El reciente diálogo nacional convocado por el sandinismo es una estrategia que busca obtener el reconocimiento de unas elecciones ilegítimas y sin competencia, participar de este encuentro solo serviría a beneficio de los Ortega-Murillo, consideran analistas.
“El objetivo del diálogo sería obtener el reconocimiento del orteguismo con Ortega para el 2022-2026”, dijo Óscar René Vargas. Según el sociólogo, el régimen sandinista se aprovecha de los beneficios que su gobierno brinda al sector empresarial “para legitimarse”. A su juicio, “los poderes fácticos no quieren derrocar a Ortega, quieren negociar cuotas de poder, interesados solamente en las ganancias transformándose, en los hechos, en cómplices del poder dictatorial”.
En el desarrollo de dicho encuentro “se espera que se fusionen lo que diga Ortega y lo que diga el gran capital”, pero no habrá divulgación de información de los acuerdos y los temas abordados y “no podremos saber qué es lo que dijo cada uno”. En este nuevo “diálogo” Vargas no visiona la participación de la Iglesia Católica, pues considera se mantendrá al margen de las negociaciones. Por su parte, el analista Enrique Sáenz asegura que se trata “de un pacto fraudulento para mantenerse en el poder”.
Desde el punto de vista de la socióloga Elvira Cuadra señala que “ese anuncio sobre un diálogo es un intento de recomponer sus alianzas de carácter estratégico para la continuidad de su proyecto político, familiar” tras el daño provocado después de la prolongada crisis sociopolítica que inició en 2018.
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Para ella, es bastante probable que se construya un nuevo consenso a base de “recursos de chantaje o extorsión que se utilizan de parte del gobierno”. No obstante, “el modelo se rompió en 2018 y ya no tiene mayores posibilidades de futuro, sería una alianza de corto plazo y no va a darle muchos créditos al sector empresarial”.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez anunció este martes la apertura del régimen Ortega-Murillo a un nuevo diálogo nacional con el sector empresarial, tras las elecciones sin competencia del próximo siete de noviembre. El manifiesto fue realizado en una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional. “Ahora si el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo bienvenido sea”, dijo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
“Ya lo dijo el presidente Ortega, después que el pueblo reafirme este próximo siete de noviembre que va a continuar gobernando en este país… se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos”, añadió. El discurso del diputado oficialista está en sintonía con el guiño que realizó Daniel Ortega al sector empresarial el pasado cuatro de octubre durante una aparición pública en conmemoración a Benjamín Zeledón. “Nunca se había dado ese tipo de entendimiento y que durara tanto tiempo, 11 años, fíjense”, dijo el mandatario.
Ortega mantuvo un consenso con el “gran empresariado” durante 11 años hasta abril de 2018, cuando el gremio empresarial se unió al clamor de la población que protestaba en las calles demandando el cese de la represión. “Tenemos que apelar a aquellos hermanos que puedan estar en una posición de que, bueno, se dejan presionar por los que amenazan, por los que agreden, y decirles: bueno, aquí el camino, y está demostrado, el camino ya trazado, ese camino que de repente se vio dañado en el 2018, bueno, ese camino ya está nuevamente encarrilado”, añadió.
Ante ese escenario de ilegitimidad, Ortega buscará cómo recomponer su imagen a nivel internacional y legitimarse de alguna manera después de las elecciones, opinó el académico nicaragüense Ernesto Medina, exmiembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo en dos fallidas negociaciones con las que se buscaba una salida a la crisis que estalló en abril de 2018.
De lo contrario, advirtió Medina, la crisis de Nicaragua “se va a seguir profundizando y todo apuntaría a que más temprano que tarde el país va a entrar en una crisis muy profunda donde el gran perdedor terminará siendo Daniel Ortega”. Por tanto, para el académico, es posible que Ortega libere a los “presos políticos” de forma gradual tras las elecciones, flexibilice algunas leyes catalogadas de represivas, y convoque a un nuevo diálogo, todo con el fin que su nuevo Gobierno tenga legitimidad.
