A sus 41 años, Carlos —habitante de un barrio de Managua— sigue haciendo el trabajo al que se ha dedicado prácticamente toda su vida: conducir. La diferencia es que este año descubrió en inDrive una forma de hacerlo por cuenta propia. Desde entonces sale casi todos los días a buscar pasajeros y lo que gana con cada viaje se convertió en el principal sustento de su familia.
Sus ingresos, sin embargo, cambian de un día a otro. Hay jornadas en las que las solicitudes aparecen una detrás de otra y otras en las que pasa largos períodos conectado sin conseguir suficientes viajes. En esos días siente que la aplicación lo “castiga” y le envía menos solicitudes, aunque reconoce que no sabe cómo se decide qué viajes recibe cada conductor.
Las dudas de Carlos forman parte de una discusión que ya llegó a las leyes de varios países de América Latina. ¿Qué derechos tiene un trabajador cuando una aplicación influye en los viajes que recibe, sus ingresos o incluso su acceso a la plataforma? Las nuevas normas también empiezan a responder qué pasa con las horas que permanece conectado esperando trabajo y qué puede hacer cuando una decisión de la aplicación lo perjudica.
Carlos nunca se ha planteado esas preguntas como un asunto de derechos laborales. Mucho menos sabe que cuatro países latinoamericanos ya aprobaron normas específicas para responder al crecimiento de esta forma de empleo.
Cuatro países regulan un trabajo que gana terreno en Nicaragua
Chile, México, Uruguay y Colombia cuentan con legislaciones sobre trabajo mediante plataformas digitales, mientras otros países mantienen proyectos en discusión. Nicaragua no tiene una ley ni iniciativas identificadas sobre la materia, según Derechos y regulación del trabajo en plataformas en América Latina, un informe publicado en mayo de 2026 por la organización Derechos Digitales.
En Nicaragua, inDrive está presente desde octubre de 2019 y su expansión se aceleró a partir de 2024. No existen cifras oficiales sobre el número de conductores activos, pero trabajadores consultados por La Prensa estimaban en marzo de 2026 que más de 5000 motociclistas utilizaban la aplicación. El medio también reportó que durante 2025 la aplicación registraba entre 6000 y 7300 descargas semanales en el país.
A ellos se suman quienes reparten alimentos y otros productos mediante PedidosYa. La empresa mantiene una operación de repartidores en Nicaragua y actualmente ofrece el registro para trabajar como rider utilizando motocicleta y teléfono celular con conexión permanente a internet. Su propia plataforma de reclutamiento promociona ingresos de hasta 12 000 córdobas semanales.
Sin embargo, no existe una estadística pública que permita determinar cuántos nicaragüenses obtienen actualmente ingresos de estas plataformas y es un vacío que no es exclusivo de este país. Derechos Digitales advierte que América Latina carece de información pública que permita conocer la cifra real de personas involucradas en este tipo de trabajo.
Lo que la app decide por el trabajador
El caso de Carlos muestra que el tema va mucho más allá de definir si quienes conducen o reparten para una plataforma son empleados o trabajadores independientes. Cuando abre inDrive, puede decidir a qué hora conectarse y qué viajes aceptar, pero no controla buena parte de lo que ocurre detrás de la aplicación y qué influye en sus posibilidades de conseguir clientes.
En Nicaragua, además, los conductores se enfrentan a una situación particular. Mientras no existe una regulación específica sobre sus derechos laborales frente a las plataformas, sí han sido objeto de controles por prestar el servicio. En 2025, conductores de inDrive denunciaron operativos de la Policía de Tránsito y del Irtramma en Managua. Algunos aseguraron que funcionarios solicitaban viajes desde la aplicación y los inspeccionaban cuando llegaban al punto acordado.
Esos sistemas pueden determinar qué viajes o pedidos aparecen, evaluar el desempeño del trabajador, otorgar incentivos o aplicar penalizaciones. Las plataformas también recopilan información mientras se presta el servicio, aunque quienes trabajan para ellas pocas veces saben cómo se utilizan esos datos o qué peso tienen en las decisiones que terminan afectando su trabajo e ingresos.
El informe identifica precisamente la gestión algorítmica como uno de los principales desafíos que las nuevas legislaciones intentan enfrentar.
México obliga a las empresas a elaborar una política que explique, en lenguaje “sencillo y claro”, qué elementos utilizan sus algoritmos para adoptar decisiones que pueden afectar la relación laboral, entre ellas la asignación de tareas, la evaluación del desempeño, los incentivos y las penalizaciones.
La ley mexicana establece además que una decisión significativa, como restringir, suspender o cancelar el acceso de un trabajador a una plataforma, no puede quedar exclusivamente en manos de un sistema automatizado. Debe existir intervención humana y mecanismos para obtener explicaciones y reclamar.
Colombia incorporó un derecho parecido para trabajadores de reparto. Estos pueden solicitar una “revisión humana” cuando una decisión realizada o respaldada por un sistema automatizado afecta las condiciones en las que prestan el servicio.
