Daniel Ortega no quiere una comisión internacional porque defiende “la soberanía de la impunidad”

Uno de los juristas más destacados de América Latina en el combate contra la corrupción y el crimen organizado conversó con Divergentes sobre la posibilidad de instalar una comisión internacional para que las víctimas de la rebelión de abril de 2018 puedan encontrar justicia y se pueda combatir la impunidad en Nicaragua. “Los presidentes temerosos de ser investigados no dejan entrar a comisiones internacionales”, advierte Iván Velásquez, exjefe de la Cicig en Guatemala

PruloArts
Por Julián Navarrete
@juliannavarret9

Quien lo ve relajado en su biblioteca en Medellín no se puede imaginar que este señor de 65 años de edad ha estado en la mira de los más poderosos de Colombia y Guatemala. Desde paramilitares y narcotraficantes colombianos, hasta grandes empresarios, políticos e incluso presidentes de Guatemala. Su nombre es Iván Velásquez Gómez, pero su lema que más lo define es: “nadie está por encima de la ley”.

A finales de la década del ochenta, la casa de Velásquez era protegida por entre 25 a 30 soldados del Ejército colombiano, porque él investigaba el narcotráfico de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, que en ese entonces representaba el horror en Colombia. Fue este hombre, como procurador, el encargado de recoger las pruebas para demostrar que el capo más grande del Cartel de Medellín transformó la cárcel en la que estaba, La Catedral, en un centro turístico con fiestas, lujos y vicios.

Su trabajo en Colombia no paró ahí. Casi una década después, desde el cargo de magistrado auxiliar de la Corte Suprema, investigó la alianza entre el paramilitarismo con el estado, en un episodio que fue llamado como la “Parapolítica”. Durante ese tiempo, la justicia condenó a 50 congresistas que tenían nexos con los paramilitares. Esto puso en peligro a él y su familia, por lo que tuvo que salir del país.

Parecía que ya había escrito su historia, cuando años después fue nombrado como jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad que se instaló en el país centroamericano en 2007, como parte de un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas (ONU) para investigar la corrupción. Sus resultados fueron exitosos: se desmantelaron 70 estructuras criminales y se procesaron 670 personas. También se dictaron unas 400 sentencias, hubo alrededor de 100 solicitudes de retiro de inmunidad de funcionarios y se promovieron 30 iniciativas de ley. Se llevaron a juicio a tres presidentes, entre ellos Otto Pérez Molina, quien renunció a raíz de la investigación y después fue apresado.

Sus investigaciones llegaron a tocar a un hijo y hermano del presidente en funciones, Jimmy Morales, quien gobernó entre 2016 y 2020, lo cual determinó el final de la comisión en ese país el tres de septiembre de 2019. El mandatario declaró a Velásquez como “peligro de la seguridad nacional”. De hecho, el mismo Daniel Ortega, cuando vio el avance de la CICIG, descalificó el esfuerzo de Velásquez aduciendo que la comisión violaba la “soberanía de Guatemala”.

En esta entrevista con DIVERGENTES, el jurista Iván Velásquez habla sobre la viabilidad de una comisión internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la crisis política en Nicaragua desde 2018, las características que debería tener y la búsqueda de la justicia como un pilar de la democracia.

Manifestante sostiene una pancarta con el rostro del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez, en septiembre de 2018, antes de su expulsión del país. EFE | Esteban Biba

¿Cuáles son las características de las comisiones internacionales como la que usted encabezó en Guatemala?

Si se trata de una comisión del estilo de la Cicig, requeriría como ocurrió en Guatemala, que se celebre un convenio entre el estado y Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), como es el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). La naturaleza de las actividades que desarrolla una comisión internacional exige que haya en el país unas normas que permitan su funcionamiento. En Guatemala, después de muchos intentos de buscar internamente funciones a la gran impunidad que existía, y particularmente en el tema de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad estuvieron planteando continuar con un acompañamiento de Naciones Unidas, de manera que se pudiera enfrentar esa impunidad por las violaciones tan graves de derechos humanos.

¿Qué capacidades tiene una comisión como esta?

No tiene posibilidades de acción penal, pero sí apoyar en las investigaciones del Ministerio Público, siempre con el propósito de desarticular los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, se le daba la posibilidad de realizar investigaciones preliminares e indagaciones preliminares que no tenían que ser compartidas por la Fiscalía, sino se iba a producir un efecto judicial, pero, por ejemplo, si la Cicig se enteraba de algunas ejecuciones extrajudiciales, asumió como investigaciones preliminares los hechos para recabar información, y después los compartía con la Fiscalía para se adelantara la investigación.

