero político y al menos otro funcionario del servicio exterior. En la práctica, una parte sustancial —casi toda la plana mayor— de la misión estadounidense ante la OEA quedó descabezada.
La revelación sacudió el ambiente previo a la Asamblea no solo por la dimensión de las salidas, sino por lo que expone del momento que atraviesa la OEA: una triple crisis de financiamiento, gobernanza y liderazgo. Rizzuto, amigo personal de Trump, dijo a Reuters que busca cambiar el enfoque de la OEA, en particular “alejarla de los derechos humanos y la democracia para orientarla hacia asuntos económicos”. Una visión que contrasta con el rol histórico del foro, influyente en el pasado, pero lastrado hoy por su inefectividad política ante regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
De modo que la Asamblea General número 56, en Ciudad de Panamá, se convierte en una de las más sensibles para una OEA atravesada por estas tensiones simultáneas. Se trata de una crisis financiera, por su dependencia histórica del financiamiento estadounidense; una crisis de gobernanza, por las disputas sobre rendición de cuentas y conducción interna; y una crisis de identidad, por la pregunta de fondo sobre qué debe ser la organización en un contexto mundial marcado por la dicotomía entre la defensa de la democracia y los derechos humanos, por un lado, y las prioridades de seguridad y economía, por otro.
Estados Unidos: aporta más y tiene un voto
Detrás del choque entre la administración Trump y la OEA también asoma una discusión más antigua sobre el poder dentro del organismo hemisférico: Estados Unidos es, por amplio margen, su principal financiador, pero conserva el mismo voto que cualquier otro Estado miembro, según las reglas.
Esa tensión ha sido retomada por analistas conservadores estadounidenses, que ven en la actual crisis no solo una disputa administrativa o de liderazgo, sino un problema de representación política. Según esa lectura, Washington sostiene buena parte del funcionamiento de la OEA, mientras bloques regionales más pequeños, en especial los países del Caribe, pueden incidir de forma decisiva en la correlación interna de fuerzas y en la elección de sus autoridades.
A esa inconformidad se suman señalamientos sobre la gestión del secretario general, Albert Ramdin, quien sustituyó al uruguayo Luis Almagro. En círculos críticos a su liderazgo se han denunciado presuntas irregularidades administrativas, contrataciones cuestionadas y falta de rendición de cuentas interna. Ramdin no ha sido declarado responsable de corrupción por ningún órgano competente, pero las acusaciones han alimentado el clima de desconfianza entre sectores de Washington y la nueva conducción de la OEA.
Sin embargo, hay elementos que arrinconan a Ramdin. Xaviera Jessurun, jefa de su gabinete y una de sus colaboradoras más cercanas, dejó su cargo en medio de acusaciones de corrupción, fraude y lavado de dinero en Surinam. La salida de la funcionaria se produjo tras la revocación de su visa diplomática por parte de Estados Unidos, un episodio que terminó alimentando aún más las tensiones entre Washington y la nueva administración del organismo.
Después de Almagro
La llegada de Ramdin, el primer secretario general caribeño de la OEA, ha sido leída en esos círculos como “un punto de inflexión”, según fuentes allegadas al organismo consultadas por DIVERGENTES. No solo porque marca el cierre de la era de Almagro, más confrontativa frente a regímenes como Venezuela y Nicaragua, sino porque evidencia que Estados Unidos ya no define por sí solo el rumbo político del foro interamericano.
Esa es una de las preguntas que sobrevuela la Asamblea en Panamá, pero que nadie, por ahora, se atreve a plantear de manera tan descarnada. ¿Washington seguirá dispuesto a financiar una organización que considera estratégica para el hemisferio, pero sobre la cual percibe una influencia cada vez más limitada y crecientes dudas sobre su gobernanza interna? Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha impulsado una política exterior marcada por el escepticismo hacia los organismos multilaterales y la preferencia por relaciones bilaterales en las que Washington ejerza una influencia más directa. La OEA no ha escapado a esa tendencia.
