El pasado 19 de septiembre, el Gobierno de Xiomara Castro, mediante el decreto PCM 023-2022, creó la Dirección General de Información y Prensa, que está adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica y cuyo titular será nombrado por la presidenta de la república.
El 12 de octubre, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) emitió un comunicado en su página web y redes sociales en el que establecía que la Dirección General de Información y Prensa incurrió en al menos cuatro prácticas lesivas a la libertad de prensa y de expresión. La primera es la concentración del discurso público a nivel estatal; la segunda, el condicionamiento de la pauta publicitaria; la tercera, la censura previa y, la cuarta, el exceso de competencias otorgadas a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Dos días después de la publicación de dicho comunicado, la junta directiva de esta organización, – integrada por Saúl Bueso, Claudia Mendoza, José López, Eleana Borjas, Gilda Silvestruchi, Nedis Licona y Elías Castro – rechazó la crítica y posicionamiento expuestos en dicha publicación y mediante una aclaración pública adujeron que su contenido «no representa la opinión colegiada» de la junta directiva.
Sobre esta aclaración pública, el sábado 15 de octubre, Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre y quien lidera el equipo técnico, manifestó que esa aclaratoria «fue una decisión de la Junta Directiva. No fue una decisión mía, ni del equipo técnico, con quienes no la discutieron». Ponce reveló que varios de los integrantes de la Junta Directiva de C-Libre han sido militantes del partido Libre.
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Gilda Silvestrucci fue diputada suplente de Jari Dixon por el partido Libertad y Refundación (Libre) durante el período 2014-2018; en las pasadas elecciones internas, Silvestrucci aspiró a una diputación por el movimiento Honduras Libre.
En entrevista con este medio de comunicación el pasado 13 de octubre, Amada Ponce se refirió al análisis publicado por C-Libre después de la emisión del PCM en La Gaceta. Ponce dijo que el Gobierno está enfrentando una caída de la imagen pública de la presidenta Xiomara Castro, en el sentido de que ella ha dejado de comparecer públicamente en diferentes actos, por ejemplo, en emergencias y en atención a la ciudadanía y esta iniciativa busca mejorar su posición ante la opinión pública. Desde que tomó posesión, se ha visto a la presidenta en apenas dos comparecencias de prensa en Casa de Gobierno, en las cuales no se ha permitido a la prensa hacer preguntas.
Asimismo, Ponce sostuvo que lo más alarmante del PCM es que el Ejecutivo busca concentrar toda la información que produce el Gobierno, incluyendo la información generada en otros poderes del Estado o en instituciones autónomas, descentralizadas y desconcentradas.
«Hay al menos dos incisos en el artículo dos que hablan de concentrar la información que es producida en todos los órganos y dependencias del Estado, y no solamente estamos hablando del Poder Ejecutivo, sino también de la información que se desprende de las alcaldías, de los entes desconcentrados, del Congreso Nacional, Corte Suprema, Ministerio Público, entre otros», dijo.
La directora ejecutiva de C-Libre agregó que Conatel no solo podrá actuar ahora en el marco de sus facultades, que tienen que ver con las frecuencias de radio y televisión, sino que «ahora incluyen a medios de comunicación impresos, digitales y redes sociales, y aquí estos últimos tres elementos no son competencia de Conatel».
El PCM 023-2022 indica que todos los órganos y dependencias del Gobierno en materia de comunicación y redes sociales deberán «coordinar acciones y racionalizar su uso»; además ordena realizar «de manera permanente» un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales. «Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros medios técnicos necesarios» estipula el acuerdo.
El decreto ejecutivo también manda a realizar «diariamente un monitoreo y análisis de las diferentes noticias referidas a las acciones del Gobierno de la República, difundidas en los medios de comunicación nacional e internacional, convencionales o alternativos» Asimismo, ordena «coordinar junto a las autoridades de Conatel el inventario de las radioemisoras, televisoras, periódicos impresos y digitales, asimismo todo el contenido que se maneje en las redes sociales».
El titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, dijo a Contracorriente que el objetivo de este decreto es «reorganizar» las comunicaciones del Gobierno de Honduras vinculadas con la información que recibe la ciudadanía.
El secretario de Estado agregó que esa reorganización se hará en base a diagnósticos y monitoreos realizados a medios de comunicación e incluso a la actividad registrada en las redes sociales. Adicionalmente, anunció un proceso para legalizar «la contratación de pauta publicitaria que hasta la fecha ha estado siempre a las sombras».
Aunque es un decreto ejecutivo, algunos diputados y diputadas han reaccionado con preocupación. Entre ellos, la abogada Maribel Espinoza – congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) –, quien dijo a Contracorriente que la Secretaría de Planificación Estratégica no debería estar liderando esa dirección.