¿Cómo es la relación con el Estado?

Hay dos supuestos que debe cumplir una comisión de esta naturaleza. De un lado, que sea efectivamente independiente. Sin ningún vínculo con el gobierno o con el congreso o la judicatura. El único vínculo que se debería tener es compartir el trabajo por tratarse de persecución penal es con la Fiscalía, pero en una labor que además no es subordinación. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que las fiscalías están subordinadas al poder político. La otra característica que debería tener es la capacidad técnica. Se requiere que haya una capacidad real de la comisión para adelantar investigaciones de carácter penal, que sirvan a la Fiscalía: investigaciones serias, profundas, completas, que permitan presentarse ante los jueces sin temor de que, por lo menos en el aspecto probatorio, esas investigaciones puedan caerse.

En Nicaragua estamos atravesando una crisis de violaciones de derechos humanos desde abril de 2018. ¿Usted cree que una comisión internacional podría eliminar la impunidad y ayudar a la búsqueda de justicia para las víctimas?

Creo que en todos los estados en los que existe falta de independencia del órgano de investigación y de juzgamiento –más allá de la capacidad técnica, que también en muchos de nuestros países hay una reducida capacidad técnica–, son razones suficientes para que un país busque la cooperación internacional para crear comisiones de esta naturaleza. Lo que ocurre es que, en todo caso, dado que se trata de un convenio internacional, la representación del estado la tiene el presidente de la república, y en muchas ocasiones, los presidentes temerosos o comprometidos con hechos que serían objetos de investigación, pues, no van a acceder a promover o suscribir un convenio de creación de una comisión como la Cicig.

Es por eso que los juristas nicaragüenses coinciden que solo sería posible instalarla en un cambio de gobierno, en un período de transición a la democracia, porque con el actual mandatario, Daniel Ortega, no lo ven posible. ¿Qué lecciones podría tomar Nicaragua de la Cicig?

La comisión no debe ser un poder paralelo a los órganos nacionales o superpuestos. Yo creo que, si la razón de ser de una comisión internacional de investigación es la falta de independencia o la impunidad de la gran corrupción, todo su trabajo debe ser para fortalecer la institución nacional, de manera que pueda en algún momento continuar desarrollando esa lucha contra la gran corrupción sin el apoyo de una comisión internacional. Es decir, que la titularidad de la acción penal siga radicada en el órgano nacional y que de ninguna forma en el internacional. En Guatemala hubo muchas críticas, pero siempre interesadas porque venían de personas afectadas con las investigaciones: que una comisión como la Cicig violaba la soberanía nacional.

Ese discurso también lo compartió Daniel Ortega…

El presidente Daniel Ortega dirigió comunicaciones a la OEA y al Foro de Sao Paulo, donde señaló a la Cicig como violadora de la soberanía guatemalteca y como un apéndice de Estados Unidos, lo cual nunca fue cierto. Entonces, ese discurso de la soberanía, con una comisión al estilo de la Cicig, realmente carece de fundamento. La Cicig contribuye con la investigación, pero esta tiene que ser aceptada por los fiscales, ser presentada ante un juez guatemalteco, y este debe pronunciarse sobre las pruebas y el mérito de la investigación, y toma la decisión que luego puede ser apelada ante una sala guatemalteca de magistrados. En ese sentido no se podría hablar realmente de violación de soberanía. Esto lo digo porque el primer ataque que se dirigirá hacia una comisión de esta clase será el de la soberanía. A los de este discurso lo único que les preocupa es que un órgano capaz e independiente sí podría conocer los graves hechos que se han tratado de mantener en la sombra. Entonces, como dijeron después en Guatemala, la soberanía que pretenden proteger, los que lanzan ese discurso para evitar comisiones de esta clase, es “la soberanía de la impunidad”.

¿El trabajo de la Cicig solo se circunscribe a la investigación o tenía otras acciones para el fortalecimiento del poder judicial?

