La oposición nicaragüense denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecuta un seguimiento meticuloso, levantamiento de información y amenazas contra disidentes políticos exiliados en Costa Rica, a través de la Embajada de Nicaragua en territorio costarricense, en conjunto con el Ejército del país.
Yefer Bravo, integrante de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), expuso ante el organismo que tienen información de que se trata de operativos de inteligencia realizadas por militares y paramilitares de la dictadura, y forman parte de la represión transnacional que mantiene el régimen desde 2018, pero se ha intensificado desde 2023.
“Daniel Ortega intensificó sus operaciones militares extraterritoriales, enviando aproximadamente 1 500 militares y paramilitares (fuera de Nicaragua), en su mayoría pertenecientes a la Dirección de la Información para la Defensa (DIF), el cual es un órgano de inteligencia del Ejército”, señaló Bravo ante la CIDH.
Según la UEN, el objetivo de estos grupos orteguistas es recoger información, acosar, fotografiar, amenazar, sobornar, extorsionar, dividir la oposición nicaragüense en Costa Rica y solicitar procesos de extradición de personas perseguidas políticas acusadas por el régimen de supuestos delitos comunes.
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La mayoría de las operaciones son “meticulosamente coordinadas” desde la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. También se reportan casos desde zonas fronterizas como Nicaragua, como el Cantón de La Cruz, Guanacaste, y en puntos estratégicos del área metropolitana de San José.
Los “tentáculos” del régimen Ortega-Murillo fuera de Nicaragua y la existencia de represión transicional contra nicaragüenses exiliados, principalmente en Costa Rica, también fueron expuestos en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esta Asamblea se aprobó la resolución Seguimiento de la Situación en Nicaragua, en el que se exhorta el cese a la persecución ideológica en el país.
Tolerancia de la comunidad internacional es “indecente”
La sociedad civil peticionaria ante la CIDH expuso que decenas de nicaragüenses refugiados han denunciado sufrir la “persecución trasnacional” en Costa Rica, pero las autoridades de este país han hecho caso omiso ante estas denuncias.
“El derecho de los refugiados que supuestamente es un marco legal sólido para proteger a personas refugiadas en el exilio, es precario. Y la tolerancia de la comunidad internacional frente a un régimen brutal ha sido inadecuada, desaprensiva y hasta indecente”, expresa Marvia Padilla, activista política y defensora de derechos humanos.
Según la defensora, el Estado costarricense ha adoptado una postura inerte ante los secuestros y agresiones sufridas por la población nicaragüense refugiada en el país vecino.
Se ejemplificó con el caso de Joao Ismael Maldonado Bermúdez, fundador de UEN y refugiado en Costa Rica, quien sufrió un atentado el 10 de enero de 2024 en San José por parte de personas aliadas al régimen Ortega-Murillo. De acuerdo con él y su organización se trató del segundo atentado contra él en territorio tico.
También se expuso el caso de Rodolfo Rojas Cordero, un opositor de 65 años que estaba exiliado en Costa Rica y fue encontrado muerto en Honduras el 28 de junio de 2022. Según Bravo y denuncias de la familia, Rojas fue asesinado por personas cercanas al régimen debido a su participación en las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
“Los organismos de derechos humanos de Nicaragua y la CIDH han recibido decenas de denuncias, como también solicitudes de medidas cautelares ordenadas a Costa Rica, por su inacción para protegernos. Sin embargo, el miedo ha hecho que muchas personas decidan no denunciar, y ha hecho que migren por segunda vez para salvaguardar su integridad física a un tercer país”, señala.
Opositores extraditados a Nicaragua
Por su parte, el abogado costarricense Daguer Hernández expuso que el Estado costarricense inició el proceso para extraditar a dos personas nicaragüenses, pese a ser reconocidos como disidentes políticos reconocidos. Según Daguer, Costa Rica violentó el principio de No Devolución, que contempla la imposibilidad de la extradición cuando existe el riesgo de torturas en el país de origen.
Los nicaragüenses afectados fueron Reynaldo Picado Miranda, quien fue concejal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Kukra Hill, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), en 2017; y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, un opositor campesino. Ambos son acusados por el régimen Ortega-Murillo de participar en un asalto y asesinar a dos personas el 1 de octubre de 2022.
Douglas Pérez ya fue extraditado a Nicaragua el pasado 15 de febrero de este año, pero Hernández asegura que el Estado costarricense no determinó el riesgo de tortura y la posible persecución política detrás de la acusación. “Se desconoce su paradero, su estado de salud o si se le ha seguido un juicio con garantías procesales”, señala el abogado.
La sociedad civil nicaragüense solicitó a la CIDH que el Estado de Costa Rica actúe en defensa de las personas refugiadas y tome acciones ante la represión transnacional.