El el abogado José Evenor Taboada, presidente de la Fundación Teletón, continúa desaparecido desde su detención desde el pasado cinco de marzo. Sus allegados no tienen información de su paradero y en las cárceles de Nicaragua no sólo les niegan información sobre él, sino que reciben los medicamentos que este hombre de 78 años necesita tomar a diario.
Aunque fuentes sugirieron que Taboada fue desterrado a Miami, nunca llegó a Estados Unidos. Aunque no se sabe a ciencia cierta la razón por la que la dictadura arremetió contra Teletón y su presidente, las fuentes consultadas coinciden que fue porque la organización no solicitó permiso para convocar a su recaudación de fondos, que esta vez iba a ser únicamente callejera y no un evento de calado nacional como en años anteriores: una jornada televisada y repleta de artistas nacionales e internacionales.
Aunque el régimen ya ha cancelado personerías jurídicas de otras organizaciones ídem, como Operación Sonrisa por ejemplo, Teletón no ha sido afectada hasta ahora por la guillotina de oenegés del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, la Fundación Teletón ya ha enfrentado presiones significativas por parte del régimen Ortega-Murillo: En junio de 2022, el régimen confiscó sus oficinas en Managua, las cuales habían sido donadas por el Movimiento María Elena Cuadra tras la disolución de este último.
La mañana de este cinco de marzo en la sede de Teletón, en Altamira, medios de comunicación como La Prensa reportaron la presencia de agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
En un comunicado difundido previo al destierro de Taboada, la Junta Directiva de la Fundación Teletón informó “a la población nicaragüense que, por motivos de fuerza mayor, el evento de recaudación programado para este jueves 06 de marzo queda suspendido. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a esta noble causa, su solidaridad con las personas con discapacidad”.
Desde su fundación hace 25 años, Teletón Nicaragua ha brindado atención a más de 1.2 millones de menores de edad con discapacidad. Actualmente, la fundación opera tres Centros Regionales Teletón ubicados en Chinandega, Juigalpa (Chontales) y Ocotal (Nueva Segovia). Estos centros ofrecen atenciones gratuitas y especializadas a más de 11,000 familias nicaragüenses.
Hasta la publicación de este artículo, el régimen sandinista no ha dicho nada sobre el destierro de Taboada y la ocupación policial de la oficina de Fundación Teletón. En la vorágine de cierres de oenegés que los Ortega-Murillo mantienen desde 2018, no es la primera vez que una organización caritativa ha sido guillotinada. Por ejemplo, en marzo de 2022 el Gobierno canceló la personería jurídica de Operación Sonrisa, una organización que ofrecía cirugías gratuitas para corregir malformaciones como labio leporino y paladar hendido a la niñez. O también el caso de la Cruz Roja, aniquilada en mayo de 2023, cuando el régimen matrimonial ordenó luego crear una nueva entidad adscrita al Ministerio de Salud (MINSA).
Taboada fue abogado de Wang Jing
José Evenor Taboada es abogado con más de 50 años de experiencia en los sectores de banca, finanzas, telecomunicaciones, minería y comercio minorista. En 2013 la firma del jurista, Taboada & Asociados, estuvo involucrada en la creación de la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI), entidad vinculada al proyecto del canal. Es decir que representó legalmente al empresario chino Wang Jing, principal inversor del proyecto.
Durante este proceso, Taboada invocó la confidencialidad de su cliente al ser consultado sobre detalles específicos del proyecto. Declaró que su firma fue contratada por un bufete estadounidense de renombre, Kirkland & Ellis, para representar los intereses de Wang Jing en Nicaragua. Según sus propias palabras, Taboada afirmó no conocer personalmente a Wang Jing, habiendo visto al empresario solo en fotografías y medios de comunicación.
La estructura corporativa relacionada con el proyecto del canal incluía múltiples entidades registradas en jurisdicciones como las Islas Caimán, Hong Kong, los Países Bajos y China, difuminando las responsabilidades legales.