«De acuerdo con la Ley de la Administración Pública, entre las atribuciones de esa secretaría no está el monitorear o enlistar ni hacer encuestas sobre medios de comunicación convencionales o alternativos», expuso Espinoza.
El designado presidencial Salvador Nasralla se desmarcó el jueves de la decisión tomada por su Gobierno y señaló en su cuenta de Twitter, el jueves 13 de octubre, que la creación de esta dirección es el «comienzo de una nueva dictadura para coartar la libertad de expresión».
La postura de Nasralla ocasionó una ruptura dentro del Gobierno de Xiomara Castro. El viernes 14 de octubre, Mel Zelaya aseguró que la alianza entre el partido Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) está rota. «Nasralla rompió la alianza desde el momento en que insulta a la Presidenta, nos insulta a nosotros y al partido Libre, desde que menosprecia todo lo que se está haciendo en favor del pueblo», manifestó Zelaya a través del Canal 8.
El ministro Ricardo Salgado negó a Contracorriente que el PCM 023-2022 sea el comienzo de una dictadura y del control absoluto de la información en Honduras y afirmó que existe una campaña de desestabilización en contra del Gobierno de Xiomara Castro. A su vez, el ministro reconoció que es necesario cambiar de estrategia, pues a su juicio, dentro de los medios de comunicación «nadie reconoce» el trabajo que realizan los funcionarios del nuevo Gobierno.
«Ha habido una campaña de desestabilización que está fundamentalmente buscando evitar que el Gobierno avance. Le voy a poner un ejemplo: en el manejo de la emergencia [por las lluvias] que tuvimos ahorita, más de la mitad del Gabinete anda por todas partes del país auxiliando a las personas, pero no está en ningún medio, nadie lo reconoce, todo lo que hay en los medios son disparates, las locuras de cualquier orate, dando declaraciones de que hay nuevas dictaduras», expresó el ministro Salgado.
«¿Cuáles dictaduras, compañero?, si aquí estamos en un país que tiene toda la apertura del mundo. Si fuéramos una dictadura no estarían diciendo todas las barbaridades y mentiras que dicen todos los días» Ricardo Salgado.
El ministro Salgado aseguró que «lo que se le está asignando a Conatel es también una cuestión natural. Nosotros tenemos que saber qué canales existen, si están legales y en qué ámbito operan. El 98 % de todos los medios que existen en el país son privados, necesitamos saber cuáles son y dónde están».
«No sé qué quieren decir con el argumento de la concentración del discurso público, cada quién va a poder seguir diciendo lo que quiera. Eso sí, el Gobierno se reserva lo que va a decir, porque ahora lo que tenemos es un montón de departamentos o direcciones de comunicación en todas las instancias del Estado y cada una hace lo que puede, por decirlo de alguna manera, y publica de acuerdo a sus propios criterios. Lo que se trata esto es de tener una estrategia global del Gobierno en cómo se comunica», afirmó el ministro.
Amada Ponce expresó su preocupación sobre el uso que el Gobierno haga con la información resultante del diagnóstico y del monitoreo «pues no sabemos exactamente cuál es el sentido que le van a dar», además, expuso, este PCM «se extiende no solo a los medios de comunicación, sino que amplía a las redes».
«Se está hablando de las redes sociales en general, Facebook, YouTube, Tiktok, WhatsApp, quiere decir que existe otro tipo de manejo de información que podría estar siendo dirigido hacia el control del uso de las redes sociales que es la última plataforma ciudadana democrática que existe», tuiteó Amada Ponce.
Salgado agregó que, como Gobierno, ellos tienen la «obligación de monitorear las redes sociales» porque «creemos que es una de las fuentes en donde más se expresa la juventud y hay que ver qué están diciendo».
Ricardo Salgado añadió que hay dos tipos de manejo y análisis de información que el Gobierno hará. «Una es la información que el Gobierno traslada a la gente y la otra es cómo la gente y los medios están manejando esa información que tenemos. ¿Cuál es el objetivo?, entender el contexto permanentemente, porque no vivimos aislados».
Empresas de la familia Zelaya relacionadas a medios
Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Xiomara Castro se rodeó de sus hijos y de su esposo. Su hijo mayor, Héctor Manuel Zelaya, es el secretario privado de la presidencia y se le ve constantemente representando a su madre en reuniones de alto nivel; su hijo menor, José Manuel Zelaya, se hace llamar asesor ad honorem de la presidencia y José Manuel Zelaya Rosales, el expresidente y esposo de la presidenta, es el asesor presidencial con mayor notoriedad. Varios de los hijos de la pareja presidencial han tenido experiencia en medios de comunicación y están vinculados directamente con empresas de comunicación digital y monitoreo de medios.