Funcionarios de la administración republicana han cuestionado públicamente la relevancia del organismo y han planteado la necesidad de reformas profundas para justificar el continuo respaldo financiero estadounidense. “En ese contexto, las disputas internas de la organización, las críticas a su liderazgo y el debate sobre su misión adquieren una dimensión mayor… forman parte de una discusión más amplia sobre el futuro del multilateralismo en una era de creciente competencia geopolítica”, dice una de las fuentes consultadas por DIVERGENTES.
La discusión no es abstracta. Las tensiones sobre el futuro de la OEA tienen implicaciones concretas sobre la capacidad del organismo para seguir ejerciendo presión política y diplomática frente a las principales crisis democráticas del continente. Y pocos casos ilustran mejor este debate que el de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque el régimen copresidencial formalizó su salida de la organización en 2023, el expediente sigue ocupando un lugar central en el sistema interamericano y se ha convertido, para muchos observadores, en una prueba sobre la vigencia misma de la OEA como foro de defensa de la democracia y los derechos humanos.
Un país fuera de la OEA, pero dentro de la agenda
En Panamá, el expediente nica no se mueve solo por inercia institucional. Organizaciones como Raza e Igualdad, la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) y otras agrupaciones de la sociedad civil han llegado a la Asamblea General a evitar que Nicaragua quede relegada en medio de una agenda hemisférica marcada por Haití, Venezuela, la migración, la seguridad regional y la propia crisis interna de la OEA.
“Venimos a elevar la denuncia y a fortalecer las acciones de incidencia respecto de los crímenes de lesa humanidad que siguen ocurriendo en Nicaragua, como la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera bajo custodia estatal; la continuidad de la prisión por motivos políticos y las desapariciones”, dijo Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad. “También estamos impulsando espacios indispensables para denunciar que las violaciones de derechos humanos tienen especiales afectaciones para las mujeres por su género y para discutir el nuevo horizonte que representa para las víctimas la justicia transicional”.
El esfuerzo como el de Raza e Igualdad coincide con la discusión de un proyecto de resolución sobre Nicaragua que será sometido a consideración de los Estados miembros. El borrador mantiene buena parte del lenguaje más severo utilizado por el sistema interamericano en los últimos años y vuelve a colocar sobre la mesa las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo.
El texto expresa preocupación por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales y retoma las conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), según las cuales algunos de los abusos cometidos por el Estado nicaragüense podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
La propuesta también incorpora una referencia explícita a las denuncias de represión transnacional, un tema que ha ganado relevancia en los últimos años a raíz de amenazas, agresiones y ataques contra opositores y exiliados nicaragüenses fuera de las fronteras del país, en especial el asesinato de Roberto Samcam hace un año.
Otro de los apartados más significativos de la propuesta de resolución está dedicado al caso de Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu y presidente de Yatama, quien murió bajo custodia estatal tras permanecer desaparecido durante más de 970 días. La resolución expresa preocupación por su muerte y demanda esclarecimiento sobre las circunstancias en que ocurrió, elevando el caso a la agenda política hemisférica como símbolo de la persecución contra liderazgos indígenas y opositores.
Además, el proyecto exige la liberación inmediata e incondicional de las personas presas por motivos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones a las libertades fundamentales. También reclama el restablecimiento de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos afectados por medidas de desnacionalización, confiscación de bienes y expulsión del país.
Otro de los puntos más relevantes es el referido a la apatridia. La resolución insta al régimen a restituir la nacionalidad a las personas privadas arbitrariamente de ella y a poner fin a las situaciones de apatridia generadas por las decisiones adoptadas contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
El texto también aborda la situación de la libertad religiosa, expresa preocupación por la persecución contra líderes y organizaciones religiosas y reclama garantías para el libre ejercicio de la fe y la actividad pastoral.
Sin embargo, la resolución evita medidas coercitivas o llamados a mecanismos extraordinarios contra Nicaragua. En cambio, combina la condena a las violaciones de derechos humanos con una invitación explícita al Estado nicaragüense para que retorne a la OEA y se reincorpore plenamente al sistema interamericano. Un empeño que refleja, a cabalidad, la paradoja actual de la OEA: tener incidencia política frente a un régimen que no sólo osó abandonar su silla, sino que hasta confiscó el edificio de la institución interamericana en Managua.