¿La estrategia de Ortega?
Para la también nicaragüense Gema Santamaría, investigadora Marie Curie del Instituto de Estudios Avanzados de Friburgo (Alemania), sería deseable que se crearan canales de diálogos y de negociación en Nicaragua, sin embargo alertó que esa pueda ser la estrategia que ha seguido Ortega con el arresto de una treintena de opositores y de no garantizar elecciones libres.
“Mi única preocupación es que esto (un diálogo) justamente permita legitimar al Gobierno de Ortega y que entonces la oposición sea paralizada y no haya una promesa ni una ruta clara para desmantelar el aparato represor que se ha institucionalizado a través de leyes”, indicó.
Para Santamaría, el gran reto sería cómo lograr que una apertura a un diálogo “no sirva simplemente de nuevo para legitimar al Gobierno Ortega-Murillo, y por otro lado paralizar a la oposición”. El otro reto, a su juicio, es que la oposición nicaragüense logre superar sus diferencias y divisiones, escuche a la sociedad civil, esté a la altura de las circunstancias, y retome el espíritu que llevaron a miles a manifestarse en contra del Gobierno de Ortega en abril de 2018.
En tanto, la directora del Programa para América Latina de Wilson Center, Cynthia Arnson, observó que Latinoamérica está “fragmentada” en relación a la crisis que vive Nicaragua, debido a que cada país está enfocado en su situación interna y en enfrentar la pandemia de la covid-19.
“La región, en general, ha guardado silencio en relación a la situación de Nicaragua”, anotó Arnson, quien auguró declaraciones de condena tras las comicios en Nicaragua, sin obtener los resultados deseados.
Vaticinó que tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) mantendrán la presión y las sanciones contra los allegados a Ortega, incluida su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pero descartó que Nicaragua sea expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Recordó que cuando Honduras fue suspendida de la OEA, en junio de 2009, la delincuencia organizada se instaló de manera muy importante en ese país.
Además, dijo que EE.UU., Canadá y la UE no son los únicos actores en el mundo, y Nicaragua puede recurrir a aliados como Rusia, Irán e incluso romper relaciones con Taiwán y restablecerlas con China. Mayores sanciones a Nicaragua pueden provocar un efecto negativo a Occidente en el tema migratorio, y si es expulsado de la OEA “puede tener consecuencias con la delincuencia organizada”, argumentó, por su lado, el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda.
Ortega se encamina a una tercera reelección consecutiva en unas elecciones generales sin competencia, con los principales precandidatos opositores capturados, la cancelación de tres organizaciones políticas “sospechosas de ser rivales” y partidos políticos señalados de colaboracionismo con el régimen.
De acuerdo a Sáenz, en este año electoral Ortega-Murillo también “impuso un cerco legal” de leyes represivas y transformó la Ley Electoral en “un estatuto coercitivo más”, después impuso a los miembros del Poder Electoral “todos fieles personalmente a su figura, controla la estructura electoral, ha declarado de hecho a las alianzas opositoras y el dirigente opositor o miembro de esas estructuras que no está preso, está perseguido o en el exilio”. De modo que, “no estamos hablando de unas elecciones sino de una pantomima”, aseguró el analista.
Además, el Consejo Supremo Electoral (CSE) realizó el nombramiento de “acompañantes electorales” a cinco políticos internacionales de poca trayectoria y con afinidad al gobierno sandinista, según el Observatorio Urnas Abiertas, en un intento de validar el proceso señalado de ilegítimo y no cumplir con la legislación nacional e internacional por organizaciones opositoras. “Contraviniendo las resoluciones de la OEA, la dictadura Ortega-Murillo impuso una contrarreforma electoral contraria a cualquier apertura del proceso democrático, resultando en mayores restricciones y opacidad del ya viciado sistema electoral”, manifestaron organizaciones recientemente desde Costa Rica.