El menor de los Zelaya, José Manuel, creó en septiembre de 2020 la sociedad Smart Digital S.A. cuya finalidad es el manejo de medios de comunicación, redes sociales, creación de contenido, marketing y venta de espacios publicitarios, entre otras actividades relacionadas a medios. La esposa de José Manuel también abrió una empresa en Florida en 2015 que primero llamó Notibomba Inc. – el mismo nombre del medio digital – pero que en 2017 cambió de nombre a Smart Digital Corp y de la cual ahora su esposo también es socio.
Por otro lado, Zoe Zelaya, la hija mayor de la presidenta, y Xiomara Hortensia Zelaya, la hija menor quien también es diputada, abrieron una empresa de consultoría de comunicación interna y externa, planes de comunicación, gestión de reputación en línea, monitoreo de redes y medios y elaboración de encuestas de posicionamiento cualitativas y cuantitativas, inteligencia política y varios rubros de la comunicación como la impresión de revistas o la producción de eventos públicos. La empresa fue creada en junio de 2019 y se llama Smart Communication Corp.
Estas empresas no aparecen en el sistema de proveedores de la ONCAE como contratistas del Estado.
¿Para qué será usada la información de los diagnósticos y monitoreos?
El ministro Salgado afirmó que el diagnóstico será utilizado para saber en qué medio se puede pautar. «Usted sabe que los medios de comunicación venden pauta, y para eso utilizan el rating, y el cliente decide por amplitud, alcance o segmento de población a la que llega el medio en cuestión. Nosotros haremos también eso, en vez de comprar esos estudios sobre rating, nosotros vamos a hacer el estudio con la gente, preguntándole cuál es el medio que más ve o qué programa ve a las 7 de la noche».
Amada Ponce consideró que el panorama de la libertad de expresión en Honduras es complicado, pues opina que no es correcto que la Dirección General de Información y Prensa sea la que determine la pauta publicitaria a raíz de un monitoreo ya que este puede ser instrumentalizado e implementado con sesgo.
Esta no es la primera vez que el Gobierno entra en polémica por asuntos relacionados con la publicidad, la propaganda y los medios de comunicación.
En mayo de este año el Gobierno lanzó la primera edición del periódico gubernamental «Poder Popular» con un costo estimado, para dicho mes, de HNL1,559,340.00 (USD 63,471.25).
El secretario de Prensa de Honduras, Ivis Alvarado, aseguró en ese momento a Contracorriente que con la creación de este periódico – con un tiraje de 20 mil ejemplares semanales – las pautas millonarias a medios comerciales desde Casa de Gobierno serían «cosa del pasado», pues este venía a sumarse a Radio Nacional de Honduras (RNH) y Televisión Nacional de Honduras (TNH).
Amilcar Valdés, subgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), institución que imprime el periódico Poder Popular, le reveló a Contracorriente que el último filtro para que el periódico se imprima es el asesor presidencial, Manuel Zelaya. «Una vez que se corrige el periódico, el presidente Zelaya lo revisa y, como es muy metódico, lo vuelve a enviar a revisión si hace algunos cambios».
Si bien es cierto, hace tres meses el secretario de Prensa cuestionó de forma severa que la administración del expresidente Hernández entregó a un medio de comunicación 52 millones de lempiras en concepto de pauta publicitaria, esta semana, el dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos, aseguró a Radio América que en la actualidad ven con buenos ojos pautar con medios privados.
«Si pasamos un anuncio por el periódico Poder Popular, Canal 8 o por Radio Nacional, no lo va a escuchar ni el 3% de la población. El grueso de la audiencia lo tienen los medios privados, se necesita pautar para llegar a las grandes masas», dijo Ríos.
En años pasados, el expresidente Mel Zelaya fue investigado por el abuso de fondos públicos destinados al pago de medios de comunicación, periodistas y empresas encuestadoras. Meses antes de que se pretendiera instalar el proyecto de la Cuarta Urna, el Gobierno de Mel Zelaya pagó enormes cantidades de dinero a los periodistas Eduardo Maldonado y Esdras Amado López.
En el reportaje publicado por Contracorriente y Redacción Regional, El Retorno del Clan Zelaya, se reveló que la amnistía decretada por el Congreso Nacional, que dirige Luis Redondo, sepultó las irregularidades detectadas en una auditoría que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó a la Secretaría de Defensa en febrero de 2009. En esa auditoría, que abarcó el periodo que va de julio 2008 al 28 de febrero de 2010, se reportó que se hizo la contratación directa de publicidad por una cantidad de veinte millones de lempiras (USD 1,051,524.71). El acuerdo que hizo posible lo anterior fue respaldado por la firma del expresidente Mel Zelaya y el entonces Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Arístides Mejía Carranza.