Para Carlos, eso significaría tener una respuesta cuando la aplicación afecte su trabajo. Si recibe menos viajes, es penalizado o pierde acceso a la plataforma, podría conocer las razones y pedir que una persona revise la decisión.
Las horas que nadie cuenta
Hay otra parte del trabajo de Carlos que normalmente no aparece cuando calcula cuánto produjo durante el día. Es el tiempo que pasó sentado en el vehículo o circulando por Managua mientras esperaba que apareciera un viaje.
Si permanece ocho horas conectado pero solo durante cinco consigue pasajeros, ¿cuántas horas trabajó realmente? Ni siquiera los cuatro países que han legislado sobre estas plataformas han resuelto completamente ese problema.
Derechos Digitales encontró que ninguna de las normas analizadas reconoce de forma “clara e integral” el tiempo de espera, conexión o disponibilidad como tiempo de trabajo. La omisión puede trasladar al trabajador el costo de los períodos de baja demanda y reproducir “formas de subremuneración estructural”.
México, por ejemplo, considera el tiempo efectivamente trabajado, pero deja fuera los períodos durante los cuales la persona permanece conectada esperando una tarea. Chile avanzó por otra vía y reconoce a trabajadores independientes de plataformas un mínimo de doce horas continuas de desconexión diaria, durante las cuales no pueden ser sancionados por permanecer fuera de la aplicación.
La diferencia resulta importante en un modelo que suele promocionar la flexibilidad como una de sus principales ventajas. El trabajador puede escoger cuándo conectarse, pero sus ingresos continúan dependiendo de que haya demanda y de las oportunidades que reciba mientras está disponible.
Cuando una calificación puede afectar tu trabajo
Las estrellas y evaluaciones que aparecen después de un viaje o una entrega tampoco son un elemento menor. Con el tiempo construyen un historial que puede influir en las posibilidades de seguir obteniendo trabajo dentro de una plataforma.
Uruguay llevó esa discusión a su legislación y creó un concepto poco habitual en las leyes laborales tradicionales. Define la “reputación digital” como “capital privado y portable del trabajador”.
Eso significa que las evaluaciones y calificaciones acumuladas pertenecen a la persona trabajadora. La legislación uruguaya reconoce su derecho a acceder a esa información mientras utiliza la plataforma y hasta un año después de terminar el vínculo.
La misma ley obliga a las empresas a informar sobre los sistemas automatizados utilizados para controlar, supervisar o evaluar el desempeño y reconoce el derecho a recibir una explicación cuando una decisión automatizada tiene un impacto significativo sobre el trabajo.
Costa Rica lleva ventaja en Centroamérica
Costa Rica aparece entre los países que han llevado la discusión al terreno legislativo. El informe contabiliza siete proyectos presentados entre 2019 y enero de 2026 relacionados con el trabajo mediante plataformas digitales, cuatro de los cuales continuaban en trámite cuando se realizó el estudio. Nicaragua, Honduras y El Salvador aparecen sin legislación específica ni proyectos identificados.
A escala latinoamericana, el cambio comenzó con Chile en 2022. México incorporó posteriormente un capítulo específico a su Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor en junio de 2025. Uruguay aprobó su legislación en febrero de ese mismo año y Colombia incorporó disposiciones para trabajadores de plataformas de reparto mediante su reforma laboral de junio de 2025.
Las normas no son iguales ni garantizan que todos los trabajadores de aplicaciones sean reconocidos automáticamente como empleados. Ese es, de hecho, uno de los principales cuestionamientos de Derechos Digitales. Algunos modelos mantienen la posibilidad de clasificarlos como independientes, lo que puede dejar fuera parte de las protecciones laborales tradicionales.
El informe advierte que las categorías creadas para regular este trabajo han tendido a mantener esquemas diferenciados que permiten que continúen condiciones de informalidad y fortalecen el poder de las empresas para determinar la naturaleza de la relación laboral.
Tener una ley tampoco resuelve todo
Derechos Digitales reconoce las nuevas legislaciones como avances impulsados en buena medida por la organización de trabajadores de plataformas, pero advierte que aprobar una norma es apenas una parte del desafío.
Persisten vacíos sobre seguridad social, remuneraciones, fiscalización, protección de datos y herramientas de trabajo. Tampoco está claro si las instituciones encargadas de vigilar las relaciones laborales tienen los recursos y conocimientos necesarios para auditar sistemas automatizados utilizados por empresas tecnológicas transnacionales.
El estudio encontró poca atención al fortalecimiento institucional y no identificó medidas específicas suficientes sobre capacitación técnica, recursos o creación de unidades especializadas para supervisar algoritmos, sistemas automatizados y tratamiento de datos.
Para Carlos, esas discusiones todavía parecen lejanas. Lo inmediato sigue ocurriendo en la pantalla de su teléfono. Cada día vuelve a conectarse esperando que aparezcan suficientes viajes para cubrir combustible, gastos del vehículo y las necesidades de su familia.