En nombre del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Amnistía Internacional y la Asociación Memoria y Justicia y el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua, queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la situación del dirigente indígena Brooklyn Rivera, detenido desde septiembre de 2023 y mantenido 971 días en desaparición forzada. Su reaparición en un estado de salud gravísimo no es un hecho aislado ni accidental: es la consecuencia directa de decisiones y omisiones del Estado de Nicaragua, que tenía la obligación absoluta de proteger su vida e integridad.

La desaparición forzada es una de las violaciones más graves del derecho internacional. Cuando el Estado detiene a una persona, asume un deber reforzado de cuidado. Cuando ese mismo Estado oculta su paradero, niega información a su familia, impide el acceso a defensa, y además no garantiza atención médica básica, está incumpliendo de manera deliberada sus obligaciones más esenciales. Y cuando estas prácticas se aplican de forma sistemática contra opositores, líderes comunitarios y voces críticas, se configuran crímenes de lesa humanidad.

De modo que, obligatoriamente, el deterioro extremo de la salud de Brooklyn Rivera es responsabilidad del Estado. Las enfermedades que hoy lo ponen en riesgo pudieron y debieron ser tratadas. La falta de atención médica, la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención no son errores administrativos: son parte de un patrón de represión que afecta a decenas de personas que continúan desaparecidas bajo custodia del Estado.

Queremos expresar nuestra solidaridad con la familia de Brooklyn Rivera, con las comunidades indígenas que hoy reclaman justicia, y con las familias de todas las personas detenidas por motivos políticos que siguen sin información sobre sus seres queridos: 

• Con la familia de Víctor Boitano detenido en abril de 2024.
• Carlos Brenes y Salvadora Martínez detenidos en agosto de 2025.
• Larry Martinez en Agosto de 2025.
• Steadman Fagot en agosto de 2024. 
• Eddy Gonzalez en julio 2024. 
• Douglas Alvarez en febrero de 2024. 
• Ricardo Mendoza en enero de 2026.

Pero además de los muchos desaparecidos en anonimato. Su sufrimiento también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control. 

Lo ocurrido con Rivera es un recordatorio urgente de que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto de las obligaciones básicas en materia de derechos humanos. La vida de quienes siguen detenidos depende de ello.