En el convenio, y se desarrolló en Guatemala, se previó que la Cicig pudiera hacer propuestas de reformas legales e institucionales, como una forma de garantía de no repetición. Si en virtud de la investigación que se adelanta, el conocimiento de la manera cómo opera la criminalidad organizada, permite adoptar correctivos desde el aspecto legal o constitucional, estaría bien que ese órgano pudiera, con el análisis de la realidad y con la experiencia de la investigación concreta de hecho específicos, hacer formulaciones generales, leyes, que eviten que esos hechos puedan reproducirse en el futuro. La Cicig realizó esa actividad: presentó propuestas, no con iniciativas legislativas, sino que, con congresistas, sociedad civil, se discutían propuestas y eran llevadas por los congresistas. Así hubo varias. Otra de las facultades era la elaboración de informes temáticos sobre situaciones de la realidad, vinculados con su papel de investigación. El último informe que presentó fue “Guatemala, un estado capturado”.

El papel de los medios de comunicación
en la búsqueda de la verdad

Usted ha señalado que ante la ausencia de la Cicig, sería clave el papel de los medios de comunicación independientes y la sociedad civil. ¿Por qué?

No solo ante la ausencia, sino que aún con la presencia de una comisión. Yo siempre reivindiqué que para que se pueda librar con éxito la lucha contra la impunidad de la gran corrupción era indispensable tener dos fundamentos: la ciudadanía y los medios de comunicación independientes. La expresión ciudadana de rechazo que se mostraba en Guatemala semanalmente durante casi todo el 2015, con las grandes manifestaciones, permitió que pudiéramos profundizar en las investigaciones y que el gobierno no se atreviera a actuar contra la Comisión, que pudo haber sido una de las reacciones naturales de ellos: como efectivamente lo hizo el gobierno siguiente, el de Jimmy Morales, que obstaculizó bastante el trabajo.

¿Y los medios de comunicación?

En dos sentidos: por un lado la información veraz que proporcionan a la ciudadanía. Pero también, el periodismo de investigación resultó siempre de mucha ayuda y apoyo a la actividad de la Comisión. Porque muchos de los casos que la Fiscalía asumió se iniciaron en investigaciones periodísticas. Y una tercera importancia es que la información le proporcionaba, además a la población, nuevas razones para seguir expresando, porque los medios de televisión transmitían directamente desde las salas de audiencias. Entonces era una actividad concurrente: la Cicig con el Ministerio Público investigaban, se presentaban casos ante los jueces, la ciudadanía se expresaba, la prensa informaba y transmitía, y la ciudadanía volvía a reaccionar. Y así, en un círculo virtuoso que nos ayudó muchísimo durante el año 2015. Y que realmente durante una lucha tan prolongada es difícil que la ciudadanía mantenga el entusiasmo, el vigor que tuvo ese año, y esto fue lo que aprovechó Jimmy Morales a mediados de 2016 para empezar los embates que terminaron con la Comisión.

¿Cómo el despertar ciudadano en Guatemala ayudó al trabajo de la Comisión?

Todo este trabajo tiene una pretensión: construir democracia. Pero la construcción de la democracia no es una tarea de la justicia, sino que la justicia solamente puede ayudar por sus acciones naturales y por su complimiento adecuado de sus funciones. Pero la construcción de la democracia es obra de la ciudadanía. En eso se requiere que haya una participación activa y efectiva. Es decir, se necesita una ciudadanía que se exprese, que proteste, que reclame, pero que también actúe, que piense el estado. Que examine cuáles son las leyes y estructuras estatales en las que vive, y que pueda proponer y promover propuestas de una estructura del estado, de una legislación que garantice la democracia. Y ahí también es indispensable que se promueva el interés por lo público.

¿Por qué es importante el lema “nadie está por encima de la ley”?

Es la creación de una cultura de la legalidad. Es la verdadera igualdad frente a la acción legal del estado. Lo que estamos acostumbrados es que, cuando ya un escándalo es insoportable, entonces se permite que se hagan investigaciones que afecten a los mandos medios o inferiores de una estructura, pero nunca a los poderosos. Pensar ese ideal implica que cualquier poderoso puede ser presentado ante los tribunales si ha cometido un delito. Eso lo vimos muy bien durante 2015 en Guatemala, hasta que ya se empezaron a tocar unos intereses de empresarios, particularmente. Sabían que de continuar la Cicig desarrollando ese principio, iban a ser muchos de ellos vinculados a procesos. De ahí fue que ese grupo de empresarios tomó la decisión de enfrentar a la comisión, debilitándola, por ejemplo, frente al gobierno de los Estados Unidos, que dadas las condiciones de Guatemala, prestaba un apoyo político importante, y que dejó de prestarlo.

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