Diversas organizaciones de la sociedad civil han identificado al menos tres patrones de desaparición forzada de “corta duración” en el repertorio del régimen del presidente Nayib Bukele. Así lo demuestra el análisis titulado “Aportes para el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (WGEID) de Naciones Unidas sobre las desapariciones de corta duración”, que revela casos en los que se manifiestan dichas acciones represivas a lo largo del régimen de excepción impuesto por Bukele el 27 de marzo de 2022.
Desde entonces, policías y militares salvadoreños han llevado a cabo “detenciones masivas e indiscriminadas de personas”, que ascienden a las 71,100 personas detenidas. “Esta situación se ve agravada por la práctica y/o política ‘de hecho’ de la Policía y las autoridades penitenciarias de negar toda información sobre el estado de las personas detenidas a sus familiares o personas defensoras. Tampoco existe un registro inmediato de personas detenidas, ni control judicial de las detenciones”.
Las autoridades, amparadas por un régimen de excepción que la Asamblea Legislativa –controlada por el oficialismo– ha avalado periodo tras periodo, han ejecutado un patrón de desapariciones forzadas breves que, según las organizaciones de la sociedad civil, violan los derechos humanos. La investigación arroja al menos tres fases, que han sido analizadas con casos concretos.
Patrón de desaparición A
El estudio de casos identifica en ese patrón a personas que son capturadas por la policía o militares, en aplicación del estado de excepción, “en lugares públicos, en presencia de testigos”. Tras ello, las familias de los detenidos se trasladan distintos centros policiales con el fin de solicitar información, la cual es negada. Las autoridades suelen afirmar que no existe tal detención y niegan el paradero de la persona detenida. “Tras varias semanas o meses, y luego de mucha insistencia con la policía, los familiares reciben alguna información que les permite encontrar a la persona detenida en un centro penitenciario”.
Recibe nuestro boletín semanal
Dicho patrón es visible en los casos de Héctor González y Karla García. González, según el testimonio que se menciona en el análisis, fue detenido el 27 de mayo de 2022 junto con su sobrino en su casa ubicada en Nueva Lourdes, municipio de Colón, La Libertad. “Según sus familiares la policía detuvo a Héctor acusado del delito de agrupaciones ilícitas, por haber sido acusado de su supuesta pertenencia a pandillas a través de una llamada anónima, situación que no es cierta”.
“Los testigos narraron que el día de la detención, la hermana de Héctor acudió a diferentes delegaciones policiales para conocer su paradero, sin embargo, le negaron la información. Horas después de la detención, en otra delegación policial le informaron que Héctor había sido trasladado al centro de detención ‘El Penalito’, en San Salvador. En ese lugar, tampoco le brindaron información sobre su hermano”, detalla la publicación.
Finalmente, en agosto de 2022, a través de medios de comunicación, los familiares de Héctor conocieron que había sido trasladado al penal de Mariona, al que acudieron para conocer si en ese lugar se encontraba recluido.
Patrón de desaparición B y C
El segundo patrón de desaparición identificado por las organizaciones de la sociedad civil es similar al primero, con la diferencia que, tras varias semanas o meses, y pese a la insistencia de familiares y a la interposición de habeas corpus, “los familiares no tienen ninguna noticia de la persona detenida”. Este parece ser el patrón más frecuente según las denuncias recibidas en las organizaciones suscriptoras de este documento, remarcan.
Por último, el tercer patrón es uno de los más graves y brutales que se han identificado durante el régimen de excepción. Las detenciones suelen suceder en circunstancias parecidas a los primeros dos patrones. “Posteriormente la familia no tiene ninguna otra información oficial ni comunicación con la persona detenida, y tras varios meses de buscar nuevamente a su ser querido, se dan cuenta a través del Instituto de Medicina Legal (IML) o por personas particulares, como por ejemplo una empresa funeraria, que su familiar falleció en el centro penal. Muchas de estas personas son enterradas en fosas comunes, antes de que sus familiares se enteren de su muerte”, explicó el informe.
Como ejemplo se detallan tres casos que reflejan la gravedad de este último apartado de desaparición forzada bajo el régimen de excepción de Bukele. Henry Joya, Rafael López y Noelia García son casos que cumplen con las características de este modelo.