Sobre las pautas publicitarias, el ministro Salgado dijo que su Secretaría hará propuestas de acuerdo con los estudios que se realicen para determinar con «qué espacios conviene» pautar para que la presidenta de la República tome la decisión «de cuáles son los pasos que deben darse. Aquí se gestionarán también la contratación y se gestionará los pagos de las pautas, y se gestionará la exposición vía portal de transparencia de todos esos contratos y de todos los pagos que se han efectuado».
Amada Ponce afirmó que los grandes medios de comunicación, que antes tenían asignada una pauta publicitaria muy fuerte, están presionando al Gobierno. «Esa pauta, hacia mayo de este año, todavía no había sido asignada ni distribuida».
C-Libre ha denunciado que, en medio de toda esta polémica, los periodistas hondureños continúan siendo víctimas de toda una estructura de criminalidad organizada, narcotráfico y empresas extractivas, por lo que el nivel de alertas que C-Libre ha emitido este 2022 siguen teniendo la misma dimensión que en años anteriores.
«La mayoría de las agresiones cometidas en el gobierno anterior tenían que ver mucho con la protesta social que era reprimida por policiales y militares. No obstante, el año pasado solo registramos un asesinato, este año llevamos cinco», dijo Amada Ponce.
¿Se está gestando un nuevo Golpe de Estado?
El pasado 13 de octubre, la presidenta Xiomara Castro se reunió con su esposo y asesor Manuel Zelaya Rosales en Casa Presidencial, así como con una buena parte de los diputados de Libertad y Refundación (Libre).
Ese mismo día, varios funcionarios y activistas del Gobierno postearon en sus redes sociales que en Honduras se está gestando un golpe de Estado y se está emprendiendo un proceso de «desestabilización» contra el Gobierno de Xiomara Castro.
Contracorriente consultó al ministro Ricardo Salgado sobre la supuesta conspiración para un golpe de Estado, y este dijo que los golpes de Estado únicamente son posibles «si Estados Unidos está de acuerdo. No hay ni existe ninguna parte del mundo con golpes de Estado sin la participación de Estados Unidos, eso lo debemos tener claro», dijo.
«Esta es mi opinión personal, no es una posición gubernamental sobre el asunto, yo apuntaría a que Estados Unidos busca mantener una desestabilización, convencer a la gente que el Gobierno está mal y un día hacer una revolución de colores aquí», agregó el ministro de Planificación y Estrategia.
El canal Une Tv es uno de los medios que más ha resaltado la voz del actual gobierno, la pregunta anterior es una encuesta realizada en el canal y en las redes sociales en el marco de la polémica por el Acuerdo Ejecutivo. Uno de los socios de Une Tv en Honduras es el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Mauricio Ramos, un conocido miembro del Partido Libre; el otro socio es el alcalde del Distrito Central quien ganó las elecciones por el partido Libre, Jorge Aldana.
El doctor Edmundo Orellana Mercado, titular de la Secretario de Transparencia y Lucha Contra la (STLCC) y experto en derecho administrativo, dijo en el programa televisivo Frente a Frente que la creación de esta dirección general le parece innecesaria pues ejecuta tareas administrativas que se resuelven con una simple orden de la presidenta Xiomara Castro al ministro de prensa.
«No había necesidad de emitir un PCM. Lastimosamente aquí hay gente que considera que, si las cosas no se dicen a cierto nivel o se instrumentan en normas -que tienen casi fuerza de ley- entonces no funcionan», dijo Orellana.
Amada Ponce manifestó que, en medio de toda esta discusión, las limitaciones a la libertad de expresión continúan presentándose desde el Estado. «La violencia, lo que ocurre en los territorios, allá donde parece que no existe ningún cambio con las empresas mineras, con las zonas especiales de desarrollo, con las fiscalías que parecen tomar una relevancia aún mayor en temas de censura y, también, desde los actores ligados a la criminalidad en los territorios. Eso no ha cambiado en nada».
Amada agregó que las dinámicas que atentan contra la libertad de expresión están conectadas en la región centroamericana, pues a su juicio, las empresas transnacionales operan en Centroamérica con las mismas prácticas corruptas bajo los mismos intereses políticos de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
«Si pudiéramos poner un acento, la mayor preocupación en la región la observamos en Nicaragua en donde decenas, sino cientos de periodistas y líderes de voces críticas han tenido que salir del país y no pueden seguir viviendo en un régimen tan absolutorio, por eso, es importante este tipo de alertas porque la función de sociedad civil y de los periodistas es establecer pesos y contrapesos a un Estado que puede endulzarse con el poder», concluyó Ponce.